Bussi no fue alcanzado por un fallo de la Justicia

La situación procesal de Antonio Domingo Bussi no tendrá variaciones en el futuro inmediato, y seguirá detenido en la casa de su hija Claudia (en un country de Pilar, provincia de Buenos Aires), acusado de violaciones a los derechos humanos en los años 70.
Pese a lo anunciado por su abogado defensor, Pablo Calvetti, el fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación ordenando un nuevo pronunciamiento del juez federal Jorge Parache en la causa de la desaparición del senador del PJ Guillermo Vargas Aignasse, no alcanza al ex gobernador. La sentencia sólo se refiere a otro de los imputados, el ex comandante Luciano Benjamín Menéndez, que está preso en Córdoba.
La Cámara de Casación resolvió favorablemente un planteo del abogado de Menéndez, Horacio Conesa Mones Ruiz, en el cual impugnó los fallos emitidos por Parache y por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán contra su pedido de excarcelación. A ese incidente está adherido Calvetti, pero no fue mencionado en la sentencia.
El criterio aplicado por el tribunal nacional se basó en que la Cámara Federal local cambió la calificación del hecho por el cual se acusó a Menéndez, y dejó de lado el homicidio agravado. En cambio, mantuvo la imputación por otros delitos gravísimos, que tendrían la suficiente entidad como para que Parache ratifique la prisión preventiva. Este paso no puede ser concretado todavía, porque el magistrado no tiene el expediente completo del caso; pero no habría un nuevo pronunciamiento sobre Bussi, hasta tanto no se lo exija la Casación.
Conesa Mones Ruiz reclamó la inmediata libertad de su defendido; planteó la inconstitucionalidad de todos los pronunciamientos de los magistrados inferiores a la Casación y consideró que los jueces de Tucumán trataron con parcialidad sus apelaciones.
Entre sus fundamentos, la Cámara de Casación recordó que se declaró la falta de mérito sobre el homicidio agravado en el caso de Menéndez, manteniéndose abierta la investigación en primera instancia hasta determinar las causas de la muerte de Vargas Aignasse y sus responsables.
A partir de esa modificación, el tribunal entendió que "se debe renovar el debate sobre la solución de libertad que se reclama, manteniendo indemne el derecho a la doble instancia judicial garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos". La decisión fue firmada por Amelia Berraz de Vidal, Ana María de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos.