Miguel Angel Pierri. (TW|@miguepierri)
Luis Alejandro Ontiveros, el hombre denunciado por presunto tráfico de influencias en una causa que se tramitaba en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se prepara para ser indagado como imputado en poco tiempo. Para ello decidió reforzar su estrategia defensiva y contrató al abogado porteño Miguel Angel Pierri, famoso por tener participación en casos resonantes. Entre otros, Pierri fue representante de Carlos Menem, de la familia del cantante Rodrigo Bueno, del barrabrava de Boca, Fernando Di Zeo, del ex conductor televisivo Silvio Soldán, del portero Jorge Mangeri, condenado en la causa por el crimen de Ángeles Rawson, de Antonio Gasalla, de Jorge Rial, de “Chiche” Gelblung, de Víctor Hugo Morales, de Leandro Santoro, de Rubén “El Pepo” Castiñeiras, de Ricardo Caruso Lombardi y de Leonardo Cositorto, entre otros. Además, según su propia página web, fue asesor letrado de la Legislatura de Tucumán.
Según el expediente, el 29 de abril de 2025, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se presentó espontáneamente en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit y relató cómo Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido un fallo favorable en una causa que afectaba a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de una coima, señalando a Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y postulante a jueza federal, como la encargada de redactar la sentencia ofertada. Según el denunciante, Ontiveros le habría ofrecido el sobreseimiento de su hijo por una suma de U$S100.000.
Al respecto, Casella le dijo a LA GACETA que “nunca existió ni existe una sola prueba en todo el expediente de que el señor Ontiveros hubiera siquiera pronunciado mi nombre. Tampoco existe una sola prueba en todo el expediente de que él mismo hubiera solicitado dinero para influenciar de alguna manera en la causa del hijo del denunciante”. “Lo único que existe acá es una denuncia de una persona que tiene a su hijo procesado por lavado de activos y asociación ilícita que afirma que mi pareja le pidió dinero a cambio de una sentencia, pero no acompaña una sola prueba que demuestre dicho delito, y que además menciona mi nombre, entiendo yo que con el sólo objeto de deshonrarme en la prensa para que no me designen Jueza Federal Electoral”, aseguró Casella.
Pero, mientras tanto, el fiscal Chit avanzó con la causa. Sobre la base de la presentación del denunciante, determinó que Ontiveros había utilizado un vehículo Fiat Toro bordó, registrado a nombre de la Corte Suprema de la Nación, y asignado a la vocalía del juez Mario Leal, un dato corroborado por la propia Cámara Federal. Según el denunciante, en ese vehículo se habría movilizado Ontiveros en una de las ocasiones en las que le habría ofrecido dinero. Además, Chit acreditó la existencia de un “vínculo personal no filial” entre Ontiveros y Leal, que Ontiveros utilizaba la billetera virtual del juez para pagos, que Casella era relatora asignada a Leal, y que dos de los hermanos de Ontiveros también trabajaban en el Poder Judicial de la Nación, en la vocalía de Leal. En el marco de la causa, además, el juez federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, ordenó el secuestro del celular de Ontiveros, y ya se hizo una extracción del contenido utilizando software y hardware forense de Cellebrite (con sus herramientas UFED), para obtener de manera legal y segura información de dispositivos móviles.
En principio, la defensa de Ontiveros estuvo en manos del abogado Pablo Macarón, y luego se sumó su colega Camilo Atim, quien asumió como defensor principal. Pero ahora el sospechado decidió ampliar la estrategia. Y para eso recurrió a Pierri. Según una cédula a la que accedió LA GACETA, en el juzgado de Díaz Vélez, Ontiveros requirió que “atento a la complejidad de la causa” requirió designar como defensor de confianza “al doctor Miguel Angel Pierri y a Martín Montalto, también del estudio Pierri, “a los fines de que de manera conjunta o indistinta asuman mi representación técnica”. Pero al mismo tiempo dijeron que Atim seguiría siendo parte de la defensa. Ante esto desde el juzgado pidieron una aclaratoria ya que sólo puede haber dos abogados y así se decidió que Macarón deje de ser parte de la defensa, y que esta sea llevada adelante por Pierri y por Atim.
LA GACETA se comunicó con Pierri, quien se encuentra en el exterior (trabaja como agente FIFA). El letrado consignó que “recibí una propuesta y elevamos una designación al excelentísimo juzgado del fuero, donde además solicito poder sumarme con un defensor de mi equipo -sea como sustituto- y solicitando expresamente 10 días hábiles para estudiar las actuaciones para poder actuar en igualdad de armas” “Esperamos la resolución a esa designación con total apego a lo que resuelva el Señor Juez. Tengo un entrañable respeto por el servicio de justicia de su provincia”, agregó y advirtió que la causa en sí le había despertado “especial atención” por lo cual una vez que pueda tener acceso al expediente comenzará a estudiarlo.








