Dualidades del Poder Ejecutivo

El paro de los trabajadores del Hospital Garrahan tuvo un claro contenido político. El objetivo es pasar, sea como sea, las elecciones de octubre sin impactos en los índices de inflación.

24 Abril 2005
BUENOS AIRES.- Joseph Ratzinger, el nuevo Papa, no admite las verdades relativas en cuestiones de dogma. Para la Iglesia, una cuestión de fe resulta incontrastable. En contrapartida, y por definición, la política no es para nada dogmática, sino que aparece como una serie dinámica de adaptaciones a las necesidades del momento o, en verdadera democracia, a las demandas de toda la ciudadanía por igual. El modo de manejarse de Néstor Kirchner, en cambio, es francamente ambiguo. El Presidente a veces parece dogmático, sobre todo en cuestiones de principios particulares que prometió no dejar en la puerta de la Casa Rosada; y otras veces actúa con las mañas de un político de cabotaje, los mismos que él prometió depurar. Es esa táctica esquiva, inteligente para algunos, desaprensiva para otros, la que provoca tanta desazón entre sus interlocutores habituales y la que se diluye en interpretaciones y enredos de corto plazo, ya que no contempla estrategias de mayor vuelo.
La semana que se cerró fue un muestrario de situaciones que cuestan explicar, salvo por ese comportamiento dual que es parte de la naturaleza del Gobierno. El eje de la situación estuvo radicado en las demandas de los sindicalistas de base del Hospital Garrahan, quienes no dudaron en poner en riesgo la vida de los pacientes con un paro de varios días que mostró un claro contenido político, replicado por activistas aeronáuticos y de subterráneos con un claro propósito de propagación.En esta ocasión nadie descabezó cúpulas de seguridad como en tiempos de Gustavo Beliz, pese a que la represión en Aeroparque fue feroz. Claro, Marcelo Saín es un hombre "del palo". Tampoco nadie se subió al púlpito para fustigar la actitud cuasi criminal de los empleados del Garrahan, con la misma enjundia que días antes había puesto el propio Presidente para pedir el boicot contra Shell. Más bien, tras algunas críticas "pour la galerie" de algunos ministros, se les otorgó finalmente a los trabajadores los $ 300 que reclamaban (aunque aún no hay acuerdo cerrado porque son no remunerativos) en medio de una escalada que amenaza con desatar conflicto tras conflicto, sobre todo en el sector de los estatales.
Como es usual en estos casos, en los que los gremios combativos hacen punta agresivamente, los reclamos resultan siempre funcionales a los dirigentes de la CGT, y esta vez no fue distinto.

Reunión sigilosa
Para parar el efecto dominó, el Presidente recibió en la Casa Rosada durante dos noches seguidas, casi sigilosamente, a tres de los "gordos" (Moyano, Lingeri y Palacios), a quienes les pidió una tregua de un par de semanas para contestar si es viable o no un aumento del salario Mínimo, Vital y Móvil y de las asignaciones familiares. Casi en línea con el "estilo vaticano" que el Presidente, fiel a sus ambigüedades, no siguió en lo más mínimo en el caso Baseotto, el Gobierno esta vez no les dio difusión pública a las entrevistas, que sólo trascendieron por infidencias cegetistas.
Si se compara el proceder del Gobierno ante empresarios y sindicalistas, más allá de que ya se blanqueó que no será neutral en cuestiones salariales, la secuela en cada caso fue diferente, también como fruto de esa dualidad. Mientras aquellos mantienen la boca cerrada de modo casi grotesco y ya han aprendido que la mejor manera de congraciarse con el Gobierno es anunciando inversiones (que habrá que verificar si se cumplen, pasado el tiempo), los popes sindicales, con años de picardía encima, no prometieron nada en firme sobre detener los conflictos y sólo dijeron "como usted mande, Presidente". Siempre habrá tiempo para explicar: "las bases se nos fueron de las manos".
La tregua que pidió Kirchner tiene que ver con las necesidades fiscales del Gobierno, ya que los números de Hacienda no podrían soportar un pago extra a estatales y a jubilados, a su vez enlazadas con la negociación con el FMI que ya está en pleno desarrollo. Esta última semana, tras los episodios de Washington que llevaron a una solución como la que se esbozó en esta columna la semana pasada, el Ministerio de Economía cerró filas e hizo silencio.

El canje de la deuda
El equipo económico se puso a trabajar a todo vapor en dos frentes simultáneos: el modo de reabrir el canje sin que se note, después de octubre, y un diseño ajustado de un presupuesto de ingresos y egresos de Caja, que podría alcanzar hasta agosto o setiembre, a lo sumo, si no se acuerda con el FMI.
En este punto hay cercanías más que notables, quizás porque sus funcionarios saben de memoria que no pueden dejar que la Argentina saque los pies del plato, ante el tamaño de su deuda con el organismo. Todo indica que podría haber fumata blanca rápidamente, en un programa corto con metas monetarias y fiscales de un año, aunque algunos expertos sostienen que quizás el arreglo podría ser retroactivo, para permitir la devolución de fondos que la Argentina pagó religiosamente durante el último trimestre.

Compromisos centrales
Lo que es más que seguro es que la Carta de Intenciones contendrá dos compromisos centrales de la Argentina, ya que ambos fueron la piedra angular de la flexibilidad del Grupo de los Siete, la semana pasada. En primer término, se atenderá, bajo las reglas "del prospecto", la situación de los bonistas que se quedaron afuera. Lo que está más que claro es que su tenencia ya no vale "cero", con o sin Ley Cerrojo, y que el Gobierno argentino algo hará para evitar nuevos episodios legales de miles de millones en bonos, como el que costó la postergación del canje y que se dilucidará el próximo viernes en una Cámara neoyorkina.
Un costado de la exigencia del FMI pudo haber estado en su propia necesidad de obligar a la Argentina a abrir el juego para que el país tarde menos en volver al mercado voluntario de crédito y que eventuales nuevos fondos concurran a bajar, en el futuro, su propia exposición. En estas cuestiones de dinero grueso, nadie da puntada sin nudo.
En segundo lugar, está el punto de las privatizadas, sin actualización tarifaria, pero también sin renegociación de contratos desde hace más de tres años, que será mostrado por el Gobierno como un avance sector por sector, en el que cada día quedan menos concesiones a la intemperie. No obstante, la celebración formal de audiencias públicas, que son más reuniones de trabajo para considerar el proyecto unilateral del Gobierno que una audiencia de debate, sólo avanza a un año vista y no deja conformes ni a los consumidores, ni a las empresas. Estas finalmente alegan que la propuesta del Gobierno -fiel a su estilo- está plagada de incertidumbres, ya que su fundamento político es pasar, sea como sea, las elecciones de octubre sin impacto en los índices de inflación. Obsesión que tiñe, de las más diversas maneras, los zigzagueos presidenciales de hoy y el horizonte de mediano y de largo plazo.

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