Proyecto para trasladar al personal estatal

El vencimiento de la tregua acordada con los gremios estatales hasta el sábado no es el único frente de tormenta que tiene el Gobierno.
Diez legisladores justicialistas impulsan un proyecto de ley para facultar a las autoridades de los tres poderes públicos a trasladar personal a otras reparticiones, pero con el consentimiento expreso del agente involucrado. La norma intentaría, según los legisladores, cubrir un vacío legal, pero reinstalaría una polémica que enfrentó al Gobierno con la Cámara a comienzos del año pasado.
El gobernador José Alperovich siempre pretendió tener la facultad para trasladar de oficina a los empleados públicos. El 3 de octubre de 2003, antes de su asunción en la Casa de Gobierno, la Legislatura había aprobado una modificación a la Ley 7.155, por la que se autorizaba a realizar las transferencias sin el consentimiento del agente involucrado. La norma venció el 31 de diciembre de ese año, pero el titular del PE la prorrogó por un decreto de necesidad y urgencia.
El 21 de enero de 2004, la Legislatura rechazó ese decreto y modificó la ley para introducir la condición expresa de que los traslados de repartición cuenten con el aval del trabajador. Alperovich replicó que no había que ser "blanditos" para cambiar el Estado y vetó la ley.
Ahora, los parlamentarios peronistas vuelven a la carga. La propuesta fue elaborada por el legislador José Alberto Cúneo Vergés y lleva la firma de sus compañeros de bancada Sisto Terán, Marta Zurita, Rodolfo Ocaranza, Angélica Manzanedo, Paula Khoder, Sergio Miranda, Regino Amado y Raúl Hadla.
El proyecto faculta a las autoridades superiores de los tres poderes del Estado a efectuar transferencias o traslados de personal entre los distintos organismos. El personal de las comunas rurales está contemplado expresamente, al igual que la condición de que el cambio no debe afectar la retribución, el cargo ni la categoría del agente.
El artículo cuatro establece que en ningún caso los traslados o transferencias podrán realizarse sin el consentimiento del trabajador. Los legisladores argumentan que este punto quedó sin regulación tras el veto firmado por el gobernador. En los fundamentos del proyecto que ingresó a la Legislatura el 21 de marzo se sostiene que la norma permitirá encarar el reordenamiento de cada repartición pública y de su presupuesto. Se menciona, además, que se evitarán adscripciones y comisiones por largos períodos y que se podrá planificar sin la imprevisión que generan los cambios anuales en el personal.
Los gremios estatales siempre resistieron los proyectos de modificar la situación de los empleados públicos. Legisladores justicialistas consultados por LA GACETA descartaron que se puedan reavivar los reclamos, pero el proyecto podría alterar la negociaciones que el Gobierno llevará adelante con los sindicalistas para prorrogar el acuerdo por el que se frenaron las protestas en la administración pública desde el año pasado.