CAMBIO DE RUMBO. La Cámara Federal resolvió apartar al juez Daniel Rafecas de la causa en medio de la investigación por la finca de Pilar.
La causa que investiga la compra de una lujosa finca en Pilar, atribuida a presuntos testaferros ligados a la conducción de la AFA, cambió de manos en pleno avance de los allanamientos. Este viernes, la Sala I de la Cámara Federal resolvió que el expediente deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que quedará a cargo de Marcelo Aguinsky.
La decisión se conoció mientras se desarrollaban los procedimientos ordenados por Rafecas en la mega propiedad de Villa Rosa, donde la Policía Federal secuestró decenas de vehículos de lujo y peritos oficiales realizaban la tasación del inmueble. Según aclararon fuentes judiciales, el cambio de juez no invalida ni frena los allanamientos, que continuarán hasta su finalización.
El fallo de la Cámara puso fin a una disputa de competencia entre juzgados. La denuncia, presentada por referentes de la Coalición Cívica, apunta contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL, empresa dueña formal de la finca de más de 105.000 metros cuadrados. El planteo solicita, además, que se investigue si los verdaderos beneficiarios de la propiedad serían Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El expediente había quedado inicialmente en manos de Rafecas por sorteo, pero el magistrado se declaró incompetente al considerar que los hechos debían ser analizados por el fuero Penal Económico. La causa fue enviada entonces al juzgado 10, donde el juez interino Javier López Biscayart también rechazó intervenir y devolvió el caso. Ante ese ida y vuelta, intervino la Cámara Federal para definir la competencia.
En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia sostuvo que, por el momento, no hay funcionarios públicos involucrados, y que los hechos investigados encuadran prima facie en delitos que comprometen el orden económico y financiero, lo que justifica la intervención del fuero Penal Económico. También dejó abierta la posibilidad de que el nuevo juez analice si la causa debe tramitar, por territorio, en la justicia de Pilar.
Hasta que se resolvió el conflicto, Rafecas había impulsado varias medidas clave: ordenó allanamientos en la finca principal y en otras propiedades de Pilar, dispuso la prohibición de salida del país para Pantano y Conte, y decretó la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas tanto de los imputados como de la empresa Real Central SRL.
El fallo de la Cámara podría ser apelado por el fiscal José Agüero Iturbe, quien había sostenido que la investigación debía continuar en el juzgado de Rafecas. Mientras tanto, el expediente pasará al fuero Penal Económico, donde se evaluará la continuidad de las medidas y el alcance patrimonial de una causa que ya sacudió al fútbol argentino y a su dirigencia.
