Detectan a 11 estatales que cobraban subsidios sociales

La investigación penal por el cobro simultáneo de sueldos del Estado y planes asistenciales para desocupados puso al decubierto nuevos casos en una repartición pública provincial. Esta vez fue el turno de la Secretaría de Coordinación de Municipalidades y Comunas Rurales, que conduce Sergio Mansilla, donde se descubrió a once empleados en infracción.
El fiscal federal Carlos Brito solicitó al juez federal Jorge Parache que cite a los trabajadores imputados a prestar declaración indagatoria, como presuntos autores del delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional. El funcionario judicial comprobó que estos percibieron los subsidios para desocupados ($ 150 por mes), al mismo tiempo que se desempeñaban en la oficina pública y cobraban su salario.
Brito remitió al magistrado copias de los listados de beneficiarios del Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y del padrón de estatales, así como 32 recibos originales de pago del Banco del Tucumán.

Expedientes abiertos
Los empleados de esta Secretaría se suman a las casi 120 causas abiertas por Brito, por el cobro indebido de haberes. La mayoría pertenece a agentes de la Policía provincial. Los expedientes fueron iniciados luego de que LA GACETA publicó, el 28 de marzo de 2004, que comisionados rurales en actividad cobraban como desocupados.
Hasta el momento, ninguno de empleados que ya fueron acusados por Brito fue citado por el juez para declarar. Parache se excusó, por razones de turno, y remitió todo a Felipe Terán.
Este todavía debe resolver si es competente o no: en caso positivo, entenderá en los hechos; si opina negativamente, se debe formar un incidente de excusación en la Cámara Federal de Apelaciones, la que decidirá el juez actuante. Hasta que esto se produzca, Parache impulsará los expedientes para no paralizar el proceso.
La Cámara Federal debe pronunciarse también sobre las apelaciones presentadas por varios dirigentes políticos del interior, o sus esposas, a los procesamientos dictados en primera instancia. En la causa más vieja está procesada (sin prisión preventiva) la comisionada rural de San Andrés, Carla Martín, porque entre noviembre de 2003 y enero de 2004 cobró su sueldo y el plan social. En este caso actuó Terán.