RESULTADOS. Un gendarme con una caja de municiones.
Este tipo de maniobra es tan habitual que incluso ya tiene una denominación propia: “testaferros de armas”. El caso que descubrió el fiscal Agustín Chit es apenas uno de los registrados en los últimos tiempos en todo el país. De hecho, se trata de un desprendimiento de una causa que investiga la Justicia Federal de Mendoza, la cual dejó al descubierto organizaciones que abastecen con distintos tipos de armas y municiones a grupos criminales de Chile.
El incremento de este tipo de delitos fue tan significativo que Gonzola Da Silva, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), difundió un documento sobre esta modalidad delictiva para que fuera tenido en cuenta por sus pares de todo el país.
“El propósito de este documento es poner el foco no en la entrega indebida aislada, sino en maniobras complejas, reiteradas y articuladas, en las que participan múltiples actores, más allá del testaferro y del verdadero titular del material”, señaló en el escrito elaborado en colaboración con la auxiliar fiscal Paulina Gómez.
Para el representante del Ministerio Público, pueden ser considerados “actores” los propietarios o empleados de armerías, gestores, mandatarios y, especialmente, organizaciones criminales que se nutren de material de origen legal mediante esta mecánica. Esos fueron los eslabones que Chit logró identificar en la investigación desarrollada en la provincia.
Efectos
“El fenómeno de los testaferros de armas genera un efecto de ‘lavado de legalidad’, al intercalar un eslabón formalmente legítimo en la adquisición, lo que dificulta la trazabilidad penal y debilita la función preventiva del sistema registral estatal”, explicó Da Silva. “La principal dificultad probatoria radica en demostrar que quien entrega el arma conocía la falta de legitimación del destinatario, un elemento subjetivo indispensable del tipo penal”, agregó en el trabajo que fue publicado hace poco más de un mes.
El investigador señaló además que se han detectado casos en los que determinadas personas presentan denuncias vinculadas a su propia situación registral. En ellas manifiestan que figuran a su nombre armas cuya adquisición desconocen por completo.
Figuras
Da Silva precisó que la legislación vigente contempla la figura básica de entrega ilegal de armas, que prevé penas de prisión de uno a seis años para quien entregue un arma, por cualquier título, a una persona que no acredite su condición de legítimo usuario.
“La norma no distingue la causa por la cual se materializa la entrega. Puede ser a título gratuito u oneroso, e incluye diversas acciones como compraventa, alquiler, donación, comodato, préstamo o regalo”, analizó.
El funcionario agregó que a estas maniobras suelen sumarse denuncias posteriores por supuestos hurtos o robos, con el único objetivo de justificar ante el Estado la ausencia del arma. “En la mayoría de los casos, nunca la tuvieron, ya que la intención original no era adquirir el arma para uso personal, sino facilitar el acceso a personas impedidas de ingresar al mercado legal, ya sea por antecedentes penales o por su pertenencia a organizaciones criminales”, explicó.
La figura del testaferro de armas de fuego también puede derivar en otros delitos, como la falsificación de documento público (cuando se declara falsamente que el arma fue adquirida para uso propio), asociación ilícita (al intervenir varias personas con una finalidad delictiva común) y el contrabando (cuando el armamento es trasladado a otros países).
