Reprobable modelo electoral

La reforma constitucional de 1994 fue el resultado del llamado Pacto de Olivos, por el cual el presidente Carlos Menem y su antecesor, Raúl Alfonsín, acordaron convocar la Convención Constituyente de Santa Fe-Paraná, entre cuyas pautas figuraría la ampliación de las representaciones de las provincias en el Senado, de 2 a 3 bancas, correspondiendo dos a la mayoría y la restante a la minoría. Esta modificación fue una de las condiciones que el ex presidente radical propuso para tratar de asegurar la representatividad de su partido, duramente afectado en las anteriores elecciones legislativas por el amplio triunfo justicialista. La polémica enmienda trataba de moderar el dominio oficialista en la Cámara Alta, para lo cual contribuyó a un relativo equilibrio legislativo y salvó al principal partido opositor de un grave deterioro representativo, y permitió, a la vez, la participación de terceras fuerzas provinciales. A una década de la vigencia del tercer senador nacional, aquella fórmula compensatoria de tal riesgo parlamentario enfrenta una situación que amenaza su finalidad y que, paradójicamente, puede servir para asegurar lo que entonces se trató de impedir. Es decir que la mayoría legislativa quede al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo, mediante la transgresión del sistema electoral vigente.
Esa firme posibilidad se deduce tras observarse que en no menos de doce distritos electorales el PJ no designaría sus candidatos mediante elecciones internas abiertas y simultáneas, sino que lo haría a través de listas extrapartidarias diversas y frentes locales, con la finalidad de ganar mayoría y minoría en el Senado de la Nación y acrecentar la representación en la Cámara de Diputados.
Si bien el caso de Buenos Aires es el que mayor atención suscita por estar en juego la eventual candidatura de la senadora por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, en oposición a Hilda González de Duhalde, el de La Rioja, ya consumado, está constituyendo el modelo de la grosera y sorprendente irregularidad. En efecto, el congreso justicialista riojano acaba de resolver que los afiliados con aspiraciones a cargos electivos en las próximas elecciones legislativas podrán hacerlo "por esa única vez" mediante partidos ajenos. Esto permitirá hasta el momento la competencia de tres listas bajo siglas distintas, encabezadas por otros tantos correligionarios del PJ: el gobernador Angel Maza, el ex presidente Menem y el actual senador Jorge Yoma, que no serán sancionados, a pesar de lo dispuesto por la carta orgánica.
Tan reprobable modelo permite en esos casos escapar al régimen de elecciones primarias en los partidos y, en el caso del mayor, el PJ, construir un poder político cuyo perfil ya es conocido por las recurrentes concesiones al gobierno y la oposición a controlar sus actos mediante interpelaciones a sus integrantes. "El Senado va a seguir siendo el soporte de mayor cohesión parlamentaria, el reaseguro para legislar lo que el Poder Ejecutivo requiera", llegó a manifestar el titular del bloque oficialista, Migue Angel Picheto, tiempo atrás, y el tiempo se encargó de confirmarlo con los comportamientos solidarios de esa bancada, más allá de las diferencias internas que pueda exhibir el PJ.
No debe extrañar, pues, que ante esos hechos amenazadores de la transparencia institucional, la titular de la UCR bonaerense, Margarita Stolbizer, proponga la conformación de un frente electoral opositor, por más que oportunista. Los peores ejemplos en nuestro sistema democrático llegan invariablemente desde el poder político, cuya conservación a toda costa suele ser la meta, antes que los intereses públicos confiados por la ciudadanía para su representación y defensa.