Argentina y los derechos humanos

La decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de exigir a Cuba el acceso a la isla para investigar la situación de los derechos humanos, ha constituido otra evidencia del uso político que practica buena parte de la comunidad internacional, de un recurso tan esencial para la protección de valores fundamentales de la humanidad. El organismo, de 53 miembros, aprobó la resolución por 21 votos, con 17 en contra y 15 abstenciones, entre estas la de la Argentina. El documento no incluye palabras de denuncia, pero recuerda las 15 votaciones precedentes, de las que tan sólo una tuvo resultado adverso. La solicitud del organismo internacional reunido en Ginebra renueva el mandato de la alta comisionada de la ONU, Christine Chanet, para que se investigue en Cuba la situación de los derechos humanos, lo que el gobierno insular no permitirá una vez más por no reconocer legitimidad a ese mandato, de acuerdo con lo anunciado por su canciller. El caso cubano ha sido por décadas una situación paradigmática de violación de los derechos humanos, a partir del desconocimiento de la libertad de disentir, valor esencial de la condición humana para cuya protección funcionan numerosos organismos previstos por convenciones internacionales.
No debe de extrañar, en consecuencia, que en la extensa presentación que el gobierno revolucionario hizo ante el organismo para rechazar la moción de EE.UU., no figurase en ninguna oportunidad frase o concepto alguno que incluyera la palabra libertad, entre otras consideraciones referidas a los planes escolares, de salud y de otros recursos sociales con que procura fundar su autoritarismo. Seguramente, también, la calificación de deslegitimidad imputada por el canciller cubano a la moción de Washington puede merecer algún análisis, si se atiene al trato de prisioneros por efectivos militares de EE.UU. en Irak y en Guantánamo, o a la pasividad demostrada ante las violaciones de China.
A partir de ambos posicionamientos enfrentados en la comisión de Ginebra, y salvo raras excepciones -como las de Suecia, Finlandia o Irlanda-, la prioridad de la comisión pareciera haberse orientado a la defensa de los intereses circunstanciales de los gobiernos participantes, antes que de los elevados fines que se invocan. Esa realidad no es nueva, pero en cada reunión se fue haciendo más ostensible hasta perder condición ética y moral. En tal circunstancia, la alternativa de la abstención sería la correcta si no fuera, como en el caso de la Argentina, por la carencia de un razonamiento suficiente en defensa de los derechos humanos y en severa crítica por el uso oportunista de estos para proteger otros intereses.
Pretextar que nuestro gobierno se abstiene para no intervenir en asuntos internos de otros países, es tanto como dejar sin razón su participación en ese organismo internacional. Más aún, restar razonabilidad a su gestión ante la dictadura castrista en defensa de la unidad familiar de Roberto Quiñones, hijo de la médica cubana -Irma Molina- privada de un encuentro con su familia por capricho del dictador habanero. La política internacional sobre derechos humanos ha perdido, pues, nuevamente, con el caso cubano ante la ONU, la condición de poder moral en ejercicio por la comunidad internacional, convirtiéndose poco menos que en seguro de preservación de los despotismos políticos.
Argentina está aún en tiempo de definirse con los criterios que expone en el orden interno, advirtiendo que los valores en riesgo, por ser inexcusablemente de la humanidad y no exclusivos de espacios territoriales, deben protegerse de avasallamientos impunes y oportunismos indeseables.