15 Abril 2005 Seguir en 
El Presidente de la Nación manifestó en Alemania que el país atraviesa una nueva etapa, donde no estarán ausentes las oportunidades para las inversiones productivas. Puso énfasis en la necesidad de que la Argentina recupere la capacidad para atraerlas. Esa afirmación, con el compromiso que implica, fue el punto esencial de una agenda de trabajo donde el empresariado alemán con intereses en nuestro país expuso sus preocupaciones por los efectos de la crisis que aún perduran y que causan inseguridad jurídica y desconfianza. La recuperación de estos valores se logra día tras día y llevará tiempo, según pronosticó Kirchner, que aseveró que "los actos de gobierno hablarán por sí solos acerca de si se están haciendo bien las cosas".
Los compromisos fueron acompañados también por la advertencia, no menos razonable, de que la sociedad argentina no puede resignarse a convivir con un desempleo de dos dígitos y con niveles de pobreza sin precedentes. Pero, entre esas seguridades sobre la recuperación de las inversiones en condiciones adecuadas y la protección de los valores sociales sin los cuales aquella no sería posible, media un complejo proceso de gestión que nuestras políticas públicas no han logrado todavía definir con claridad.
La continuidad en las inversiones es clave, en primer término, para mantener la infraestructura industrial y de servicios con un ritmo apropiado de crecimiento (este está prácticamente detenido desde finales de los 90). La recuperación económica posterior al colapso institucional, si bien es considerable y reconocida internacionalmente, lo ha sido, con excepción de la agraria, mediante la capacidad instalada que dejó ociosa la crisis. Esa respuesta a una gestión adecuada de política económica para la emergencia no fue suficiente para mantener el normal crecimiento de los servicios públicos, amenazados por crisis en el sector de la energía, uno de los puntos donde se advierten diferencias internas en el poder político que impiden las inversiones.
Condicionadas por la actualización de las tarifas, la circunstancia obligó a la interrupción de exportaciones de gas a Chile, y a las importaciones de Venezuela y Bolivia a costos más elevados que los locales si se hubiera mantenido la regularidad de las inversiones. La escasez por la misma causa en los servicios eléctricos, mientras los funcionarios responsables y las más elevadas voces del gobierno apelaron al doble discurso, causaron confusión en los mercados de inversión sobre la gestión de los servicios públicos que se propone el Estado.
Tan equívocos mensajes concluyeron finalmente con dos hechos que poco se avienen con las necesidades señaladas por el Presidente en Alemania: el boicot a empresas de combustibles por haber aumentado precios, con la acción directa de piqueteros oficialistas, y la propuesta oficial del ministro de Justicia de la Nación para que nuestro país desconozca los fallos del tribunal arbitral del Banco Mundial sobre contratos de inversión por U$S 17.000 millones suscriptos.
El anuncio -tratado hace una semana editorialmente por LA GACETA- constituyó una señal de alarma entre los inversores, pero quedó finalmente sin efecto tras la propuesta de Kirchner a la empresa alemana Siemens para que reanude sus inversiones en el país, y la aclaración de ella de que no desistirá de una acción defensiva pendiente.
El interrogante que surge del viaje presidencial de negocios a Alemania apunta a saber cuál será finalmente la política oficial para recuperar la confianza perdida entre la comunidad de inversores, más allá de las necesidades de un año electoral donde el conflicto político dominante lo dirime el poder en el partido oficialista.
Los compromisos fueron acompañados también por la advertencia, no menos razonable, de que la sociedad argentina no puede resignarse a convivir con un desempleo de dos dígitos y con niveles de pobreza sin precedentes. Pero, entre esas seguridades sobre la recuperación de las inversiones en condiciones adecuadas y la protección de los valores sociales sin los cuales aquella no sería posible, media un complejo proceso de gestión que nuestras políticas públicas no han logrado todavía definir con claridad.
La continuidad en las inversiones es clave, en primer término, para mantener la infraestructura industrial y de servicios con un ritmo apropiado de crecimiento (este está prácticamente detenido desde finales de los 90). La recuperación económica posterior al colapso institucional, si bien es considerable y reconocida internacionalmente, lo ha sido, con excepción de la agraria, mediante la capacidad instalada que dejó ociosa la crisis. Esa respuesta a una gestión adecuada de política económica para la emergencia no fue suficiente para mantener el normal crecimiento de los servicios públicos, amenazados por crisis en el sector de la energía, uno de los puntos donde se advierten diferencias internas en el poder político que impiden las inversiones.
Condicionadas por la actualización de las tarifas, la circunstancia obligó a la interrupción de exportaciones de gas a Chile, y a las importaciones de Venezuela y Bolivia a costos más elevados que los locales si se hubiera mantenido la regularidad de las inversiones. La escasez por la misma causa en los servicios eléctricos, mientras los funcionarios responsables y las más elevadas voces del gobierno apelaron al doble discurso, causaron confusión en los mercados de inversión sobre la gestión de los servicios públicos que se propone el Estado.
Tan equívocos mensajes concluyeron finalmente con dos hechos que poco se avienen con las necesidades señaladas por el Presidente en Alemania: el boicot a empresas de combustibles por haber aumentado precios, con la acción directa de piqueteros oficialistas, y la propuesta oficial del ministro de Justicia de la Nación para que nuestro país desconozca los fallos del tribunal arbitral del Banco Mundial sobre contratos de inversión por U$S 17.000 millones suscriptos.
El anuncio -tratado hace una semana editorialmente por LA GACETA- constituyó una señal de alarma entre los inversores, pero quedó finalmente sin efecto tras la propuesta de Kirchner a la empresa alemana Siemens para que reanude sus inversiones en el país, y la aclaración de ella de que no desistirá de una acción defensiva pendiente.
El interrogante que surge del viaje presidencial de negocios a Alemania apunta a saber cuál será finalmente la política oficial para recuperar la confianza perdida entre la comunidad de inversores, más allá de las necesidades de un año electoral donde el conflicto político dominante lo dirime el poder en el partido oficialista.




