DE MAL EN PEOR. Toviggino y Tapia, ahora en la mira de la Justicia de Estados Unidos
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no recomendar, al menos por el momento, la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La definición llegó luego de una serie de audiencias con los contadores de la entidad y de la Superliga Profesional de Fútbol, en el marco de las observaciones formuladas sobre los balances de los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024.
La decisión fue confirmada por el titular del organismo, Daniel Roque Vítolo, quien explicó que las recientes declaraciones de los auditores y la apertura de información por parte de la AFA permitieron, por ahora, descartar la necesidad de una intervención externa. Según indicó LA NACIÓN, los técnicos de la IGJ se encuentran analizando el detalle de los datos aportados y, en función de ese estudio, se definirá si corresponde exigir nuevas precisiones o dar por cumplidos los requerimientos.
Desde el ente regulador destacaron un “cambio de actitud” en la cúpula del fútbol argentino. Los contadores que certificaron los balances —Claudia Carraro (2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024)— se presentaron ante la IGJ y brindaron explicaciones sobre los estados contables, los procedimientos de auditoría y la verificación de los registros financieros.
En paralelo, la AFA comenzó a desagregar partidas que habían sido objetadas, especialmente las correspondientes al balance cerrado el 30 de junio de 2024, considerado clave por los montos involucrados. Además, el organismo otorgó plazo hasta el martes 20 de enero para que la entidad amplíe información vinculada a la Universidad de la AFA (UNAFA) y al destino de fondos sociales utilizados para su desarrollo.
Vítolo también relativizó el conflicto por el cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Aclaró que la IGJ no busca retener a la institución en su órbita, pero sí exige que el traspaso se realice conforme a la normativa vigente, incluida la elevación de la reforma estatutaria a escritura pública.
Distensión política y conflicto en pausa
La definición de la IGJ es leída como una señal de desescalada en la tensión entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA. Si bien en diciembre la DGI había denunciado a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos, desde el organismo de control administrativo insistieron en que no existe imputación penal alguna contra la entidad ni sus directivos, y que su accionar se limita al cumplimiento de funciones de contralor. Por ahora, el escenario queda en análisis y sin veedores, mientras la documentación presentada sigue bajo revisión técnica.
