Por Redacción Política
13 Abril 2005
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La adquisición, por parte del Estado, de 130.000 conjuntos deportivos para los alumnos de escasos recursos, se realizará a través de una licitación pública, abierta a todos los interesados. De este modo, se dejará de lado la cuestionada compra directa. El cambio de método transparentará la operación que reemplaza a la fallida adquisición de guardapolvos, que fue frenada por el Tribunal de Cuentas tras determinar falencias burocráticas.
El objetivo es efectuar el llamado en el menor plazo posible, y radica en la intención de tener los joggings disponibles antes de que comiencen los primeros días de frío intenso en la provincia. La concreción de la idea que circula en la Casa de Gobierno no tiene una fecha fija, pero sí un plazo tentativo: en principio, se quiere repartir los equipos hacia fines de junio.Según el secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, "se están preparando los expedientes para la licitación, con el firme propósito de avanzar rápidamente, porque nadie debe quedarse sin ?joggings?. Existe una decisión política del gobernador José Alperovich, que no se toma con un año de anticipación, pero esta vez tenemos tiempo para hacer un cotejo amplio", explicó el funcionario, para justificar el sistema elegido.
Las diferencias centrales entre ambos mecanismos de compra residen en que, mientras a la licitación puede presentarse cualquier oferente, en la compra directa el Estado puede decidir a quiénes invita a participar.
En este segundo régimen, además, los plazos son mucho más abreviados, y se restringen también las posibilidades de impugnaciones y de recursos administrativos.
Observación
El lunes, el Tribunal de Cuentas había vuelto a cuestionar el proceso para comprar vestimenta escolar, dentro del plan de inclusión lanzado por el Gobierno.
La objeción, esta vez, apuntaba a que no se podía seguir usando la resolución que estaba redactada para la adquisición de los delantales, en la operación sobre los conjuntos deportivos, por más que hubiera cambios parciales en su redacción.
En el acuerdo 645, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci afirmaron que, para el caso de que se disponga una nueva contratación, sea cual fuere el procedimiento que se emplee, es imprescindible que se cuente con toda la documentación técnica, jurídica, contable y presupuestaria.
En ese sentido, los vocales del organismo de control afirmaron que mantener el viejo llamado, modificado en parte, "resulta absolutamente improcedente en términos de idoneidad y finalidad instrumental, resultando objetable en lo jurídico".Ferre reconoció ayer que no se puede trabajar con la misma resolución, y que, indiscutiblemente, debe haber un nuevo llamado, con una fundamentación distinta de los asistentes sociales que justifiquen el cambio de vestimenta. La futura licitación deberá ser sometida al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
En el mismo acuerdo, el organismo estatal tomó conocimiento de la caída definitiva del trámite por los guardapolvos.
Afirman que el concejalBrito actuó de mala fe
Los informes detallados de los profesionales del Tribunal de Cuentas (TC), con todas las anormalidades detectadas en la presentación del concejal Miguel Brito, están ya en la Fiscalía de la VII Nominación. Entre los papeles remitidos aparece el detalle de las diferencias descubiertas entre lo aportado por el edil bussista y los originales que figuran en la licitación de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) para la compra de 182.000 bolsones.
La decisión del organismo de control de remitir el expediente a la Justicia Penal obligará ahora a determinar si el edil cometió o no algún delito, más allá de que la institución determinó que incurrió en una falsa denuncia al haber aportado documentación apócrifa, y lo sancionó con un severo llamado de atención.
Uno de los aspectos decisivos para el castigo fue que Brito afirmó haber tenido conocimiento del trámite administrativo, lo que implicaría (a criterio del organismo de control) que accedió a los papeles originales y los vio personalmente.
Las diferencias
En la comparación entre las fotocopias de los comprobantes presentados por Brito y los originales, se registró más de una decena de diferencias. La más importante es que en las copias entregadas por el concejal de FR no aparece el sello foliador de la SDS, el cual marca el orden lógico de un trámite administrativo.
El contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, mencionó también en su informe que la numeración del estampillado en los distintos papeles no coincide; que la forma de anulación de las estampillas fiscales es distinta; que tampoco coinciden la escritura de la palabra Tesorería ni la ubicación del sello de la empresa que obtuvo la licitación (Catherin Franca, de Carlos Nader).
Los dos juegos de documentación fueron estudiados por el asesor jurídico del TC, Guillermo Curia. "No puede invocar un error de conceptualización excusable para no advertir la grosería de sus fotocopias, que serían preparadas", afirmó el ex fiscal de Estado en la gestión de Ramón Ortega. Lo mismo opinó al analizar los papeles relacionados con la oferta de la firma Libertad.
