El gasto público sin control

Tras una investigación judicial de seis meses, el juez federal Daniel Rafecas ha requerido al Congreso de la Nación que los fondos de gastos reservados se limiten a los sectores de inteligencia y seguridad. La solicitud del magistrado fue dirigida al presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia, senador Mario Daniele, con carácter de sugerencia, y propone la derogación de las normas secretas dictadas por gobiernos de facto en 1956 y 1969, con diferentes fines de la ley de inteligencia nacional, 25.520, en vigencia desde diciembre de 2001.
El juez señaló en su comunicación que la circunstancia apuntada permitió que, entre 1988 y 2001, 13 organismos de los poderes Ejecutivo y Legislativo no rindieran cuentas sobre gastos por $ 4.100 millones que no guardaron relación alguna con asuntos de seguridad o de inteligencia. La solicitud del juez Rafecas se conoció mientras ex funcionarios del gobierno nacional de los años 90 polemizan entre sí por la percepción sin control de elevados sobresueldos oficiales por $ 466 millones, al amparo de una de aquellas normas de facto secretas. Si bien no se trata de una exigencia del magistrado, que no correspondería, el contenido de la comunicación al organismo parlamentario denota una inquietud fundada en la oscuridad de esos gastos secretos de fondos públicos que "violentan el principio republicano de transparencia y publicidad de los actos de gobierno y posibilitan en gran medida actos de corrupción". La actitud del juez ha sido elogiable y evidencia una preocupación ética y profesional que contribuye, por cierto, a mejorar la imagen de un sistema judicial afectado ante la sociedad por las conductas que una minoría significativa de sus miembros ha observado en graves circunstancias de la crisis.
El nivel de corrupción que dichos gastos secretos con fondos públicos sin control implican, se agrava cuando se advierte que constituyen una modalidad del poder, hasta el punto de coexistir con tiempos en los que la pobreza y la indigencia han dejado marcas sin precedentes en nuestra estructura social. Por otra parte, ese sistema perverso es heredero de regímenes autoritarios cuyas normativas perduran como herramientas clientelísticas de gobiernos constitucionales, que ostentosamente prometieron poner fin a lo peor del pasado.
"La Argentina carece de una cultura de control", ha manifestado, por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, después de señalar que el ente auditó la forma en que se gastaron los presupuestos desde 1994 y que ninguno de los informes correspondientes fue tratado por el Congreso. Esto significa que esas erogaciones no se aprobaron hasta el presente, con lo que se eludió una exigencia constitucional.
Los ejemplos no terminan ahí, pues el titular de la AGN abunda en ellos, y demuestra que es del todo posible lograr una ley mediante un lobby o grupo de interés, pero bastante difícil hacer que sus controles funcionen. Y en esa desidia o incapacidad resulta factible el escaso poder del Estado para ejercer eficientemente sus funciones.
La Auditoría presentó tiempo atrás en el Congreso un proyecto para ampliar sus facultades de control, pero el tratamiento sigue en espera, a pesar de las urgencias señaladas en sus consideraciones y mientras el problema es mucho mayor que en 1995, cuando se creó el organismo. Es así también que si, por distintos motivos, el magistrado y el titular de la AGN denuncian parecidas inquietudes republicanas, puede observarse en cambio el silencio indiferente que sobre tan graves cuestiones mantienen los más decisivos protagonistas de la escena preelectoral.