En Fuerza Republicana (FR) están eufóricos por la reciente disposición de la Cámara de Casación Penal de la Nación, que revocó dos fallos contrarios a Antonio Bussi, por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976. Y, aunque más como una expresión de deseos que como una posibilidad factible en el corto plazo, comienzan a conjeturar con la vuelta del militar a la provincia para que se haga cargo de la intendencia capitalina. "Si bien ahora lo hace con más fuerza, nunca ha dejado de pensar en el municipio, máxime en el estado en que se encuentra; está en el abandono más absoluto y todos los días se hace más necesario el programa que él había pergeñado", aseguró a LA GACETA el senador nacional Ricardo Bussi, que el lunes asumirá la presidencia de FR.
Los integrantes de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal, ordenaron al juez federal número uno de Tucumán, Jorge Parache, que dicte una nueva sentencia.El 15 de octubre de 2003, el magistrado había dispuesto la prisión preventiva de Bussi (por la desaparición de Vargas Aignasse), que hoy, por razones de salud, cumple en la casa de su hija, Claudia Bussi, en un country de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia del fallo de Parache, el fundador de FR no pudo asumir como intendente, cargo para el cual había sido elegido durante los comicios del 29 de junio de 2003, en los que precisamente le ganó por 17 votos al hijo de Guillermo Vargas Aignasse, el hoy diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ).
Sin oportunidad procesal
La Cámara de Casación Penal concluyó que, en un primer momento, tanto Parache como la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, siguieron actuaciones contra Bussi por homicidio calificado, pero luego también le imputaron la desaparición forzada de personas, asociación ilícita y torturas. El tribunal porteño considera que el procesado no tuvo la oportunidad de defenderse de la nueva imputación.
Frente a la revocación dispuesta por la Justicia, Parache debe emitir una nueva sentencia. Puede optar por mantener la prisión preventiva o disponer la excarcelación de Bussi.
"De a poco se van cayendo las falsas imputaciones. Confiamos en que serán desarmadas tan rápidamente como fueron armadas, y que Bussi podrá regresar y acceder al cargo para el cual fue elegido. El no está contento, pero se da cuenta de que el tiempo va marcando la verdad de los acontecimientos. Mientras tanto, sigue pensando en el municipio", concluyó Bussi (h).
Brito pide que borren sus agravios
El concejal de la capital, Miguel Brito (FR), pidió al Tribunal de Cuentas (TC) que no tenga en cuenta los términos que considere "agraviantes y ofensivos" que habían sido incluidos en una nota presentada por él mismo ante ese órgano de contralor.
La polémica se desató por la compra de 182.000 bolsones (casi $ 3,8 millones). El edil bussista había rechazado una acordada del TC a la que definió como "absurda, impertinente, improcedente y maliciosa". Además, había calificado de "guardaespaldas del gobierno" a los miembros de ese órgano de contralor.
Brito asistió el jueves al Tribunal de Cuentas, donde entregó un nuevo escrito. "Solicito se dejen sin efecto los términos vertidos en la misma, que pudieran resultar agraviantes y ofensivos para ese honorable órgano y sus miembros; procediéndose a testar (borrar) los mismos; siendo que jamás fue la intención del suscripto ahondar en apreciaciones lesivas", señaló en la misiva.
De igual modo, el ex legislador republicano reiteró el pedido de revocatoria del acuerdo. También exigió que se investigue la cuestión de fondo y advirtió que la resolución del Tribunal de Cuentas excedió las facultades establecidas en la Ley de Administración Financiera.
Los integrantes de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal, ordenaron al juez federal número uno de Tucumán, Jorge Parache, que dicte una nueva sentencia.El 15 de octubre de 2003, el magistrado había dispuesto la prisión preventiva de Bussi (por la desaparición de Vargas Aignasse), que hoy, por razones de salud, cumple en la casa de su hija, Claudia Bussi, en un country de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia del fallo de Parache, el fundador de FR no pudo asumir como intendente, cargo para el cual había sido elegido durante los comicios del 29 de junio de 2003, en los que precisamente le ganó por 17 votos al hijo de Guillermo Vargas Aignasse, el hoy diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ).
Sin oportunidad procesal
La Cámara de Casación Penal concluyó que, en un primer momento, tanto Parache como la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, siguieron actuaciones contra Bussi por homicidio calificado, pero luego también le imputaron la desaparición forzada de personas, asociación ilícita y torturas. El tribunal porteño considera que el procesado no tuvo la oportunidad de defenderse de la nueva imputación.
Frente a la revocación dispuesta por la Justicia, Parache debe emitir una nueva sentencia. Puede optar por mantener la prisión preventiva o disponer la excarcelación de Bussi.
"De a poco se van cayendo las falsas imputaciones. Confiamos en que serán desarmadas tan rápidamente como fueron armadas, y que Bussi podrá regresar y acceder al cargo para el cual fue elegido. El no está contento, pero se da cuenta de que el tiempo va marcando la verdad de los acontecimientos. Mientras tanto, sigue pensando en el municipio", concluyó Bussi (h).
El concejal de la capital, Miguel Brito (FR), pidió al Tribunal de Cuentas (TC) que no tenga en cuenta los términos que considere "agraviantes y ofensivos" que habían sido incluidos en una nota presentada por él mismo ante ese órgano de contralor.
La polémica se desató por la compra de 182.000 bolsones (casi $ 3,8 millones). El edil bussista había rechazado una acordada del TC a la que definió como "absurda, impertinente, improcedente y maliciosa". Además, había calificado de "guardaespaldas del gobierno" a los miembros de ese órgano de contralor.
Brito asistió el jueves al Tribunal de Cuentas, donde entregó un nuevo escrito. "Solicito se dejen sin efecto los términos vertidos en la misma, que pudieran resultar agraviantes y ofensivos para ese honorable órgano y sus miembros; procediéndose a testar (borrar) los mismos; siendo que jamás fue la intención del suscripto ahondar en apreciaciones lesivas", señaló en la misiva.
De igual modo, el ex legislador republicano reiteró el pedido de revocatoria del acuerdo. También exigió que se investigue la cuestión de fondo y advirtió que la resolución del Tribunal de Cuentas excedió las facultades establecidas en la Ley de Administración Financiera.
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