Por Redacción Política
18 Abril 2005
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La descentralización administrativa le cuesta al Estado provincial más de $ 55.000 mensuales. Esa es la suma de dinero que el Gobierno destina para el pago de los 30 locales que alquila para el funcionamiento de distintas oficinas públicas.
Los $ 660.000 anuales invertidos en este rubro igualan el Presupuesto 2005 para el funcionamiento del Hogar de Menores General Belgrano. La cifra incluso supera los $ 640.000 previstos para el Instituto Julio Argentino Roca, cuando Tucumán carece de un lugar adecuado para albergar a los menores en conflicto con la ley.
Comparaciones
Ese presupuesto es, además, cinco veces más alto que los escasos $ 170.000 con que se maneja la Subsecretaría de la Juventud, en una provincia en donde el 23% de los jóvenes crece en hogares con necesidades básicas insatisfechas, según los datos del Indec. Casi triplica, también, los $ 260.000 aprobados para el trabajo de la Secretaría de Prevención contra las Adicciones. Su titular, Alfredo Miroli, reconoció el lunes 14 de marzo a LA GACETA que al menos uno de cada cinco tucumanos mayores de edad consumió marihuana alguna vez en su vida.
Remodelaciones
La dispersión de las dependencias públicas es directamente proporcional a la saturación que presentan los viejos edificios estatales. El estado de Casa de Gobierno es una muestra de los efectos ocasionados por el paso del tiempo. Hoy, el palacio gubernamental ha comenzado a ser remodelado y fueron trasladadas a otras dependencias muchas de las oficinas que allí funcionaban.
La mudanza de las reparticiones del Estado estuvo en carpeta de las autoridades en los últimos años. Durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003), cobró fuerza la idea de construir un centro cívico, en donde se concentrarían todas las oficinas del Estado. Uno de los argumentos utilizados, precisamente, fue la necesidad de producir un ahorro de los fondos públicos. Se habló, incluso, de ubicar este emprendimiento en los predios de la ex estación de El Provincial. Finalmente, la iniciativa quedó trunca.
Reforma del Estado
El gobierno de José Alperovich cuenta con la Ley de Activo por Activo para desprenderse de algunos propiedades. El régimen permite el canje de estos por nuevos inmuebles que podrían construirse con financiamiento privado.
Así, por ejemplo, se piensa negociar la construcción de un edificio en la zona del ex aeropuerto, que concentraría todas las dependencias de la Secretaría de Educación. Paralelamente, se avanza con el alquiler de locales más apropiados para funcionar.
Esa lista incluye, entre otros, al edificio de Junín 264, donde hoy funciona parte de la Secretaría de Trabajo y por el que el Poder Ejecutivo paga $ 9.000 mensuales. En similar situación se encuentra el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que mudó a la esquina de San Martín y Rivadavia algunas dependencias, a un costo de $ 7.000. El Ministerio de Salud hizo lo propio. Instaló la unidad de aplicación de un programa nacional en Catamarca 450. El dinero mensual destinado a esa locación es de $ 750.
"No hay espacio para trabajar"
La Unidad de Reconversión de Espacios Públicos (UREP), que conduce Ricardo Salim, es el organismo encargado de las reformas en las oficinas públicas.
Según el profesional, la actual infraestructura del Estado no es adecuada para la cantidad de empleados y de público que a diario concurre a realizar diferentes trámites.
"La Casa de Gobierno, por ejemplo, no da abasto. El Estado excedió la capacidad de los inmuebles, que hoy están colapsados. No se los puede exigir más", dijo Salim.
El arquitecto recordó la iniciativa para construir un centro cívico que concentre a todas las oficinas públicas. "Hoy no tenemos espacio ni tampoco calidad para trabajar. Todas las modificaciones deben realizarse bajo dos pautas. Por un lado, para brindar confort a la gente que trabaja en el Estado. Y, por otro, para ofrecer una buena atención a la gente que concurre para realizar trámites", expresó.
Prioridades
Salim explicó que una de las prioridades encaradas por su gestión fue la restauración de la Casa de Gobierno. Ya se instaló un ascensor y un elevador para sillas de ruedas, con el objetivo de permitir el ingreso de personas con discapacidades. Actualmente, se trabaja en la refacción de los sanitarios.
