TRANSITO AL LÍMITE. Autos, camiones, colectivos y motos comparten un espacio que quedó chico frente al crecimiento del parque automotor.
En la esquina donde se cruzan la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306, en Banda del Río Salí, el tránsito parece vivir en un eterno compás de espera. A cualquier hora del día se repite la misma escena: largas filas de vehículos, bocinazos y conductores que miran con ansiedad el semáforo, esperando que el rojo finalmente cambie a verde.
Algunos automovilistas deben esperar cuatro o incluso cinco ciclos del semáforo para poder avanzar unos metros. En ese punto neurálgico del Gran San Miguel de Tucumán, el tránsito puede poner a prueba hasta al conductor más paciente.
Y cuando la paciencia se agota, empiezan las infracciones. Basta con detenerse unos minutos a observar para ver cómo algunos autos intentan ganarle al amarillo y cruzan cuando la luz roja ya está encendida. Otros optan por adelantarse por la banquina, buscando evitar la fila interminable sobre el asfalto. En medio de ese caos cotidiano, muchos conductores no advierten un detalle clave: pegadas al semáforo, hay cámaras que registran cada movimiento.
Esos dispositivos captan las infracciones a través de un sistema de fotomultas que, según vecinos y conductores, logró mejorar la seguridad en un cruce que durante años fue considerado peligrosísimo. Sin embargo, el mecanismo también genera controversia y despierta dudas sobre su legalidad.
“Pasás por ahí, no te das cuenta de nada y semanas después te llega al teléfono una multa con foto incluida”, cuenta Pablo Lazarte, taxista con dos décadas de experiencia al volante. Según relata, no fue su caso, pero sí el de muchos colegas. “Incluso hubo situaciones en las que les enviaron las multas por correo a los hijos o a las esposas de los taxistas. Yo no sé de dónde sacan la información, pero no me parece correcto”, cuestiona.
BAJO CONTROL. Cámaras instaladas junto al semáforo registran las infracciones en el cruce de las rutas 9 y 306. LA GACETA / FOTOS DE SILVIA GRANARA
Aun así, reconoce que las cámaras lograron modificar su forma de manejar. “Cada vez que llego a esa esquina me cuido muchísimo. Si el semáforo está en amarillo directamente piso el freno. Jamás me corro hacia la banquina y siempre circulo con las luces bajas encendidas”, explica.
Para él, el temor a la multa funciona como un recordatorio permanente de las normas de tránsito. Pero no todos reaccionan igual. “A otros no les importa. Hay gente que no respeta nada; el tucumano es muy difícil”, opina.
Notificación
Catalina Martínez trabaja en una empresa ubicada a pocos metros del semáforo. Un día recibió en su correo electrónico y también por WhatsApp un mensaje con el título: “Notificación de infracción de tránsito”. El remitente era la Municipalidad de Banda del Río Salí. La sanción indicaba que había cruzado el semáforo en rojo.
“Recuerdo perfectamente el día y yo estaba cruzando en amarillo cuando se puso en rojo”, asegura. Hasta ahora no pagó la multa. “La verdad, todavía no me ocupé. Pero quiero averiguar si es legal y si puedo hacer un descargo”, sostiene.
MANIOBRAS RIESGOSAS. Algunos conductores intentan evitar las largas filas adelantándose por la banquina, infracción frecuente en la zona.
Su caso no es aislado. Cada vez son más los conductores que se sorprenden al recibir una sanción digital semanas después de haber pasado por el cruce. Las dudas aparecen de inmediato: ¿La infracción fue registrada de manera válida o se trata de un mecanismo recaudatorio? ¿Cómo se pagan esas multas? ¿Existe alguna forma de defenderse?
Mientras las autoridades defienden el sistema como una herramienta para mejorar la seguridad vial, algunos especialistas advierten que su implementación podría presentar algunas irregularidades.
Alfredo Linares, abogado especialista en seguridad vial, explica que los dispositivos de fotomultas deben cumplir requisitos específicos para ser legales. Entre ellos: estar homologados y verificados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), contar con autorización de la autoridad competente, ya sea provincial o municipal, y cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
Sin embargo, según el especialista, eso no siempre alcanza. “Lo ideal sería que a pocos metros del semáforo donde se realizan las fotomultas haya un inspector”, señala. Ese agente debería identificarse, informar el organismo al que pertenece y explicar la infracción que fue captada segundos o minutos antes. “No sirve que sólo dispare la foto”, advierte.
Deudas
El sistema también tiene otra consecuencia frecuente: muchos conductores descubren que tienen multas cuando intentan renovar el carnet de manejo.
En ese momento se encuentran con deudas que pueden alcanzar cientos de miles o incluso millones de pesos. “En esos casos, el municipio o el organismo que labró el acta te tiene cautivo”, explica Linares. “El problema es que, aunque la ley prevé mecanismos de defensa, en la práctica casi nunca se aplican”, resalta.
