PRESUPUESTO 2026: La Cámara baja debatió por más de 10 horas en una jornada marcada por la tensión. LA NACIÓN
El Gobierno nacional avanzó en su estrategia parlamentaria y aprobó el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con el respaldo de bloques provinciales, la Unión Cívica Radical y el PRO. Luego de más de 10 horas de sesión, el proyecto del oficialismo obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la votación en general, en una jornada atravesada por tensiones políticas dentro del recinto y episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso.
Los diputados tucumanos actuaron de manera disímil. Javier Noguera estuvo ausente durante la votación del Presupuesto en general, aunque dio quórum para su tatamiento. Las otras dos integrantes del bloque Independencia, Elia Fernández y Gladys Medina, votaron a favor (en general). El resto de los peronistas “no alineados” con Osvaldo Jaldo, Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, votaron en contra. Los mileistas Gerardo Huesen, Mariano Campero, Federico Pelli y Soledad Molinuevo apoyaron la iniciativa del Gobierno nacional. Al cierre de esta edición, se esperaba saber si, como dijo el gobernador, sus fieles iban a votar a favor o en contra del financiamiento para universidades y para sectores de la salud como discapacidad y Garrahan.
Durante la tarde, La Libertad Avanza logró imponer el mecanismo de votación en particular por capítulos, una decisión clave para avanzar con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, incluidas en el artículo 75 del proyecto. El oficialismo sometió la modalidad a votación y consiguió imponerse frente a la resistencia de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Unidos, que reclamaban una votación artículo por artículo. El resultado fue 130 votos a favor, 112 en contra y una abstención, correspondiente a la diputada radical Karina Banfi.
Durante la madrugada, luego de votar en general, los diputados votaron capítulo por capítulo.
Posición del PJ
En el inicio de la discusión, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi fueron los encargados de responder en bloque los argumentos del oficialismo libertario. Unión por la Patria presentó un dictamen propio y cuestionó especialmente la derogación de normas vinculadas a educación y políticas sociales. Strada apuntó directamente a ese núcleo del proyecto: “Metieron la derogación la ley de financiamiento universitario y de discapacidad porque no cuentan con financiamiento”. Luego enumeró otras iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según afirmó, tampoco tienen respaldo presupuestario. “Ley de impuestos a los grandes ingresos, el RIGI, Retenciones cero, Regularización activa de baja de impuestos, Ganancias a Sociedades, el nuevo Fondo de asistencia de obra para financiar despidos (de la Reforma Laboral)”, señaló, y concluyó: “La universidad pública se defiende, también el Garrahan, también Discapacidad”.
Tolosa Paz sostuvo que “sobran argumentos para decirle no al presupuesto de Javier Milei” y justificó la presentación de un dictamen alternativo. “Este presupuesto refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”, afirmó. Además, remarcó la vigencia de la emergencia en discapacidad: “Votamos la emergencia en discapacidad. Ejecuten las partidas que este Congreso”, insistió, anticipando uno de los ejes del posicionamiento opositor.
Por su parte, Rossi centró sus críticas en la situación social y el impacto económico del proyecto. “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, planteó en el recinto. Con una extensa lista de oradores inscriptos, el debate se extendió durante toda la noche y se esperaba su cierre en la madrugada.
Protocolo antipiquetes
En paralelo a la sesión, se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Cerca de las 16.30, un grupo reducido de manifestantes se concentró en una movilización de menor magnitud que otras convocatorias recientes. La situación se tornó tensa cuando una de las vallas de seguridad fue desplazada, lo que motivó la intervención de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura para aplicar el protocolo antipiquetes.
Entre los manifestantes se identificó a una mujer que portaba una pistola de agua con pintura roja, apuntada hacia los efectivos. Otros asistentes, protegidos con máscaras y antiparras, intentaron derribar fenólicos y remover barreras. Fuentes policiales indicaron que entre 10 y 15 personas protagonizaron los episodios más agresivos, que incluyeron el retiro de cuatro vallas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó: “Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”. Las fuerzas reinstalaron rápidamente el vallado y utilizaron un camión hidrante para dispersar al grupo, aunque la tensión se mantuvo en la zona mientras avanzaba el debate parlamentario.
PUNTOS SALIENTES DEL PRESUPUESTO
Previsión: el proyecto de Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $ 148 billones, un superávit primario (la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado) equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero (el superávit primario menos el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PBI. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PBI del 5% para todo 2026.
Recorte a universidades y derogación del financiamiento: el proyecto destina $ 7,7 billones a la función Educación y Cultura, lo que implica una caída real del 1% con respecto a 2025 y del 47,7% con relación a 2023. El texto deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI, una meta que solo se cumplió en 2015 desde su creación en 2005. Las universidades nacionales recibirán $ 4.872 millones, lo que representa una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. El proyecto también incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario, que establecía que los fondos destinados a las universidades y los salarios docentes se actualizarían por inflación desde 2023.
Bono congelado y recorte a pensiones por discapacidad: las prestaciones sociales tendrán un aumento real del 5,7% en 2026, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Las partidas destinadas a las jubilaciones muestran un incremento real del 6%, pero los fondos para el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de la mínima caerán 13,8% real, lo que implicaría mantener el beneficio en $ 70.000 (congelado desde marzo de 2024) durante todo el año próximo. Bajo estas condiciones, la jubilación mínima caería en torno al 1% en 2026, mientras que el resto tendría un incremento del 2,2%. El proyecto contempla aumentos salariales para los jubilados, pero el bono extraordinario permanecerá sin actualizaciones, afectando principalmente a quienes cobran la mínima. El presupuesto registra una caída del 10,6% real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155.000 beneficios, según se desprende del análisis de la OPC. El proyecto oficial también propone la derogación de la Ley de emergencia en discapacidad, que establecía aumentos en las partidas del área y cuya suspensión fue declarada inválida por la Justicia Federal.
Más asignaciones y menos ayuda alimentaria: las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025, y particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un incremento del 6,4% real. La prestación Alimentar tendrá en 2026 una caída del 1,52% real con respecto a los gastos de 2025. En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios presentan un recorte del 28,9%, lo que genera preocupación en organizaciones sociales que alertan sobre el impacto en la asistencia alimentaria de sectores vulnerables.
Regla e inocencia fiscal: se trata del famoso proyecto para “sacar los dólares del colchón” que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quiso impulsar en junio de este año. El texto propone cambios en materia tributaria y penal fiscal: eleva los montos para la evasión, brinda mecanismos para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de proceder a una denuncia y “blinda” el Régimen Simplificado de Ganancias para que no se puedan revisar los tres períodos fiscales anteriores del contribuyente, salvo irregularidades detectadas.
