12 Abril 2005 Seguir en 
San Miguel de Tucumán tiene numerosos problemas, pero hay uno que no se puede disimular: el que tiene que ver con el colapso del sistema cloacal. Una crónica de LA GACETA puso recientemente de manifiesto que el 30% de las 530.000 personas que viven en esta capital sufre las consecuencias del afloramiento de napas subterráneas que parecen haber convertido a la ciudad en un manantial de aguas servidas. Por ello, es esperanzador el anuncio del gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo. Este informó que, dentro de unos meses, comenzará la construcción de un troncal que desembocará en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ubicada en San Felipe, que también será ampliada. Este trabajo, que se concretará gracias a un crédito especial de $ 21 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que estará terminado el próximo año, permitirá que 100.000 personas dejen de padecer una incómoda situación.
El principal escollo es la antigüedad de la red cloacal, originariamente pensada para una ciudad con una población menor que la actual. A ello hay que sumar la falta de inversiones sistemáticas, lo que durante las últimas décadas se fue traduciendo en el postergar obras de mantenimiento imprescindibles. Entonces, no debe sorprender que los vecinos denuncien que, en la zona próxima a la planta de San Felipe, los niños no pueden salir a jugar a la calle -deben estar encerrados en las casas- por los olores nauseabundos y por el temor a que contraigan alguna enfermedad.
En ciudades europeas en las que llueve casi todos los días y en las que la cantidad de agua caída es muy superior a la que se registra en esta capital, las bocatormentas parecen verdaderas esponjas que absorben con eficiencia el líquido. Aquí, en cambio -y esta es la segunda causa del problema-, caen algunas gotas y las calles literalmente se vuelven intransitables. Es tal la cantidad de basura que se filtra por las bocacalles que estas, rápidamente, se taponan. El agua, entonces, comienza a desbordarse y corre por veredas y aceras arrastrando todo lo que puede. Esto pone de manifiesto la falta de un sistema pluvial integral de control de la napa freática.
La red cloacal es, además, la caja de resonancia del zigzagueante derrotero que siguió a la privatización de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) durante la década de los 90. Muchas obras proyectadas quedaron truncas. A partir de 1998 y tras la decisión del gobierno de Antonio Bussi de rescindir el contrato de concesión del servicio que, por 30 años, había obtenido en 1995 la Compañía de Aguas del Aconquija, se fue institucionalizando una política de parches y de transiciones interminables. Primero fue la Nación, por medio del gerenciamiento del Enhosa (1999), y luego Obras Sanitarias de Tucumán (OST), que se hicieron cargo del servicio, pero siempre bajo la premisa de que había que mantener aquello que resultara impostergable hasta que se resolviera el problema de fondo. Ya en 2001, la OST había advertido que el sistema de cloacas estaba al borde del colapso. La creación de la SAT, el último día de 2003, parece haber venido a cerrar este ciclo que ya suma ocho años.
Urge trazar políticas -e implementarlas- de largo plazo. El cortoplacismo del ir detrás de los acontecimientos termina siendo un remedio más costoso que la enfermedad. Los expertos calculan que harían falta más de $ 50 millones para encarar soluciones globales. Pero existen fondos internacionales disponibles para proyectos que apuntan a resolver problemas de salubridad pública. Es la hora de concretarlos, para que la Defensoría del Pueblo no colapse con la cantidad de quejas, como sucede con las calles cuando llueve.
El principal escollo es la antigüedad de la red cloacal, originariamente pensada para una ciudad con una población menor que la actual. A ello hay que sumar la falta de inversiones sistemáticas, lo que durante las últimas décadas se fue traduciendo en el postergar obras de mantenimiento imprescindibles. Entonces, no debe sorprender que los vecinos denuncien que, en la zona próxima a la planta de San Felipe, los niños no pueden salir a jugar a la calle -deben estar encerrados en las casas- por los olores nauseabundos y por el temor a que contraigan alguna enfermedad.
En ciudades europeas en las que llueve casi todos los días y en las que la cantidad de agua caída es muy superior a la que se registra en esta capital, las bocatormentas parecen verdaderas esponjas que absorben con eficiencia el líquido. Aquí, en cambio -y esta es la segunda causa del problema-, caen algunas gotas y las calles literalmente se vuelven intransitables. Es tal la cantidad de basura que se filtra por las bocacalles que estas, rápidamente, se taponan. El agua, entonces, comienza a desbordarse y corre por veredas y aceras arrastrando todo lo que puede. Esto pone de manifiesto la falta de un sistema pluvial integral de control de la napa freática.
La red cloacal es, además, la caja de resonancia del zigzagueante derrotero que siguió a la privatización de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) durante la década de los 90. Muchas obras proyectadas quedaron truncas. A partir de 1998 y tras la decisión del gobierno de Antonio Bussi de rescindir el contrato de concesión del servicio que, por 30 años, había obtenido en 1995 la Compañía de Aguas del Aconquija, se fue institucionalizando una política de parches y de transiciones interminables. Primero fue la Nación, por medio del gerenciamiento del Enhosa (1999), y luego Obras Sanitarias de Tucumán (OST), que se hicieron cargo del servicio, pero siempre bajo la premisa de que había que mantener aquello que resultara impostergable hasta que se resolviera el problema de fondo. Ya en 2001, la OST había advertido que el sistema de cloacas estaba al borde del colapso. La creación de la SAT, el último día de 2003, parece haber venido a cerrar este ciclo que ya suma ocho años.
Urge trazar políticas -e implementarlas- de largo plazo. El cortoplacismo del ir detrás de los acontecimientos termina siendo un remedio más costoso que la enfermedad. Los expertos calculan que harían falta más de $ 50 millones para encarar soluciones globales. Pero existen fondos internacionales disponibles para proyectos que apuntan a resolver problemas de salubridad pública. Es la hora de concretarlos, para que la Defensoría del Pueblo no colapse con la cantidad de quejas, como sucede con las calles cuando llueve.
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