Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho

Lo reveló un informe de la Policía brasileña. También publicó un balance con información sobre 115 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad.

TERROR EN RÍO DE JANEIRO. archivo TERROR EN RÍO DE JANEIRO. archivo FOTO/CLARIN.
03 Noviembre 2025

Tras el violento operativo en las favelas de Río de Janeiro, que terminó con decenas de cadáveres apilados por los vecinos en la calle, la Policía afirmó que más del 95% de los muertos que ya pudieron ser identificados tenían "vínculos comprobados" con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.

La Policía Civil del estado publicó un balance con información sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad, sin contar los cuatro agentes que fallecieron durante la acción.

De los 115 fallecidos identificados, "más del 95 %" tenían un "vínculo comprobado" con la organización criminal, sostiene el informe. Las otras dos pruebas periciales arrojaron resultados "inconclusos".

Hasta el momento, la cifra total de muertos no está clara y varía según la fuente. La Defensoría Pública, institución que recopiló los datos, asegura que los fallecidos ascienden a 132, mientras que el Gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).

Según la policía, "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención. Otros 17 no presentaban antecedentes penales, aunque la Policía indicó que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales.

"Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", afirmó el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.

El documento también reveló que 62 de los fallecidos eran foráneos al estado de Río de Janeiro, principalmente de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto se distribuye entre Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y Distrito Federal.

Además, el informe indicó la presencia de líderes de grupos armados provenientes de al menos once estados del país vinculados al Comando Vermelho y refugiados en Río de Janeiro.

"La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, había varios líderes criminales", expresó el gobernador del estado, Cláudio Castro, en un comunicado, reprodujo el diario Clarín. 

El megaoperativo en los complejos de favelas Penha y Alemão movilizó a 2.500 agentes y tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho.

El caso ha generado polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a solicitar investigaciones independientes.

Horror en Río de Janeiro: la Justicia ordena conservar pruebas

La Corte Suprema de Brasil ordenó al Gobierno de Río de Janeiro la "preservación y documentación" de todas las pruebas materiales relacionadas con la cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.

En una decisión del domingo, el juez Alexandre de Moraes instruyó que la preservación total y documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma "rigurosa e integral" para garantizar la transparencia y la investigación por parte del Ministerio Público.

El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, que estableció nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

El Supremo supervisará si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se ejecutó de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.

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