En la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura están decididos a impedir que el intendente de la capital, Domingo Amaya, lleve a cabo su intención de abrir un llamado a licitación para la disposición final de la basura. Con esa idea fija, ese cuerpo ya dio dictamen a un proyecto de ley que obliga al Gobierno provincial a hacerse cargo del sitio donde se depositará la basura y del tratamiento a seguir con esos residuos.
La iniciativa, propiciada por los legisladores Jorge Mendía (UCR) y Sisto Terán (PJ), podría ser sancionada en la próxima sesión. La urgencia obedece a que en la Cámara consideran que desde la intendencia pretenden favorecer a una determinada empresa. "Se está haciendo un traje a medida", dijo el legislador Alejandro Sangenis, en referencia al envío de los pliegos al Concejo Deliberante de la capital para habilitar el proceso licitatorio.
El radical Mendía, por su parte, utilizó la ironía para denunciar que en un eventual llamado a licitación se beneficiará a la empresa 9 de Julio. "Por más que la licitación sea municipal, provincial, nacional o intergaláctica, siempre ganará la 9 de Julio que, en Tucumán, tiene más poder que el Presidente", afirmó.
Inhabilitación
El proyecto con dictamen de comisión establece, además, que las empresas concesionarias que hayan sido sancionadas quedarán inhabilitadas para presentarse a licitaciones o para la renovación de contratos hasta 10 años después de haber terminado su gestión.
Determina también que los municipios y las comunas rurales deberán recolectar y transportar los residuos, pero la disposición final quedará en manos de la Provincia. Sin embargo, esa propuesta no convence ni siquiera a los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente que conduce Patricia Jalil de Arriazu.
Conscientes de esa situación, en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara decidieron encomendar al legislador Terán la tarea de acelerar las tratativas con el gobernador José Alperovich para alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo de la norma.
Sangenis dijo que está sorprendido por la celeridad de Amaya en obtener el aval de los concejales en la primera quincena de mayo."Es nuestra intención que prevalezca la razón antes que un interés particular", advirtió.
La iniciativa, propiciada por los legisladores Jorge Mendía (UCR) y Sisto Terán (PJ), podría ser sancionada en la próxima sesión. La urgencia obedece a que en la Cámara consideran que desde la intendencia pretenden favorecer a una determinada empresa. "Se está haciendo un traje a medida", dijo el legislador Alejandro Sangenis, en referencia al envío de los pliegos al Concejo Deliberante de la capital para habilitar el proceso licitatorio.
El radical Mendía, por su parte, utilizó la ironía para denunciar que en un eventual llamado a licitación se beneficiará a la empresa 9 de Julio. "Por más que la licitación sea municipal, provincial, nacional o intergaláctica, siempre ganará la 9 de Julio que, en Tucumán, tiene más poder que el Presidente", afirmó.
Inhabilitación
El proyecto con dictamen de comisión establece, además, que las empresas concesionarias que hayan sido sancionadas quedarán inhabilitadas para presentarse a licitaciones o para la renovación de contratos hasta 10 años después de haber terminado su gestión.
Determina también que los municipios y las comunas rurales deberán recolectar y transportar los residuos, pero la disposición final quedará en manos de la Provincia. Sin embargo, esa propuesta no convence ni siquiera a los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente que conduce Patricia Jalil de Arriazu.
Conscientes de esa situación, en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara decidieron encomendar al legislador Terán la tarea de acelerar las tratativas con el gobernador José Alperovich para alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo de la norma.
Sangenis dijo que está sorprendido por la celeridad de Amaya en obtener el aval de los concejales en la primera quincena de mayo."Es nuestra intención que prevalezca la razón antes que un interés particular", advirtió.
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