Responsabilidades

La inseguridad jurídica por la que se señala negativamente a nuestro país en la comunidad internacional y la carga con la más elevada deuda declarada en insolvencia son gruesos testimonios de la incapacidad de los sucesivos gobiernos y los partidos a su cargo desde la restauración constitucional. Sin embargo, la delgada frontera entre la responsabilidad política y la penal ha impedido indagar gestiones públicas y conductas causantes de aquellas situaciones, dando lugar a una elevada impunidad ética y moral, que ha desprestigiado a las dirigencias. Si alguna virtud tienen las crisis de magnitud histórica, como la que aún perdura en la República, es la posibilidad de poner fin a sus propias causas, fundamentalmente las políticas, iniciando un nuevo tiempo en el que la experiencia del pasado y el ejemplo de sus protagonistas representan un seguro de cambio para los sucesores. No ha sido esa, sin embargo, la alternativa que, salvo excepciones, provocó el colapso institucional que puso fin al gobierno de la Alianza, siguiendo el vertiginoso relevo que finalizó con la compleja elección presidencial.
La crisis ha cambiado o ha trastornado aspectos fundamentales de nuestra vida pública y privada, provocando una vasta recomposición social que se manifiesta en los índices de pobreza e indigencia, fuertemente contradictorios de los de riqueza potencial del país, además de degradar a vastos sectores de la clase media. Otra consecuencia singular ha sido la constitución masiva y sin precedentes de Organizaciones No Gubernamentales y grupos no formalizados para peticionar en defensa de intereses sectoriales. No menos llamativo es el espíritu de asociación sin precedentes que se advierte en las comunidades ante convocatorias por demandas que el Estado no atiende o lo hace deficientemente. Igualmente podrían señalarse otros comportamientos inéditos de la sociedad, que, a partir de la crisis, abandonó el criterio pasivo del "no te metás", asumiendo responsabilidades que le son propias. Nuestro sistema político representativo y una mayoría decisiva de sus dirigencias han resistido el cambio, convirtiendo a los grandes partidos en eficaces aparatos para acceder al poder, sin necesidad de integrarse con la sociedad democrática, como evidencian las encuestas. Las organizaciones partidarias no sólo desatendieron reiteradamente durante dos décadas la responsabilidad de reformar la política, sino que han eludido las consecuencias de la crisis.
Testimonios elocuentes de esa realidad inmutable pueden observarse cuando están por comenzar las actividades preelectorales en el orden nacional y se advierte que el resorte esencial de los aparatos partidarios, la lista sábana, goza de muy buena salud. No menos evidente es el protagonismo irrenunciable de la gerontocracia que, como en la provincia de Buenos Aires, perdura en los cargos clave o manipula a importantes funcionarios como peones de brega, haciendo de los comicios un capítulo más de la actividad partidaria. Esa situación se extrema en el oficialismo nacional y, en menor grado, en la primera oposición, donde también la pertinaz veteranía de los caudillos aleja a las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas de la militancia política. Si la crisis aportó fuertes convicciones democráticas a nuestra sociedad, no es menos cierto que las grandes organizaciones políticas no han sabido dar respuesta a esa evolución, poniendo en riesgo al sistema representativo. La lucha por el poder y su conservación, que distingue a esas dirigencias inmunes a la renovación es, por todo ello, el gran reto que la comunidad democrática nacional debe enfrentar con parecido protagonismo que el que está contribuyendo desde el llano a rescatar los valores perdidos.