La conflictividad laboral

El Gobierno central ha reaccionado con firmeza y sin eufemismos sobre la creciente conflictividad laboral que afecta diversos lugares del país, especialmente a la región metropolitana y al personal público, a pesar de que actualmente se llevan a cabo alrededor de 200 negociaciones de paritarias. En tal sentido, tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como el ministro del Interior, Aníbal Fernández, han advertido que oficialmente no se observa a esas situaciones como una escalada, sino que se trata en buena parte de acciones inspiradas políticamente y que no se va a permitir que se altere al país. Los casos más notorios por su persistencia y repercusión en la sociedad son los del Hospital Garrahan y la empresa aerocomercial Lafsa, en disolución, así como el docente, a cargo de organizaciones sindicales ajenas a la CGT y con la colaboración de grupos informales, y es el sector público el más afectado, con el 86% de conflictividad en marzo. Se trata fundamentalmente de organizaciones laborales integradas en la Central de Trabajadores Argentinos, cuya actividad contestataria recrudeció con su reclamo de personería gremial planteado, nuevamente sin resultado, ante el Ministerio de Trabajo, por lo cual realizó su Semana Nacional de Lucha mediante numerosas protestas públicas.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo, única central con aquella personería y con notorias vinculaciones al Gobierno nacional y al partido oficialista, mantiene singular prudencia frente a esa conflictividad, limitándose algunos de sus dirigentes a expresiones moderadas sobre dificultades salariales, como el "banderazo simbólico" ante la Secretaría de Industria de la Nación. Puede advertirse así que la conflictividad laboral es no sólo consecuencia de la situación salarial, sino también del régimen sindical vigente establecido por la ley 23.551, de asociaciones laborales, que asigna la personería específica a una sola central obrera, la CGT, facultada con exclusividad para representar los intereses específicos de los trabajadores. A los legítimos reclamos de salarios de una situación económica en evolución positiva y que, en circunstancias normales, conduce a negociaciones colectivas, en esta ocasión concurre un período preelectoral no exento de conflictividad política, en el que se advierte la presión de esos intereses sindicales discriminados por el régimen legal con inspiración corporativa. Situación agravada por la advertencia de la cartera laboral de que no se concederá personería gremial a la CTA sin reforma de la ley sindical, posibilidad remota ante la resistencia tradicional del Partido Justicialista, que impide al Gobierno toda revisión en ese orden del sistema de organización laboral.
Otro factor, el de la seguridad ineludible de los servicios públicos afectados por esos conflictos, a los que se suman en los hechos organizaciones irregulares, ha motivado intervenciones de fuerzas del orden que, con anterioridad al debate por la personería sindical, eran muy ocasionales bajo la invocación de no criminalizar las protestas. Por entonces, el presidente Kirchner y sus colaboradores trataban de avanzar hacia la libertad de asociación, hasta que la inclusión de la CTA en el Consejo del Salario generó reacciones negativas en la CGT y en el PJ, que obligaron a abandonar el propósito presidencial . El riesgo es ahora el visible debilitamiento de las estructuras sindicales tradicionales agrupadas en la CGT, cuyas bases observan la acción contestataria dominante de la central opositora y sectores irregulares para los cuales no es viable la libertad de asociación constitucional -artículo 14 bis-.
Frente a ese panorama, la respuesta oficial debería ser negociadora de la apertura legal, impidiendo que las actividades laborales caigan en el desorden de los intereses políticos ocasionales, postergando los específicos del trabajo.