Afirman que a la Nación no le compete estudiar si la minera contamina el ambiente en la provincia

Sigue engrosándose la lista de quienes critican al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por haber afirmado que la empresa Minera Alumbrera trabaja en regla. El constitucionalista Luis Iriarte afirmó que los dichos del funcionario son inadmisibles, porque el Gobierno federal carece de jurisdicción y de competencia en la materia.
"De las mismas declaraciones de Mayoral surge que habla de lo que no conoce. Reconoció que no fueron realizados los estudios de impacto ambiental que deben formalizarse antes del inicio de la actividad, según el artículo 251 del Código de Minería", afirmó el profesor de Derecho Constitucional de la UNT.
Pese a reconocer que estaba convencido de que la compañía no contaminaba el ambiente, el funcionario propuso un estudio y un trabajo conjunto entre el Gobierno, la firma y las universidades especializadas en la materia.
Según Iriarte, Mayoral parece desconocer que las provincias tienen jurisdicción ambiental. "En Tucumán rige la Ley 6.253, que prescribe que los recursos naturales son patrimonio de la sociedad. Además, instituye un Consejo Provincial de Economía y Ambiente (CPEA), integrado por universidades, empresarios, ONG ambientales y organismos estatales vinculados al tema. Sólo el CPEA debería analizar los estudios de impacto ambiental que la empresa aún no concretó, y otorgar o denegar el certificado de aptitud", detalló.
El constitucionalista advierte que el CPEA fue siendo progresivamente privado de su competencia. "Así fue autorizada la iniciación del mineralducto y que el agua extraída al concentrado de mineral fuera arrojada al canal artificial (DP2), que desemboca en el dique Frontal", concluyó.
Antes que Iriarte, el legislador Alejandro Sangenis y la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán habían criticado a Mayoral. Sólo la empresa que explota el yacimiento de Bajo La Alumbrera (Catamarca), que posee una planta de filtrado en Ranchillos, se había mostrado satisfecha con las declaraciones del funcionario.
Al margen de la polémica, la Justicia Federal investiga al presidente de la firma, Julián Rooney, por la posible contaminación del canal DP2 y de las aguas del Frontal.