IPVyDU / Imagen ilustrativa de archivo
“Estamos advirtiendo permanentemente que los trámites son gratuitos y se hacen en el propio instituto o a través de la página web ipvtuc.gob.ar. Lamentablemente aparecen falsos gestores y se aprovechan de la necesidad de la gente”, explicó a LA GACETA Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).
Sucede que la repartición dio inicio a una investigación administrativa -que sigue su curso en simultáneo con una causa penal- tras la denuncia contra un empleado que, según trascendió, habría prometido casas sociales al menos a tres familias.
El caso fue notificado al Tribunal de Cuentas (TC), que tomó conocimiento de las actuaciones a través del acuerdo 5.569/25, firmado el 4 de este mes.
A principios de noviembre, en el IPV se dictó la resolución 4.462, que dispuso la apertura de una investigación administrativa “a los efectos de establecer la veracidad de los hechos denunciados, identificar al responsable y determinar, en caso de corresponder, las sanciones disciplinarias procedentes”. A la vez, se designó a un abogado del organismo para asumir la instrucción del proceso interno, con un plazo de 60 días hábiles para elaborar el informe final, en línea con lo establecido por el Reglamento de Investigaciones Administrativas para agentes del Estado provincial.
En rigor, este trámite se dispuso a partir de una nota presentada ante el IPV que advirtió sobre “una denuncia por estafa y defraudación realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (...) contra el señor Luis Gómez, empleado del IPVyDU”, señala el acuerdo 5.569/25.
A partir de esto, el ente de contralor, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, requirió al Instituto de la Vivienda que, una vez concluida la investigación interna y con el acto administrativo firme, se remita “la totalidad de las actuaciones” al Tribunal de Cuentas para avanzar con los pasos que correspondan.
LA GACETA se contactó con el trabajador sindicado en el expediente, pero no obtuvo respuestas a la consulta para que brinde su versión de los hechos.
Cabral, en diálogo con este diario, explicó que “en el caso de denuncias que involucran algún empleado del Instituto, iniciamos un sumario administrativo para luego tomar las medidas que correspondan”.
De una reunión a las denuncias
Fuentes oficiales detallaron que los responsables del sumario están recabando información para determinar si existieron responsabilidades en el caso. Por lo tanto, no se brindaron demasiados detalles hasta el momento.
Sí se supo que todo comenzó cuando recibieron a un hombre que, acompañado por tres familias, planteó la situación que involucra al empleado del IPV.
Durante la reunión, según se relató, los representantes del organismo enfatizaron que la repartición no percibe suma alguna por los trámites, ni por la asignación de viviendas, por lo que se les comunicó que, en caso de haber hecho entrega de dinero, lo más probable es que hubieran sido víctimas de una estafa.
Ante ello, los supuestos damnificados recurrieron a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, del Ministerio Público Fiscal, y formularon una denuncia penal.
A continuación, con dicha presentación judicial, se formalizó el reclamo ante el Instituto Provincial de la Vivienda, que dio inicio al sumario administrativo.
Como el proceso está en una etapa inicial, todavía se están recolectando evidencias. Así, no se descarta que se cite a testificar a los presuntos damnificados.
Mientras el expediente siga su curso, sin embargo, no se aplicarán sanciones contra el empleado, dado que para ello se debe aguardar a las conclusiones del sumariante y a la finalización del proceso administrativo.
En las últimas décadas, fueron recurrentes los casos de irregularidades en el ámbito de esta repartición. Muchas de ellas llegaron a tener repercusiones judiciales, con arrestos y otras medidas, como allanamientos y secuestros.
Por ello, a través de las cuentas oficiales del Instituto de la Vivienda se difunden de manera periódica publicaciones que apuntan a la erradicación de estas prácticas irregulares. “Rechazá y denunciá a falsos gestores. En el IPVyDU todos los trámites son totalmente gratuitos. No entregues dinero ni documentación a intermediarios”, señala un posteo de la cuenta de Facebook del organismo de julio pasado.
