Una auditoría detectó que en Famaillá se utilizan fondos públicos sin rendir cuentas

Desde hace dos semanas, el juez en lo Penal de la primera nominación, Alfonso Zottoli, tiene en sus manos una brasa muy caliente. Se trata de una auditoría contable en la que se detectaron gravísimas irregularidades cometidas en la Municipalidad de Famaillá, que conduce el intendente José Fernando Orellana (PJ). El magistrado había solicitado el año pasado una investigación contable para establecer el destino que se les dio a los fondos extraídos de las cuentas bancarias de ese municipio, en un período de siete meses (entre noviembre de 2003 y mayo de 2004).
El Tribunal de Cuentas encomendó la tarea de investigación a los contadores fiscales Germán López y Horacio Heredia. Los especialistas se sumergieron en un mar de números y de cuentas bancarias para chequear cada uno de los movimientos financieros realizados por Orellana en el período analizado por la Justicia.
Como dos sabuesos con una lupa en la mano, los técnicos desarrollaron un arduo trabajo que fue entregado al despacho de la fiscalía de Instrucción de la primera nominación el 22 de marzo. En ese relevamiento detectaron que en la Municipalidad no se cumple con las leyes de contabilidad; que se retiran fondos públicos de cajas bancarias pero no se rinde cuenta y que se efectúan pagos a terceros sin la documentación correspondiente.
Además revelaron al juez que detectaron decretos sin fecha, en algunos casos y en otros, con fechas cambiadas. En el punto siete del informe, por ejemplo, se menciona el decreto 594/03 del 31 de diciembre de 2003, que lleva la firma el intendente Orellana y de Héctor René Soria como contador general municipal, siendo que en ese momento el funcionario a cargo de la contaduría era Alberto Musa.
El trabajo de auditoría fue volcado en una voluminosa carpeta con más de 300 carillas que quedó reservada en una caja de seguridad en el anexo de fiscalía, junto con toda la documentación relacionada con la causa.
Otro de los puntos observados por los auditores es el que hace referencia a un pago a una firma comercial famaillense identificada como "Casa Mikael". Se trata de retenciones efectuadas al personal municipal por pensiones alimenticias. Los auditores detectaron que, por la firma del libramiento, figura como recibido por Juan Nicolás Vázquez, secretario de Finanzas del sindicato municipal, cuando tendría que haber cobrado el responsable de la casa de comercio mencionada.
También se revela que ordenaron pagos a un taller mecánico por reparación de vehículos, pero la resolución de pago no tiene la firma de ningún funcionario municipal. Algo similar ocurrió con pagos a radios de frecuencia modulada, a un listado de presuntos empleados del Concejo Deliberante y a estaciones de servicio, bares, funcionarios del gabinete municipal, entre otros.
Uno de los casos más frecuentes que encontraron los auditores fue el pago a supuestos asesores del municipio sin documentación respaldatoria. Por ejemplo, el 7 de mayo de 2004 se firmó un libramiento de pago en favor de Juan Miranda por $ 1.000.
El decreto que lo designa establece la figura de asesor, cuando debería haberse firmado un contrato de locación. No establece la relación con el fisco, en lo que se refiere al aspecto previsional e impositivo. Tampoco se determina el tiempo de la relación laboral ni la partida presupuestaria mediante la cual se haría frente al gasto.
El 20 de noviembre de 2003 se compraron materiales de construcción, pero no se justificó la necesidad de urgencia y no existen informes que hayan dejado constancia de la recepción de los elementos adquiridos por el Estado municipal.
Las anomalías informadas por los auditores involucran no sólo al intendente Orellana sino también a varios de sus principales colaboradores.