Los 18 meses que José Alperovich cumplirá mañana como gobernador son, también, el lapso que le llevó dar a conocer que hay dos modelos de provincia. Según indicó, uno es representado por Julio Miranda, Ramón Ortega y compañía. El otro, dijo, es encarnado por él y el vicegobernador Fernando Juri, junto a sus colaboradores, quienes, como ellos, fueron funcionarios de los dos vilipendiados ex mandatarios. Este dato no es una ironía. Por el contrario, contesta aquella pregunta formulada el 29 de octubre de 2003, referida a cómo iba a ser la relación del mandatario con el PJ. "Ninguneando" al mismísimo presidente de ese movimiento, Alperovich está diciendo que le va muy bien. Y, aunque les pese a los "disidentes", la realidad enseña que no le ha ido mal.
Basta advertir que, antes de consumir la mitad de su gestión, el mandatario consiguió habilitar la modificación parcial de la Constitución, en el plano público. Y en el interno, también asestó una reforma: la de la carta orgánica del justicialismo, que le permite a su esposa, Beatriz Rojkés, ser candidata de esa agrupación, a pesar de no contar con dos años de antigüedad como afiliada.
El esquema demuestra que el jefe del Poder Ejecutivo no desconoce la naturaleza del justicialismo, al que a estas alturas puede considerarse -antes que una ideología- como una forma de ejercer el poder. Para muestra, entre el peronismo estatista de Juan Perón y el peronismo privatista de Carlos Menem no hay nadie rasgándose las vestiduras. Hoy, Alperovich consolida un Estado grande, con un presupuesto que supera los $ 2.000 millones, pero para nada protector.
Es así como el mandatario centró su poder político en una alianza con Juri y, de manejar la mayoría simple del congreso provincial del PJ, ahora comparte el dominio de los dos tercios. Con este mismo concepto se lanzó a la caza de los intendentes y de los delegados comunales, ansiosos por gozar de un lugar en la sombra oficialista. Ellos no tuvieron reparos doctrinarios en que el ex radical, y su gabinete de pocos "compañeros", avanzara sobre el territorio peronista.
Pero no fue sólo el pragmatismo "pejotista" el que ayudó a Alperovich en este trecho. Hubo otros tres elementos clave. Uno fue el fenomenal desprestigio con el que Miranda dejó la gobernación. Otro, el monumental flujo de fondos que esta administración maneja desde hace 18 meses, por la suba de la coparticipación federal y el aumento de la recaudación local. El tercero es el quiebre del PJ nacional, cuyo descabezamiento beneficia también al presidente Néstor Kirchner.
El default interno
La contracara de la bonanza política oficialista es la insuficiente calidad institucional. Pasado un año y medio, esta gestión podrá decir -polémicas aparte- que hubo mejoras en servicios públicos, como la salud y la educación. Pero la transparencia no aparece a los ojos tucumanos todo lo traslúcida que debiera.El Consejo Asesor de la Magistratura fue suplantado por la elección a dedo de los jueces. En los hechos, además, Alperovich ejerce como intendente de la capital y de la acéfala Banda del Río Salí, y como delegado comunal de la intervenida Santa Rosa de Leales. Tampoco fueron consecuentes con el fortalecimiento institucional los escándalos relacionados con el manejo de fondos públicos, como los casos "Macías" e "Ibri", y la frustrada compra directa de guardapolvos. Qué decir del respaldo a los delegados comunales que se beneficiaban con planes sociales para desocupados, o el abrazo a José Fernando Orellana a escasas horas de que el Tribunal de Cuentas denunció irregularidades administrativas en la intendencia de Famaillá.
La órbita de lo "trucho", reservada hasta hace poco al transporte público, se vio ensanchada con certificados docentes. Hay una "provincia ilegal", que nadie se empeña seriamente en eliminar.En su plataforma electoral, Alperovich prometió crear una unidad centralizada de control, que verificaría el cumplimiento del plan de gobierno y el desempeño de los funcionarios. (LA GACETA, 20/04/03) La equiparaba a una auditoría general de la provincia... que nunca llegó. En el default de la calidad institucional, cada tucumano es un desprotegido acreedor.
