Por Redacción Política
12 Abril 2005
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Apenas se enteró por LA GACETA sobre el resultado de la auditoría en la Municipalidad de Famaillá, el intendente de esa ciudad, José Orellana, presentó un pedido de impugnación de ese informe contable.
El trámite lo efectuó ayer el abogado Javier Lobo Aragón (ex legislador) ante el juez en lo Penal de la I Nominación, Alfonso Zottoli, quien entiende en la causa caratulada "Administración fraudulenta".
"Hicimos una presentación en el juzgado para aclarar la situación e impugnar la auditoría del Tribunal de Cuentas, porque no estamos de acuerdo en los puntos que se han objetado. En todo momento consideramos no haber incurrido en delito penal alguno, ni en haber malversado o gastado indebidamente los fondos públicos". Con estas palabras, Orellana retrucó el trabajo contable realizado por los contadores fiscales Germán López y Horacio Heredia.
"Lo que hacen ellos (los auditores) son meras objeciones sobre el procedimiento interno administrativo. No son delitos penales, sino objeciones de forma, que quedarán a criterio del juez para ser juzgadas", remarcó Orellana.
Con la frente alta
Orellana admitió que la noticia lo dejó sorprendido, pero resaltó que no hubo malversación. "Eso lo sostenemos con la frente bien alta", señaló.
El jefe municipal dijo estar tranquilo respecto del futuro pronunciamiento judicial. "Confío en lo que hará el juez cuando en su momento tenga que tomar una decisión, pero queremos aclararle a la gente que trabajamos en forma transparente, y que somos respetuosos de las leyes", afirmó.
Uno de los casos mencionados en la auditoría hace referencia a un pago en favor de "Casa Mikael", una firma comercial famaillense. "Tenemos un convenio con el sindicato municipal, a quien le pagamos en todo concepto lo que es retención de haberes al personal permanente, que acuerda créditos con los comerciantes. Soy un intermediario entre obreros y comerciantes", precisó.
Orellana detalló que los $ 160 diarios de viáticos fueron autorizados por el Concejo Deliberante en una ordenanza, que luego se dejó sin efecto. Dijo que en los contratos con asesores se acordó únicamente un sueldo fijo y que de las cuestiones previsionales debía ocuparse el mismo funcionario, que, a su vez, tiene convenios con otras instituciones.
La auditoría contable complica al intendente
La renuncia del contador general de la Municipalidad fue el inicio de un dolor de cabeza para el intendente José Orellana. Ocurrió el 15 de marzo de 2004. Aquel día, Alberto Musa presentó su renuncia al cargo. Pero además del portazo, el ex funcionario se fue denunciando -por escrito- al jefe municipal por irregularidades en el manejo de los dineros públicos.
"Aquí hay malversación de caudales públicos y, eventualmente, peculado. La prueba de ello está consignada en los resúmenes bancarios", había dicho Musa en aquel momento.
A más de un año de aquella acusación, ahora, Musa disfruta del informe que realizaron los contadores fiscales. "Me siento reconfortado, porque se ha verificado todo lo que he denunciado. Se ha hecho justicia. Incluso los auditores recomiendan hacer un peritaje caligráfico, porque no coincide mi firma en algunos documentos que ellos presentaron", afirmó.
Para efectuar el trabajo de investigación, los auditores Germán López y Horacio Heredia se basaron en informes del Banco del Tucumán y del Banco Nación (ambos de las sucursales de Famaillá). También pidieron datos a la Anses, AFIP-DGI y a la Secretaría de Coordinación entre Municipios y Comunas Rurales, de Sergio Mansilla.
Cuestionamientos
Los auditores detectaron un pago de $ 1.500 en favor de Roberto Jesús Rojas, en concepto de haberes adeudados en el período 1999-2001. Pero observaron que no existió un cálculo de base de la supuesta deuda salarial. Tampoco existe el decreto que autoriza ese pago y el libramiento 448 abonado el 28 de octubre de 2003 no reúne los requisitos exigidos (sin fecha, sin expediente, sin decreto y sin firma del área interviniente).
En el expediente 3366-SG-03 no se justifica el pago de $ 75 en concepto de reintegro de gastos por tarjeta telefónica, porque -según los auditores- no se dio cumplimiento al procedimiento administrativo del régimen de contrataciones (ordenanza 2098, artículo 4, inciso C). Además, en las actuaciones no consta la intervención de contaduría y en la administración pública no existe la modalidad reintegro de gastos.