Ante una multa irregular, el conductor puede presentar un descargo, resalta el profesional. No obstante, muchas veces las personas aseguran que lo hacen y nunca reciben respuesta.
UN CRUCE COMPLEJO. En la intersección circulan desde motos y bicicletas hasta carros tracción a sangre.
Si la deuda impide renovar la licencia, existe una instancia más: iniciar una acción de amparo. “No se puede prejuzgar. Si no hubo notificación válida ni vencimiento del proceso, se está violando el derecho de defensa”, remarca el abogado.
Y, párrafo aparte, admite que uno de los puntos más polémicos de las fotomultas es la forma en que se notifican las infracciones. Según Linares, una multa enviada por WhatsApp o por correo electrónico no tiene validez legal.
Debe existir una notificación fehaciente dentro de los 60 días hábiles y un procedimiento que garantice la posibilidad de defensa. En términos prácticos, eso significa que la infracción debería notificarse mediante carta documento o un medio que garantice recepción con firma. Para que la notificación digital sea válida, el infractor debería haber dado previamente su consentimiento.
Un debate abierto
Para Linares, el problema no es sólo técnico sino estructural. “Debería unificarse la legislación y establecer con claridad qué notificaciones son válidas, cómo deben hacerse y cuáles son los pasos que debe seguir el Estado para garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos”, apunta.
Mientras tanto, en el cruce de las rutas 9 y 306, el tránsito sigue fluyendo con la misma tensión de siempre. Pero los accidentes sí han disminuido, según reconocen algunos vendedores ambulantes que trabajan en la zona. “La gente le tiene miedo a la fotomulta y ahora se cuida más de pasar el semáforo en rojo”, cuenta Mario Alberto Mendoza, quien desde hace nueve años arma un puesto a la vera de la ruta, donde vende algo de verduras, también remeras de Argentina y otros artículos.
“Antes poníamos el cartel aquí y siempre se lo llevaban puesto los autos que pasaban por la banquina. Ahora respetan un poco más. También influye que el pavimento en algunas partes está muy destruido y eso obliga a los conductores a frenar”, evalúa.
Miles de infracciones
Rodolfo Barone, director de Seguridad Vial de la Banda del Río Salí municipio, dijo que un estudio previo a la instalación de cámaras de control reveló la magnitud del problema. “Antes de implementar este sistema era vergonzoso lo que ocurría en esa esquina. Un relevamiento que hicimos mostró que entre las 8 y las 18 se cometían alrededor de 1.300 infracciones”, señaló.
El funcionario indicó que dos conductas se repetían con frecuencia: cruzar el semáforo en rojo y adelantarse por la banquina para evitar las largas filas de vehículos. Ambas maniobras, además de ilegales, generaban situaciones de alto riesgo en un cruce que ya de por sí presenta gran complejidad.
Barone explica que el problema se agravó con el crecimiento del parque automotor. “Es un cruce muy complicado. La ruta quedó obsoleta frente al importante aumento de vehículos y a la mezcla de tránsito que hay en la zona”, describe. A toda hora circulan camiones, transporte de pasajeros, autos, motos y hasta carros tracción a sangre.
Frente a ese panorama, el municipio decidió instalar cámaras para controlar infracciones y aplicar fotomultas. Desde entonces, aseguran que la situación comenzó a mejorar. “Desde que instalamos las cámaras, las infracciones se redujeron en un 30% y los siniestros viales, en un 80%”, afirmó.
La medida, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos. “Tenemos quejas y reclamos, los conductores se resisten”, reconoció Barone. Aun así, insistió en que el objetivo del sistema no es recaudar dinero. “Nuestra intención no es recaudatoria, sino que nos ayuden a cambiar esta cultura bastante transgresora que se ve reflejada en la vía pública”, remarca.
El funcionario aclaró además que el municipio cuenta con autorización nacional para aplicar fotomultas. “La verdad es que cuando los conductores ven la presencia de las cámaras cambian de actitud”, concluye.
Multas: detalles sobre procedimientos y valores
“Lamentablemente, cuando algo les duele en el bolsillo cambian de actitud”, sostuvo Rodolfo Barone, director de Seguridad Vial de la Banda del Río Salí, al referirse al efecto de las fotomultas en los conductores. En cuanto al procedimiento, explicó que las notificaciones se envían al titular del vehículo infractor. “Utilizamos distintos medios para avisar: sistemas digitales y también el envío del acta en papel al domicilio. La multa se le envía al propietario del vehículo”, precisó.
Respecto al valor de las sanciones, explicó que se rigen por lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Se calcula en Unidades Fijas (UF) equivalentes al precio de un litro de nafta premium y pueden ir desde las 100 hasta las 2.200 UF, según la gravedad de la infracción. Por pasar un semáforo en rojo: desde $568.800 y hasta $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF).
