BUENOS AIRES.- Es muy probable que la mayoría del Congreso no preste rápidamente la suficiente atención a la solicitud del juez federal Daniel Rafecas, quien ha solicitado a la comisión bicameral parlamentaria que fiscaliza las actividades de inteligencia del Estado, que limite la utilización de fondos públicos sin la necesaria transparencia y publicidad. Se trata de normas secretas dictadas por gobiernos de facto desde hace medio siglo y que los constitucionales han mantenido vigentes haciendo uso de las mismas y sin rendir cuentas, invocando ese carácter reservado. El magistrado ha coincidido con las revelaciones públicas de María Julia Alsogaray acerca de cuantiosas remuneraciones secretas que tanto ella como numerosos miembros del gobierno menemista percibían regularmente sin rendición de cuentas, pero que otros funcionarios de entonces niegan. Mucho indica también que esa plata formó parte del escándalo del Senado durante la gestión de la Alianza, así como el Congreso utilizó cerca de$ 20 millones al amparo de las normas cuestionadas por el juez Rafecas tras una investigación judicial, y que no tienen relación con la Ley Nacional de Inteligencia. El mensaje en cuestión a la comisión bicameral consigna que entre 1988 y 2001, es decir, tres administraciones constitucionales, trece organismos dependientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo gastaron reservadamente $ 41.00 millones, ajenos a la seguridad y la inteligencia, sin rendir cuentas.
Sin precedentes
Si bien por causa de la crisis nuestro país marcó su record histórico de pobreza e indigencia, desde los años 80 esos índices habían sido extraordinarios, por lo que tal situación se daba precisamente cuando en sucesivos gobiernos constitucionales se pagaban rumbosos sobresueldos o se hacían asignaciones sin otro control que el de quienes las disponían o percibían. La solicitud judicial a la comisión bicameral carece de precedentes, lo que evidencia que el magistrado no ha querido hacerse cómplice por omisión de lo que ha debido investigar y en entrelíneas sugiere. No ha sido ese el caso, hasta el momento, del Poder Ejecutivo, cuyo silencio en tal punto ante el Congreso se ha mantenido regularmente en los periódicos informes del jefe del Gabinete, Alberto Fernández. La ley de inteligencia, vigente desde diciembre de 2001, establece el control parlamentario a través de esa comisión bicameral, más no ocurre lo mismo con las otras normas secretas que preocupan al juez y le permitieron observar oscuridades que permanecen. No menos de cuatro juzgados cuentan por el momento entre sus asuntos pendientes cuestiones vinculadas con usos irregulares de fondos públicos que provienen de esas virtuales cajas negras. (De nuestra Sucursal)
