¿Tucumán se transforma en un centro de acopio de drogas?

El incremento del secuestro de drogas en la provincia robustece esta teoría. Un efecto de la extensión narco que se desarrolla en el NOA.

UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS. En noviembre pasado, en el marco del Operativo Lapacho, la Policía secuestró más de 100 kilos de marihuana que eran transportadas a la provincia. UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS. En noviembre pasado, en el marco del Operativo Lapacho, la Policía secuestró más de 100 kilos de marihuana que eran transportadas a la provincia.

En la noche de Reyes, personal de la comisaría de Lastenia se presentó en un taller de Villa Luján para buscar armas de fuego en el marco de una causa por amenazas. Sin embargo, los efectivos terminaron encontrando 146 kilos de marihuana, un secuestro récord para un procedimiento realizado en la capital tucumana. Ese decomiso alimentó una sospecha que surgió el año pasado: la provincia podría estar transformándose en un centro de acopio de drogas.

La cantidad de estupefacientes secuestrados durante 2025 también refuerza esa hipótesis. En total, según los registros elaborados por LA GACETA a partir de informes difundidos por las fuerzas de seguridad, se incautaron 1.124 kilos de cocaína, casi un 400% más que en 2024. El mayor salto, como ocurrió a nivel regional, se dio con la marihuana: fueron decomisados 895 kilos, lo que representa un aumento superior al 1.500% en comparación con el año anterior.

Además, se incrementó la droga incautada en otras jurisdicciones cuyo destino final era Tucumán. De 248 kilos de cocaína secuestrados se pasó a 491 kilos. También hubo un fuerte aumento en el decomiso de cannabis: los registros indican que de siete kilos se ascendió a 42. No obstante, estos números podrían ser aún mayores, ya que existen envíos cuyos puntos de entrega se mantienen bajo reserva por estar sujetos a investigaciones en curso.

“Esa teoría es una posibilidad, pero de todos modos estamos trabajando para evitar que ello ocurra. El aumento de droga incautada se debe fundamentalmente a que se incrementaron los procedimientos en los puestos fronterizos”, aseguró el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib. “No menos importante es destacar que existe una decisión política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo para perseguir penalmente a las personas vinculadas a esta actividad ilícita. Personas que durante años fueron mencionadas por sus nexos con el narcotráfico hoy están tras las rejas. Incluso se investigó a funcionarios, como ocurrió en el municipio de Alberdi”, añadió.

Sobre rutas

En materia de narcotráfico, el análisis estadístico resulta clave para dimensionar el problema. El primer dato relevante es que, de las dos toneladas de drogas secuestradas en la provincia, unos 1.360 kilos provinieron de distintos puntos de Salta. Se desconoce el origen de otros 504 kilos y el resto habría llegado desde Jujuy. “Evidentemente hay fallas en los controles fronterizos. Aquí hay una lógica: si la droga logra atravesar esa barrera, luego es mucho más difícil detectarla en otros puntos. Hay que tener en cuenta que Tucumán, con el Operativo Lapacho, es la única provincia que tiene controles permanentes en sus límites”, explicó Dib.

¿Tucumán se transforma en un centro de acopio de drogas?

Otro aspecto clave es el destino de los estupefacientes incautados. De los 1.124 kilos de cocaína decomisados en 2025 en territorio tucumano, 1.071 habrían quedado en la provincia. En el caso de la marihuana, se detectaron 895 kilos, de los cuales 530 tenían como destino final Tucumán. En 2024, en cambio, se habían trasladado alrededor de 300 kilos de cocaína y 51 de cannabis. Para los especialistas, la provincia dejó de ser sólo un lugar de paso y comenzó a ocupar un rol más relevante en el mapa narco del NOA. Sospechan que aquí se estarían almacenando grandes volúmenes de droga para su posterior distribución a otras provincias.

Las rutas utilizadas por los traficantes también cambiaron en los últimos años. Tucumán está atravesado por tres corredores principales: la llamada Ruta de los Valles -integrada por la nacional 40 y otras vías que se conectan con ella, como la 307 y la 38- en el oeste; la ruta 9 en el centro; y la 34 en el este. Los narcos también hacen inteligencia criminal, y eso queda reflejado en las estadísticas.

Por ejemplo, la Ruta de los Valles es el corredor con menor nivel de control, ya que sólo cuenta con un puesto fijo en Colalao del Valle, a cargo de la Policía de Tucumán en el marco del Operativo Lapacho. En ese trayecto se registró el mayor aumento en los secuestros de drogas durante el último año: se decomisaron 685 kilos de cocaína -el doble que en 2024- y 62 kilos de cannabis, la mayor cantidad de esa sustancia hallada allí en toda la historia.

Esfuerzo y fallas

“Este Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para combatir el narcotráfico. El gobernador Jaldo sabe que se trata de un delito federal, pero no espera decisiones ajenas: actúa porque conoce los peligros del avance narco”, afirmó Dib. “Se invirtió en tecnología, se amplió el Operativo Lapacho y se analiza la implementación de un sistema de radarización para controlar vuelos ilegales. Sin embargo, persisten falencias que aún no se corrigen y que no dependen del Poder Ejecutivo”, agregó.

Por ahora, ningún funcionario quiere expresarlo públicamente, pero tanto en el área de Seguridad como dentro de la Policía los cuestionamientos apuntan al Poder Judicial. En Tucumán, la Justicia Federal -encargada de investigar los casos de narcotráfico- atraviesa una de las crisis más profundas de su historia debido a la cantidad de vacantes: no están cubiertas las fiscalías, tampoco los juzgados, y ni siquiera se conformó un tribunal.

¿Tucumán se transforma en un centro de acopio de drogas?

La Justicia ordinaria tampoco está exenta de este escenario. En teoría, la ley de narcomenudeo no sólo serviría para combatir el microtráfico, sino también para aportar información a la Justicia Federal y avanzar sobre los eslabones más fuertes de la cadena narco. El crimen de Érika Antonella Álvarez, atravesado de punta a punta por la problemática de las drogas, fue un cachetazo de realidad. Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, avivó el debate con una declaración contundente: “Se cumplieron tres años de vigencia de la norma y no existe -o al menos no se difundió- una base de datos sobre las personas vinculadas a la comercialización de drogas, los circuitos de ingreso, quiénes las transportan o quiénes son los proveedores. Así es muy difícil luchar contra el narcotráfico”.

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