"Existió realmente una clara intencionalidad descalificatoria del accionar del Estado, con lo que se pretendió utilizar este órgano de control externo con total desconocimiento de principios elementales de accionar público. El procedimiento de contratación resulta jurídicamente inobjetable y la oferta en cuestión se ajusta a las exigencias del pliego", señaló. Curia concluyó que el concejal bussista actuó de mala fe.
El bussista pide que se rectifique la acordada
Las diferencias entre el Tribunal de Cuentas y el concejal Miguel Brito (FR) se asemejan a una pelea en la que los pugilistas devuelven los puñetazos a golpe por golpe.
En un nuevo round de la disputa, ayer, el edil bussista concurrió a la sede del órgano de contralor para plantear por escrito su rechazo al acuerdo 628, en una nota dirigida a Miguel Chaibén Terraf. "Lo rechazo por absurdo, impertinente, improcedente y malicioso, ya que de su lectura resulta por de más evidente el penoso papel que usted (por Chaibén Terraf) y quienes tienen la responsabilidad de controlar las cuentas públicas desempeñan tornando inútil la existencia de esa institución", afirmó en el escrito.
En el mismo documento planteó que en un plazo de 48 horas se rectifiquen los términos del acuerdo. "Afirmar que las fotocopias habrían sido adulteradas para tal fin, es tan inconsistente como que yo afirme que el Gobierno ha cambiado el expediente y las fojas o que el tribunal ha operado de cómplice en la maniobra. Nadie puede afirmar algo de tamaña naturaleza de manera tan irresponsable", dijo.
Investigación
Brito admitió su malestar por las repercusiones del caso y reaccionó contra los miembros del Tribunal de Cuentas. "La intencionalidad que me adjudican implica una acusación de delitos que considero de gravedad y que los firmantes del acuerdo deberán probar en sede judicial y en forma personal, pues los considero injuriosos y calumniosos ocasionándome un grave daño moral atento a mi cargo de concejal", precisó.Recomendó investigar a quienes tienen los expedientes en sus manos, a quienes manejan los sellos foliadores, a quienes tienen la posibilidad -señaló- de armar otro expediente paralelo. También pidió a los legisladores de Fuerza Republicana que analicen la posibilidad de solicitar la destitución de Chaibén Terraf del Tribunal de Cuentas.
El objetivo es efectuar el llamado en el menor plazo posible, y radica en la intención de tener los joggings disponibles antes de que comiencen los primeros días de frío intenso en la provincia. La concreción de la idea que circula en la Casa de Gobierno no tiene una fecha fija, pero sí un plazo tentativo: en principio, se quiere repartir los equipos hacia fines de junio.Según el secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, "se están preparando los expedientes para la licitación, con el firme propósito de avanzar rápidamente, porque nadie debe quedarse sin ?joggings?. Existe una decisión política del gobernador José Alperovich, que no se toma con un año de anticipación, pero esta vez tenemos tiempo para hacer un cotejo amplio", explicó el funcionario, para justificar el sistema elegido.
Las diferencias centrales entre ambos mecanismos de compra residen en que, mientras a la licitación puede presentarse cualquier oferente, en la compra directa el Estado puede decidir a quiénes invita a participar.
En este segundo régimen, además, los plazos son mucho más abreviados, y se restringen también las posibilidades de impugnaciones y de recursos administrativos.
Observación
El lunes, el Tribunal de Cuentas había vuelto a cuestionar el proceso para comprar vestimenta escolar, dentro del plan de inclusión lanzado por el Gobierno.
La objeción, esta vez, apuntaba a que no se podía seguir usando la resolución que estaba redactada para la adquisición de los delantales, en la operación sobre los conjuntos deportivos, por más que hubiera cambios parciales en su redacción.
En el acuerdo 645, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci afirmaron que, para el caso de que se disponga una nueva contratación, sea cual fuere el procedimiento que se emplee, es imprescindible que se cuente con toda la documentación técnica, jurídica, contable y presupuestaria.
En ese sentido, los vocales del organismo de control afirmaron que mantener el viejo llamado, modificado en parte, "resulta absolutamente improcedente en términos de idoneidad y finalidad instrumental, resultando objetable en lo jurídico".Ferre reconoció ayer que no se puede trabajar con la misma resolución, y que, indiscutiblemente, debe haber un nuevo llamado, con una fundamentación distinta de los asistentes sociales que justifiquen el cambio de vestimenta. La futura licitación deberá ser sometida al control preventivo del Tribunal de Cuentas.
