“TRENCITO”. Efectivos policiales desfilaron por barrios de la periferia bajo operativos de prevención y realizaron aprehensiones sin una orden judicial.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés) se reunió de manera exclusiva con una delegación argentina en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y alertó al Estado Argentino sobre graves violaciones a los derechos humanos que se registraron en el último tiempo en el país, según los informes enviados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y otros organismos de Derechos Humanos. Dentro de los aspectos que llamaron la atención a las autoridades internacionales se mencionó el “trencito” policial practicado en Tucumán y se cuestionó su implementación.
Durante los pasados 11 y 12 de noviembre se abordaron diversos temas vinculados a la vulneración de derechos humanos, a la investigación de casos de tortura, las condiciones carcelarias y detenciones ilegales. El relator del comité Jorge Contesse, expresó la preocupación del CAT respecto de las denuncias recibidas sobre detenciones masivas, actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”, realizados principalmente en barrios populares de distintas provincias. Bajo ese contexto, mencionó el “trencito” policial que se aplicó en Tucumán y que generó una particular polémica entre los ciudadanos y organizaciones que velan por los Derechos Humanos.
Estos “megaoperativos” comenzaron a realizarse con frecuencia a fines de 2023 en las zonas de Villa Alem, Villa Mariano Moreno, Los Pocitos, Tafí Viejo, La Costanera, Alderetes y Yerba Buena, bajo las órdenes del Jefe de Policía Joaquín Girvau y respaldados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Las medidas se caracterizaron por la repentina aparición de un desfile de efectivos policiales armados a bordo de patrulleros y motocicletas que recorrieron los barrios “con mayor índice delictivo”, y culminaron con la aprehensión de más de dos centenares de ciudadanos y el secuestro de más de 100 motocicletas.
La manera en la que se desarrollaron los procedimientos provocó que organismos de DD.HH tucumanos denunciaran en la Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las “razzias”.
Los reclamos llegaron a manos del CAT, que aprovechó la reunión en Ginebra para alertar a los representantes argentinos sobre esta cuestión. “Llama especialmente la atención la información que hemos recibido particularmente de la provincia de Tucumán de los procedimientos conocidos como “trencitos”, en que patrullas parecieran entrar en residencias sin autorización judicial, de manera violenta, y que los residentes parecen ser trasladados rápidamente a las comisarías de policía”, cuestionó Contesse.
“Hemos recibido información de detenidos que han sufrido golpes mientras son reducidos y también se ha reportado abuso por parte de la policía en contra de personas en situación de calle en el contexto de los operativos conocidos como orden y limpieza, precisamente a partir de diciembre de 2023”, agregó.
En sus observaciones finales, el Comité recomendó al Estado argentino tomar las medidas necesarias para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de agentes del orden durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, así como en el marco de registros policiales y otros operativos policiales.
“También se deberá velar por que todas las denuncias al respecto sean investigadas sin demora y de forma efectiva, independiente e imparcial; y, en caso de determinarse que hay agentes responsables, se les sancione adecuadamente”, sugirió.
Respuesta
Tras escuchar los planteamientos del CAT, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, les manifestó a las autoridades internacionales que la mayoría de los informes que se presentaron al Comité contendrían datos falsos. “Desde que asumió Javier Milei a la presidencia de la República Argentina más de 100 organizaciones no gubernamentales juramentaron hacer la vida imposible al Gobierno e ir a por todos los organismos internacionales denunciando y cuestionando las políticas públicas de la nueva gestión”, apuntó.
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, se refirió a los cuestionamientos del “protocolo antipiquetes” y aseguró que su finalidad no es restringir derechos, sino garantizar el ejercicio equilibrado de los derechos de todos los ciudadanos, como la libertad de circulación, en respuesta al caos generado por 8.200 piquetes registrados en 2023.
“En ningún caso el protocolo autoriza el uso indiscriminado de la fuerza. Por el contrario, establece claras, graduales y sujetas a supervisión judicial”, dijo el funcionario, y aclaró que toda intervención es documentada con mecanismos de investigación inmediata en caso de excesos.
