El Tribunal de Cuentas revisa actuaciones de una empresa

La firma Censys tiene abierto un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas (TC) desde el 22 de diciembre de 2004, según consta en el acuerdo 2.496, firmado por Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci.
La decisión fue apelada administrativamente por la empresa de artículos y sistemas informáticos, recurso que todavía se encuentra en estudio. El expediente iniciado en el órgano de contralor está aún en trámite, si bien no registrará ningún movimiento hasta tanto no se resuelva la presentación de Censys. Desde el TC se confirmó que el acuerdo mencionado no está revocado.
Las actuaciones tienen como antecedente una "comprobación sumaria llevada a cabo con motivo de la rescisión contractual con causa a la empresa Censys por los reiterados incumplimientos en la provisión del servicio de liquidación de haberes y sistema de administración de personal para los agentes y docentes pertenecientes a la Secretaria de Educación" (según el acuerdo 2.496).

Ex funcionarios
El período bajo estudio va desde setiembre de 1997 a abril de 1998, cuando Jorge Abbate era secretario y Edmundo Albornoz era subsecretario del área administrativo contable, durante la gestión de Antonio Bussi.
Abbate y Albornoz también enfrentaron un juicio de responsabilidad al dejar sus cargos (acuerdo 388, del 9 de mayo de 2000), que fue el que se amplió a la empresa a fines de 2004.

Las competencias
Uno de los ejes de la presentación empresaria sería que el TC no tiene potestad para abarcar a firmas privadas. Pero la actuación del organismo fue sustentada (según figura en el documento publicado de diciembre) en el artículo 129 (in fine), que determina: "es de su competencia exclusiva en sede administrativa el juzgamiento de todo hecho o acto de un funcionario, agente público o particular responsable de los que se derive un daño al patrimonio fiscal y en cuanto a la determinación del monto de la indemnización o resarcimiento que corresponda".
Otro artículo de la misma ley mencionado por el TC para justificar su accionar es el 121 de la Ley de Administración Financiera (6.970 y sus modificatorias), que establece su jurisdicción sobre "los terceros ajenos a la Administración Provincial, sean organismos, instituciones y/o personas, a quienes se les haya confiado el cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores y otros bienes de pertenencia del Estado, o puesto bajo su responsabilidad" (extracto del primer párrafo).
Precisamente, el centro del debate sería el alcance conceptual del párrafo. Entre las funciones asignadas a Censys en el contrato de 1997 no aparecería el manejo de dinero, sino que su labor debía consistir en la provisión del soporte informático para liquidar los haberes y otros items del personal educativo (unos 30.000 agentes).