Los auditores confeccionaron 24 notas de observación. Sólo en la nota 13 aparece un total de gastos por $ 66.334,26 sobre los que la Municipalidad no informa ni adjunta documentación justificativa.
El trámite lo efectuó ayer el abogado Javier Lobo Aragón (ex legislador) ante el juez en lo Penal de la I Nominación, Alfonso Zottoli, quien entiende en la causa caratulada "Administración fraudulenta".
"Hicimos una presentación en el juzgado para aclarar la situación e impugnar la auditoría del Tribunal de Cuentas, porque no estamos de acuerdo en los puntos que se han objetado. En todo momento consideramos no haber incurrido en delito penal alguno, ni en haber malversado o gastado indebidamente los fondos públicos". Con estas palabras, Orellana retrucó el trabajo contable realizado por los contadores fiscales Germán López y Horacio Heredia.
"Lo que hacen ellos (los auditores) son meras objeciones sobre el procedimiento interno administrativo. No son delitos penales, sino objeciones de forma, que quedarán a criterio del juez para ser juzgadas", remarcó Orellana.
Con la frente alta
Orellana admitió que la noticia lo dejó sorprendido, pero resaltó que no hubo malversación. "Eso lo sostenemos con la frente bien alta", señaló.
El jefe municipal dijo estar tranquilo respecto del futuro pronunciamiento judicial. "Confío en lo que hará el juez cuando en su momento tenga que tomar una decisión, pero queremos aclararle a la gente que trabajamos en forma transparente, y que somos respetuosos de las leyes", afirmó.
Uno de los casos mencionados en la auditoría hace referencia a un pago en favor de "Casa Mikael", una firma comercial famaillense. "Tenemos un convenio con el sindicato municipal, a quien le pagamos en todo concepto lo que es retención de haberes al personal permanente, que acuerda créditos con los comerciantes. Soy un intermediario entre obreros y comerciantes", precisó.
Orellana detalló que los $ 160 diarios de viáticos fueron autorizados por el Concejo Deliberante en una ordenanza, que luego se dejó sin efecto. Dijo que en los contratos con asesores se acordó únicamente un sueldo fijo y que de las cuestiones previsionales debía ocuparse el mismo funcionario, que, a su vez, tiene convenios con otras instituciones.
La renuncia del contador general de la Municipalidad fue el inicio de un dolor de cabeza para el intendente José Orellana. Ocurrió el 15 de marzo de 2004. Aquel día, Alberto Musa presentó su renuncia al cargo. Pero además del portazo, el ex funcionario se fue denunciando -por escrito- al jefe municipal por irregularidades en el manejo de los dineros públicos.
"Aquí hay malversación de caudales públicos y, eventualmente, peculado. La prueba de ello está consignada en los resúmenes bancarios", había dicho Musa en aquel momento.
A más de un año de aquella acusación, ahora, Musa disfruta del informe que realizaron los contadores fiscales. "Me siento reconfortado, porque se ha verificado todo lo que he denunciado. Se ha hecho justicia. Incluso los auditores recomiendan hacer un peritaje caligráfico, porque no coincide mi firma en algunos documentos que ellos presentaron", afirmó.
Para efectuar el trabajo de investigación, los auditores Germán López y Horacio Heredia se basaron en informes del Banco del Tucumán y del Banco Nación (ambos de las sucursales de Famaillá). También pidieron datos a la Anses, AFIP-DGI y a la Secretaría de Coordinación entre Municipios y Comunas Rurales, de Sergio Mansilla.
Cuestionamientos
Los auditores detectaron un pago de $ 1.500 en favor de Roberto Jesús Rojas, en concepto de haberes adeudados en el período 1999-2001. Pero observaron que no existió un cálculo de base de la supuesta deuda salarial. Tampoco existe el decreto que autoriza ese pago y el libramiento 448 abonado el 28 de octubre de 2003 no reúne los requisitos exigidos (sin fecha, sin expediente, sin decreto y sin firma del área interviniente).
En el expediente 3366-SG-03 no se justifica el pago de $ 75 en concepto de reintegro de gastos por tarjeta telefónica, porque -según los auditores- no se dio cumplimiento al procedimiento administrativo del régimen de contrataciones (ordenanza 2098, artículo 4, inciso C). Además, en las actuaciones no consta la intervención de contaduría y en la administración pública no existe la modalidad reintegro de gastos.
Los auditores confeccionaron 24 notas de observación. Sólo en la nota 13 aparece un total de gastos por $ 66.334,26 sobre los que la Municipalidad no informa ni adjunta documentación justificativa.
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