El canje de la deuda en títulos públicos de Tucumán depara algunas sorpresas. A 27 meses de haberse declarado el default transitorio de la serie externa de los títulos de la deuda pública (Eurobonos), lentamente van identificándose los acreedores de la provincia. En ese contexto, en los últimos días trascendió que Santa Cruz, la provincia que gobernó el presidente Néstor Kirchner, figura en la lista de inversores institucionales que reclaman la regularización del pago de la deuda vencida de Tucumán.
Si bien al comparar con otras deudas, su monto no es significativo (se habla de una inversión cercana a U$S 1,5 millón), las llamadas telefónicas son incesantes entre el Ministerio de Economía santacruceño y el de Tucumán. Particularmente, al Gobierno del distrito del sur del país le interesa saber las condiciones del canje de los Eurobonos -que habrían sido adquiridos con excedentes financieros, producto de las regalías petroleras- por los Consadep. Estos últimos documentos se pagarán a un plazo de 16 años. Pero lo que más les preocupa a las autoridades santacruceñas es el porcentaje de la quita para la conversión de un título a otro y en el que el Estado tucumano sólo reconocería hasta un 60% del total invertido por los acreedores, en pesos y a largo plazo, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
En otras palabras, a los inversores que confiaron en la provincia sólo les queda una alternativa: comenzar a generar rentabilidad con otro título provincial y sacar de sus balances a un instrumento dolarizado con valor cero, por efecto de un amparo que presentó el Estado ante la Justicia para interrumpir el pago de los vencimientos.
De los U$S 200 millones emitidos el 22 de agosto de 1997 durante la gestión de Antonio Bussi, aún quedan por saldar unos U$S 42 millones (valor nominal). La otra tanda por igual monto y de circulación nacional ingresó al canje de la deuda promovido por el Gobierno federal. Ese saldo es el último eslabón que le queda a Tucumán por reestructurar para que el peso del endeudamiento, que supera los $ 3.100 millones, no impacte con fuerza en las finanzas públicas provinciales de corto plazo.
Experiencias nacionales
Así como el canje de la deuda externa le significó al país el cumplimiento de una serie de requisitos para reinsertarse como país creíble en el contexto económico internacional, también la reestructuración de la deuda pública tucumana requiere de algunos pasos previos antes de declarar públicamente la salida del default.
Técnicamente, la Provincia puede ser reconocida como un Estado elegible para las inversiones si es que el canje supera la aceptación del 80% del total de los bonistas. Hasta ahora, sólo el 30% de los acreedores se adhirió al sistema de conversión de los Eurobonos por Consadep. En los próximos días, el Ministerio de Economía daría un salto mayor con la firma del acuerdo con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esas entidades tienen en su poder más del 30% de los Eurobonos en default. Pero este proceso podría cerrarse en junio si es que el Poder Ejecutivo logra identificar al resto de los acreedores.
En definitiva, la salida del default, por parte de Tucumán, puede generar una mayor previsibilidad al Estado sobre su manejo financiero. En otros términos, todo dependerá de la conducta fiscal de la administración que encabeza el gobernador José Alperovich para demostrar que la provincia tiene capacidad de repago de su deuda. Y en este terreno juega otro aspecto fundamental: la credibilidad. Sólo en ese contexto Tucumán puede aspirar a ser tenido en cuenta, por la comunidad financiera, como un Estado que cambió el rumbo económico y que allanó el terreno para la llegada de nuevas inversiones, en un marco de seguridad jurídica.