En el mismo acuerdo, el organismo estatal tomó conocimiento de la caída definitiva del trámite por los guardapolvos.
Los informes detallados de los profesionales del Tribunal de Cuentas (TC), con todas las anormalidades detectadas en la presentación del concejal Miguel Brito, están ya en la Fiscalía de la VII Nominación. Entre los papeles remitidos aparece el detalle de las diferencias descubiertas entre lo aportado por el edil bussista y los originales que figuran en la licitación de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) para la compra de 182.000 bolsones.
La decisión del organismo de control de remitir el expediente a la Justicia Penal obligará ahora a determinar si el edil cometió o no algún delito, más allá de que la institución determinó que incurrió en una falsa denuncia al haber aportado documentación apócrifa, y lo sancionó con un severo llamado de atención.
Uno de los aspectos decisivos para el castigo fue que Brito afirmó haber tenido conocimiento del trámite administrativo, lo que implicaría (a criterio del organismo de control) que accedió a los papeles originales y los vio personalmente.
Las diferencias
En la comparación entre las fotocopias de los comprobantes presentados por Brito y los originales, se registró más de una decena de diferencias. La más importante es que en las copias entregadas por el concejal de FR no aparece el sello foliador de la SDS, el cual marca el orden lógico de un trámite administrativo.
El contador fiscal general del TC, Ricardo Contino, mencionó también en su informe que la numeración del estampillado en los distintos papeles no coincide; que la forma de anulación de las estampillas fiscales es distinta; que tampoco coinciden la escritura de la palabra Tesorería ni la ubicación del sello de la empresa que obtuvo la licitación (Catherin Franca, de Carlos Nader).
Los dos juegos de documentación fueron estudiados por el asesor jurídico del TC, Guillermo Curia. "No puede invocar un error de conceptualización excusable para no advertir la grosería de sus fotocopias, que serían preparadas", afirmó el ex fiscal de Estado en la gestión de Ramón Ortega. Lo mismo opinó al analizar los papeles relacionados con la oferta de la firma Libertad.
"Existió realmente una clara intencionalidad descalificatoria del accionar del Estado, con lo que se pretendió utilizar este órgano de control externo con total desconocimiento de principios elementales de accionar público. El procedimiento de contratación resulta jurídicamente inobjetable y la oferta en cuestión se ajusta a las exigencias del pliego", señaló. Curia concluyó que el concejal bussista actuó de mala fe.
Las diferencias entre el Tribunal de Cuentas y el concejal Miguel Brito (FR) se asemejan a una pelea en la que los pugilistas devuelven los puñetazos a golpe por golpe.
En un nuevo round de la disputa, ayer, el edil bussista concurrió a la sede del órgano de contralor para plantear por escrito su rechazo al acuerdo 628, en una nota dirigida a Miguel Chaibén Terraf. "Lo rechazo por absurdo, impertinente, improcedente y malicioso, ya que de su lectura resulta por de más evidente el penoso papel que usted (por Chaibén Terraf) y quienes tienen la responsabilidad de controlar las cuentas públicas desempeñan tornando inútil la existencia de esa institución", afirmó en el escrito.
En el mismo documento planteó que en un plazo de 48 horas se rectifiquen los términos del acuerdo. "Afirmar que las fotocopias habrían sido adulteradas para tal fin, es tan inconsistente como que yo afirme que el Gobierno ha cambiado el expediente y las fojas o que el tribunal ha operado de cómplice en la maniobra. Nadie puede afirmar algo de tamaña naturaleza de manera tan irresponsable", dijo.
Investigación
Brito admitió su malestar por las repercusiones del caso y reaccionó contra los miembros del Tribunal de Cuentas. "La intencionalidad que me adjudican implica una acusación de delitos que considero de gravedad y que los firmantes del acuerdo deberán probar en sede judicial y en forma personal, pues los considero injuriosos y calumniosos ocasionándome un grave daño moral atento a mi cargo de concejal", precisó.Recomendó investigar a quienes tienen los expedientes en sus manos, a quienes manejan los sellos foliadores, a quienes tienen la posibilidad -señaló- de armar otro expediente paralelo. También pidió a los legisladores de Fuerza Republicana que analicen la posibilidad de solicitar la destitución de Chaibén Terraf del Tribunal de Cuentas.
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