Los $ 660.000 anuales invertidos en este rubro igualan el Presupuesto 2005 para el funcionamiento del Hogar de Menores General Belgrano. La cifra incluso supera los $ 640.000 previstos para el Instituto Julio Argentino Roca, cuando Tucumán carece de un lugar adecuado para albergar a los menores en conflicto con la ley.
Comparaciones
Ese presupuesto es, además, cinco veces más alto que los escasos $ 170.000 con que se maneja la Subsecretaría de la Juventud, en una provincia en donde el 23% de los jóvenes crece en hogares con necesidades básicas insatisfechas, según los datos del Indec. Casi triplica, también, los $ 260.000 aprobados para el trabajo de la Secretaría de Prevención contra las Adicciones. Su titular, Alfredo Miroli, reconoció el lunes 14 de marzo a LA GACETA que al menos uno de cada cinco tucumanos mayores de edad consumió marihuana alguna vez en su vida.
Remodelaciones
La dispersión de las dependencias públicas es directamente proporcional a la saturación que presentan los viejos edificios estatales. El estado de Casa de Gobierno es una muestra de los efectos ocasionados por el paso del tiempo. Hoy, el palacio gubernamental ha comenzado a ser remodelado y fueron trasladadas a otras dependencias muchas de las oficinas que allí funcionaban.
La mudanza de las reparticiones del Estado estuvo en carpeta de las autoridades en los últimos años. Durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003), cobró fuerza la idea de construir un centro cívico, en donde se concentrarían todas las oficinas del Estado. Uno de los argumentos utilizados, precisamente, fue la necesidad de producir un ahorro de los fondos públicos. Se habló, incluso, de ubicar este emprendimiento en los predios de la ex estación de El Provincial. Finalmente, la iniciativa quedó trunca.
Reforma del Estado
El gobierno de José Alperovich cuenta con la Ley de Activo por Activo para desprenderse de algunos propiedades. El régimen permite el canje de estos por nuevos inmuebles que podrían construirse con financiamiento privado.
Así, por ejemplo, se piensa negociar la construcción de un edificio en la zona del ex aeropuerto, que concentraría todas las dependencias de la Secretaría de Educación. Paralelamente, se avanza con el alquiler de locales más apropiados para funcionar.
Esa lista incluye, entre otros, al edificio de Junín 264, donde hoy funciona parte de la Secretaría de Trabajo y por el que el Poder Ejecutivo paga $ 9.000 mensuales. En similar situación se encuentra el Ministerio de Seguridad Ciudadana, que mudó a la esquina de San Martín y Rivadavia algunas dependencias, a un costo de $ 7.000. El Ministerio de Salud hizo lo propio. Instaló la unidad de aplicación de un programa nacional en Catamarca 450. El dinero mensual destinado a esa locación es de $ 750.
La Unidad de Reconversión de Espacios Públicos (UREP), que conduce Ricardo Salim, es el organismo encargado de las reformas en las oficinas públicas.
Según el profesional, la actual infraestructura del Estado no es adecuada para la cantidad de empleados y de público que a diario concurre a realizar diferentes trámites.
"La Casa de Gobierno, por ejemplo, no da abasto. El Estado excedió la capacidad de los inmuebles, que hoy están colapsados. No se los puede exigir más", dijo Salim.
El arquitecto recordó la iniciativa para construir un centro cívico que concentre a todas las oficinas públicas. "Hoy no tenemos espacio ni tampoco calidad para trabajar. Todas las modificaciones deben realizarse bajo dos pautas. Por un lado, para brindar confort a la gente que trabaja en el Estado. Y, por otro, para ofrecer una buena atención a la gente que concurre para realizar trámites", expresó.
Prioridades
Salim explicó que una de las prioridades encaradas por su gestión fue la restauración de la Casa de Gobierno. Ya se instaló un ascensor y un elevador para sillas de ruedas, con el objetivo de permitir el ingreso de personas con discapacidades. Actualmente, se trabaja en la refacción de los sanitarios.
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