Impulsan un Estado más transparente

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial Fabio Ladetto).- Las trabas, las dificultades, los avances, las comparaciones y los resquemores en la aplicación de las normas que posibilitan a la ciudadanía el acceso a la información pública son estudiados en un seminario internacional que se realiza desde ayer en esta ciudad. El encuentro cuenta con la participación de representantes de nueve países del exterior, de entidades de distintas provincias y de autoridades de la Argentina.
La actividad es organizada por la Embajada Británica, por la organización Open Society Justice Initiative, por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con el apoyo de la Oficina Anticorrupción del Gobierno y de las embajadas de EEUU, de Australia y de Suecia, entre otras.
El desarrollo de la primera jornada consistió en talleres cerrados de trabajo entre representantes internacionales (estuvo la ex viceprimera ministra de Suecia, Lena Hjelm-Wallén) con funcionarios del Gobierno nacional. En forma separada trabajaron delegaciones del exterior con organizaciones argentinas, para evaluar las estrategias de abordaje para la sanción y aplicación de normas que aseguren el acceso a la información pública.

Decisiones polémicas
El ejercicio del derecho a acceder a la información del Estado (en cualquiera de sus poderes, aunque con ciertas limitaciones) fue destacado, por todos los especialistas, como una herramienta en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia de los actos públicos.
La Argentina está adherida a los pactos internacionales que garantizan el acceso a la información pública, pero estos precisan de una ley para su aplicación. Hasta el momento, sólo existe un decreto del presidente Néstor Kirchner, que limita su campo de acción sólo al PEN.
El coordinador de la primera actividad, Roberto Saba (titular de la ADC), destacó: "es muy importante realizar una difusión del decreto de Kirchner hacia adentro de la administración pública, porque no es conocido".
En el diálogo entre delegaciones, se mencionó la existencia de conflictos normativos entre el decreto de acceso con leyes y disposiciones restrictivas en algunos temas, como el secreto bancario. "Lo más importante es contar con las decisiones políticas para abrir el camino, lo que debe ser completado con un cambio en las prácticas", sostuvo.
El seminario abierto comenzará hoy y se centrará en dos aspectos puntuales: la experiencia internacional en la materia y el estado parlamentario del proyecto de ley argentina, que está en revisión en la Cámara de Diputados luego de que el Senado introdujo modificaciones que fueron consideradas restrictivas por distintas organizaciones.

Una prerrogativa de los ciudadanos
El acceso a la información pública es un derecho reconocido por las democracias más avanzadas del mundo. Se trata de una prerrogativa que permite, a cualquier ciudadano, requerir documentación relacionada con la marcha del Estado.
Este derecho se circunscribe a un acceso a información administrada por los poderes públicos. El acceso a la información envuelve el derecho de seleccionar la documentación, es decir que permite a cualquier persona elegir el documento de su interés sin tener que presentar una debida justificación. La mera solicitud es razón para el otorgamiento de los datos requeridos. El fundamento para el acceso sin limitaciones es la naturaleza pública de una información vinculada a la vida en sociedad.

La Cámara posterga la discusión
La aprobación de una ley que habilite el acceso a la información pública en la Provincia es una de las cuentas pendientes de la Legislatura. El vicegobernador Fernando Juri se comprometió en varias oportunidades a avanzar en ese sentido, pero hasta el momento el tema no fue considerado prioritario por la agenda parlamentaria.
En comisión hay tres proyectos de ley, de contenido similar, con el objetivo de tener una normativa propia en esta materia. Están firmados por Rodolfo Danesi (CI), Beatriz Avila y Marta Zurita (ambas del PJ).