Preservar el derecho a la intimidad

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la reglamentación de la cuestionada ley de control de las comunicaciones telefónicas y por internet, que incluía la facultad de revisar los e-mails, los chats y las consultas de páginas web realizadas por cualquier persona. La decisión es el resultado de una rápida reacción de la opinión pública, que dio la alerta sobre la posibilidad de que el Estado coloque a todos los ciudadanos en condición de sospechosos, y que obligó al presidente Néstor Kirchner a que ordene un cambio de rumbo antes de que el escándalo opacara su gira por Alemania.
Distintos especialistas han advertido, sin embargo, que el nuevo decreto -que será firmado por el jefe de Poder Ejecutivo Nacional a su regreso de Europa- no dejará sin efecto los alcances de la ley sancionada dentro del paquete contra la inseguridad impulsado por Juan Carlos Blumberg. Se menciona que quedará firme la obligación de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones de almacenar, por un plazo de diez años, el tráfico de información de todos sus abonados.
En sintonía con la reacción de la opinión pública, algunos diputados nacionales presentaron proyectos para dejar sin efecto la ley. La rápida reacción presidencial para dar marcha atrás con el decreto reglamentario podría anticipar una saludable decisión oficial para impulsar que el Congreso actúe en idéntico sentido, y con un mayor alcance jurídico. Esto implicaría otro cambio de rumbo con referencia a la actitud asumida cuando el tema ocupaba la atención de los diputados y de los senadores, hace más de un año. Entonces, desde el Ministerio de Justicia se reclamó por la aprobación de la polémica ley en un corto plazo y los representantes del pueblo cumplieron con el mandato. El proyecto se aprobó sin debate y a mano alzada en la Cámara Baja, el 26 de noviembre de 2003, y fue sancionado el 17 de diciembre con la misma celeridad por la Cámara Alta.
En un apartado de la polémica de fondo, podría señalarse aquí otra grave observación al funcionamiento institucional del Poder Legislativo de la Nación. Aunque algunos parlamentarios reconocieron que el PEN podría haberse excedido en la reglamentación de una ley dictada para poder intervenir teléfonos celulares en caso de extorsiones o de secuestros, la realidad muestra que la cuestión no se discutió en profundidad ni con sentido de amplitud democrática. Las facultades presidenciales podrían haber puesto en jaque un derecho que está reconocido por la Constitución y por las leyes internacionales. El hecho de que se tratara de un posible daño a la intimidad de las personas motivó la reacción. Pero con otras normas cuyos efectos no fueron previstos o analizados por nuestros representantes no hubo igual suerte. La ley que acortó los plazos de la prescripción en las causas penales, aprobada también en un rápido trámite, es un ejemplo que sustenta esta afirmación.
Curiosamente, el mismo día que se conoció la marcha atrás del Gobierno, la Cámara del Crimen porteña reivindicó la privacidad de los correos electrónicos y declaró la invulnerabilidad de esta forma de comunicación. Otra muestra de que cuando el sistema funciona, los excesos siempre tienen límites.
Al anunciar la revisión del decreto reglamentario, el PEN sostuvo que la sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho a la intimidad planteaba la necesidad de hacer una norma más perfecta y de discutir otras alternativas. Saludable afirmación esta, que debería tomarse cómo una práctica cotidiana. Nada mejor para el sistema democrático que escuchar todas las opiniones como modo de encontrar un camino de consenso que preserve el sistema en el que todos elegimos convivir.