La palabra Censys escalda al ministro de Economía e inquieta al Gobierno. Es que esa palabra -que es el nombre de una empresa a la que perteneció Jorge Jiménez- es el centro de la polémica por la adjudicación a esa compañía de un servicio en la Dirección de Informática en el mismo ministerio que conduce Jiménez. "No hubo favoritismos ni tampoco irregularidades en el proceso", dijo el funcionario, que remarcó que él se desvinculó de la firma antes de asumir su actual función oficial. Pero la sospecha está rodando.
La tarea de la firma en las oficinas gubernamentales no fue objetada: instaló un Centro Unico de Procesamiento de Datos, cuyo nombre sugiere por sí mismo su importancia estratégica en un Estado que necesita ordenamiento. Pero la primera complicación surgió por el planteo del Tribunal de Cuentas, que señaló que la operación por casi $ 190.000 no pasó por el control de este organismo. La empresa salió a defenderse y dijo que todos los requerimientos de ley se cumplieron. Los ejecutivos añadieron que el Tribunal de Cuentas no tiene jurisdicción sobre una empresa privada. "Mal puede un organismo administrativo de control interno juzgar la actuación de un particular", dijeron.
La segunda complicación se deriva de esas desinteligencias entre la empresa y el Tribunal de Cuentas. El organismo de control tiene un juicio de responsabilidad contra la firma por un contrato celebrado con la Secretaría de Educación en 1997. De ello se desprende la duda acerca de la posibilidad de que una empresa en conflicto con el Estado pueda resultar ganadora en una licitación.
La tercera complicación surgió con las fechas. Los primeros datos indican que, según el Registro Público de Comercio, el ministro Jiménez pertenecía a la empresa incluso hasta el 15 de agosto de 2003. Pero las fechas no están claras. El ministro dijo a LA GACETA que renunció en julio de 2003, mientras que los ejecutivos de Censys explicaron que Jiménez y Juan Carlos Veiga (ex interventor de la Caja Popular hasta hace pocos meses) renunciaron como directores suplentes en mayo y en junio de 2003. Estas fechas, no obstante, indican que ambos renunciaron antes de asumir en sus cargos oficiales.
Hasta ahora el caso puede ser, simplemente, material para la pirotecnia de la oposición. El Gobierno prefirió mantener silencio, más allá de la defensa correcta que hizo el ministro. "No hubo nada raro, y el Tribunal puede investigar todo, porque esa es una de sus misiones", dijo.
Picaduras molestas
El Tribunal se convirtió en un insistente moscardón por segunda vez en poco tiempo, ya que había objetado recientemente la adjudicación de la compra de guardapolvos hecha por cotejo de precios, y con ello obligó al Gobierno a rehacer la operación. El paso de los días dirá si las cosas quedan claras o el caso se convierte en una mancha fuerte para el Gobierno, como fueron los escandaletes del préstamo del Subsidio de Salud al empresario Maciel o la anulación de la adjudicación de honorarios en el caso Ibri.
La cuestión, en el fondo, es de imagen y de transparencia. El historiador Plutarco cuenta que el caudillo Publio Claudio Pulcro, que estaba enamorado perdidamente de Pompeya, la mujer de Julio César, se disfrazó para entrar al templo de Bona Dea (al que sólo tenían acceso las mujeres) y confesarle su amor.
El enamorado fue descubierto y echado. Y aunque Pompeya era inocente, su marido, un hombre estricto, la repudió públicamente. De allí la frase: "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo". Por ello todo gobernante sabe -o debería saber- que la imagen es tan importante como la realidad.
