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VACUNAS. Política sanitaria. / UNICEF
La discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas y el rol del Estado vuelve al centro de la escena política. El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el Código de Convivencia Ciudadana e incorporar severas sanciones para los padres, tutores o responsables legales que no aseguren la vacunación de los menores a su cargo.
La iniciativa, motorizada por la gestión de Martín Llaryora, establece que la salud pública es un bien colectivo que debe prevalecer sobre las decisiones individuales. Bajo este esquema, la omisión de las dosis previstas en el Calendario Nacional de Vacunación dejará de ser una falta menor para convertirse en una infracción penalizada.
¿Cuáles son las sanciones previstas?
El proyecto incorpora el artículo 75 bis al Código de Convivencia, el cual detalla que quienes incumplan con esta obligación podrán enfrentar:
-Multas cuyo valor se ajustará según la gravedad y el nivel de reincidencia.
-Tareas obligatorias en centros asistenciales u hospitales públicos.
-La medida contempla la privación de la libertad en casos extremos o de persistencia en la infracción.
-El texto aclara que la reincidencia "triplicará los mínimos y máximos de la sanción aplicable".
Además, la norma impone una carga ética y legal sobre los funcionarios públicos y trabajadores de salud: estarán obligados a denunciar cualquier caso donde se detecte la vulneración del derecho a la vacunación de un niño.
Un plan de "orden público"
La regulación de las vacunas no llega sola. Forma parte de un paquete de reformas que Córdoba busca implementar para "fortalecer la convivencia pacífica". El mismo proyecto incluye la prohibición de los limpiavidrios y una regulación más estricta para los cuidacoches (conocidos como “naranjitas”).
Sin embargo, el eje sanitario es el que más sensibilidad despierta. En paralelo, los legisladores cordobeses debaten declarar a agosto como el "Mes de la Vacunación”, con el fin de realizar campañas masivas de concientización y garantizar la gratuidad del acceso en todo el territorio provincial.
El antecedente de Mendoza
Córdoba no está sola en esta cruzada. Semanas atrás, el gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, marcó un precedente histórico al iniciar 10 denuncias judiciales contra padres que se negaron a vacunar a sus hijos.
La administración mendocina justificó la medida ante el "preocupante aumento de casos de sarampión y coqueluche" en el país, vinculados directamente con el descenso en las tasas de cobertura vacunal. En Cuyo, la premisa es la misma que ahora impulsa Córdoba: la Ley Nacional 27.491 establece que las vacunas son obligatorias y que la salud pública está por encima del interés particular.
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