Luego de haber cuestionado públicamente la competencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) para auditar sus cuentas, la AFA dio marcha atrás y presentó finalmente documentación ante el organismo nacional. En esos papeles, la entidad brinda explicaciones sobre un fuerte incremento del gasto detectado en el balance de mediados de 2024, que había sido observado por la IGJ por carecer de respaldo suficiente.
El giro en la postura de la AFA no fue casual. La regularización ante el ente de control aparece como un paso necesario para avanzar con un objetivo estratégico: concretar el traslado de su sede administrativa desde la Ciudad de Buenos Aires al partido bonaerense de Pilar. Se trata de un distrito donde el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino cuentan con vínculos políticos y judiciales que, según fuentes oficiales, les permitirían operar bajo un esquema de menor supervisión.
Seis días antes de presentar la documentación, la AFA había difundido un comunicado en el que sostenía que se encontraba “bajo fiscalización exclusiva” de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, desestimando así la intervención de la IGJ. Sin embargo, apenas dos jornadas después, representantes legales de la entidad se presentaron ante el organismo nacional para ampliar información sobre el origen y destino de los gastos cuestionados.
Mientras tanto, la mudanza a Pilar dista de haberse concretado. Pese a que la AFA habla de una sede ya establecida, en los hechos el lugar señalado se limita a un predio sin actividad visible, con un único cartel que anuncia una futura instalación.
El intento de cambiar de jurisdicción se aceleró luego de que la IGJ, por impulso del Gobierno nacional, pusiera la lupa sobre inconsistencias contables que (según estimaciones oficiales) superarían los 400 millones de dólares. En particular, el balance correspondiente al ejercicio 2024 concentró observaciones por gastos cercanos a los U$S 100 millones de, que no contaban con explicaciones detalladas.
Estas irregularidades salieron a la luz en paralelo a distintas investigaciones judiciales que analizan presuntos hechos de corrupción, desvíos de fondos y vínculos entre dirigentes de la AFA, supuestos testaferros y el empresario Javier Faroni. En ese contexto, desde la IGJ recordaron que inicialmente la AFA había asegurado que toda esa documentación ya había sido validada por la autoridad provincial.
El entramado político suma otros elementos. Tapia mantiene vínculos con el gobierno bonaerense (incluso ocupa un cargo en la CEAMSE) y firmó convenios con la Provincia, como el acuerdo para la administración del estadio de La Plata. En Pilar, además del anuncio de la futura sede, se encuentra una lujosa propiedad que la Justicia investiga por haber sido adquirida, presuntamente, a través de intermediarios ligados a la conducción de la AFA.
Tras el cambio de escenario político nacional, la conducción de la AFA buscó refugiarse bajo la órbita bonaerense para dejar atrás el control de la IGJ. Para ello, se declaró un nuevo domicilio en Pilar, en un distrito gobernado por un intendente cercano y con operadores judiciales de confianza. Sin embargo, el organismo nacional se negó a avalar el traslado mientras persistan inconsistencias en la documentación presentada, lo que derivó en una judicialización del conflicto.
Desde la IGJ aclaran que no existe una negativa de fondo al cambio de jurisdicción, pero remarcan que la normativa exige una serie de pasos formales que aún no se cumplieron. También señalan que, si bien por ahora se descarta la designación de un veedor, el análisis de la información recién presentada podría derivar en nuevos requerimientos.
En ese marco, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, buscó bajar el tono político de la disputa y sostuvo que el organismo “se limita a exigir la información necesaria para cumplir con su función de control administrativo”, sin otro objetivo que garantizar la transparencia institucional.
