La defensa de Ontiveros insiste en que la causa por presunto tráfico de influencias está armada

La situación de Luis Ontiveros, el hombre al que se investiga por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones, más específicamente en la vocalía de Mario Leal, está cada vez más aliviada según hicieron trascender sus allegados luego de la declaración de dos testigos y de lo que ellos consideran que están aportando pruebas que lo desvinculan del caso. A todo esto se oponen tanto la fiscalía como la querella, que advierten que la situación no se ha modificado en nada y que la investigación está siguiendo los pasos por ellos esperados. Justamente durante la declaración de los testigos de referencia, el abogado Camilo Atim, representante de Ontiveros, habría sostenido que “mi defendido ha sido víctima de una denuncia armada sobre bases falsas”.

En los últimos días, la estrategia de la defensa se concentró en exhibir inconsistencias en el relato del denunciante, Mario Martínez Salazar, y en señalar lo que consideran graves irregularidades judiciales en el trámite de la causa. Mientras tanto, la fiscalía y la querella insisten en que las sospechas contra Ontiveros se mantienen firmes y que los intentos de desacreditar el expediente no logran desvirtuar los hechos investigados.

Los abogados defensores. Atim y Facundo Macarón, sostienen que el corazón de la acusación se derrumba a partir de los testimonios que contradicen frontalmente al denunciante. En ese sentido, destacaron la declaración de Juan José de la Cruz, a quien Martínez Salazar había mencionado como acompañante en un primer encuentro clave con Ontiveros. Según la versión del denunciante, allí se habría planteado un ofrecimiento de sentencia favorable a cambio de U$S100.000. Sin embargo, según la defensa, el testigo desmintió categóricamente esa versión y negó haber estado presente en reunión alguna. “Ese hecho nunca existió”, habría dicho.

Otro de los puntos cuestionados por la defensa es el relato sobre un supuesto segundo encuentro que, según Martínez Salazar, se habría desarrollado a bordo de un vehículo identificado con la patente AF397CU. El denunciante señaló que Ontiveros conducía ese auto, perteneciente a una mujer llamada Solana Cainzo, y que allí se repitió la oferta espuria. Sin embargo, el fiscal federal Agustín Chit habría conluido en que Cainzo no tenía ninguna relación con los hechos investigados y habría en principio descartado su participación en la causa. Para Atim, esa comprobación refuerza que el denunciante manipuló datos y confundió nombres con la intención de vincular falsamente a la pareja de Ontiveros. La defensa subraya que el denunciante habría buscado generar esa confusión entre “Solana Cainzo” y “Solana Casella”, esta última pareja de Ontiveros, atribuyéndole de manera maliciosa la propiedad del vehículo. Según Atim, ese detalle demuestra que la denuncia fue armada de manera deliberada, con el objetivo de instalar sospechas sobre su defendido y sostener un relato que carece de respaldo fáctico. “Lo que se demuestra es que el número de patente fue buscado previamente para acomodar la historia a conveniencia”, habría explicado el letrado.

En cuanto al tercer encuentro denunciado por Martínez Salazar, la defensa considera que tampoco reúne seriedad probatoria. Lo único presentado fue una fotografía de dos personas tomando café, sin contexto alguno, y un audio cuya calidad, según un peritaje de Gendarmería, resultó inaudible, dijeron. Para Atim, ese conjunto de pruebas no tiene valor y solo exhibe el carácter inconsistente de la acusación. “Ni la foto ni el audio aportan indicios de delito, mucho menos de tráfico de influencias”, advirtió el abogado, apuntando a que el denunciante insiste en sostener un caso vacío de evidencias reales.

Paralelamente, la defensa puso la lupa sobre lo que considera graves irregularidades procesales cometidas en el trámite judicial. El foco estuvo en la recusación planteada contra el juez federal subrogante Nº 2, José Manuel Díaz Vélez, a quien Ontiveros acusó de parcialidad. Sin embargo, el magistrado resolvió él mismo su propia recusación en una decisión fechada el 8 de septiembre, algo que la defensa califica de ilegal. “La ley es clara: otro tribunal debe resolver estas situaciones, nunca el propio juez cuestionado”, remarcaron los abogados.

Incluso el fiscal Chit coincidió en señalar que el procedimiento seguido por Díaz Vélez no se ajustó a lo que marca el Código Procesal Penal de la Nación. En un dictamen del 25 de agosto, aclaró que las recusaciones deben tramitarse con informe del juez recusado y resolución posterior de la Cámara Federal de Apelaciones, no por decisión unilateral del propio magistrado. Para Atim, esa actuación es una muestra evidente de arbitrariedad y contribuye a sostener un “temor razonable de parcialidad” contra Ontiveros, que justificaría la necesidad de apartar al juez de la causa.

El trasfondo de esta causa se remonta a la denuncia presentada por Martínez Salazar, quien aseguró que Ontiveros le habría ofrecido influir en una sentencia a cambio de dinero para beneficiar a un hijo suyo. Esa presentación derivó en una investigación formal que tuvo como eje la posible existencia de maniobras de tráfico de influencias en la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones. Desde entonces, el expediente se convirtió en un terreno de disputa entre las versiones de la fiscalía y de la querella, por un lado, y la estrategia defensiva, por el otro. Ontiveros es esposo de Casella, relatora del camarista Leal, y además ternada para ocupar el puesto vacante del juzgado federal N° 1 de Tucumán lo que, según los investigadores, daría marco probatorio a un posible tráfico de influencias.

Para el abogado Atim, los últimos testimonios y pruebas desarman la construcción inicial de la denuncia. Afirma que, con dos encuentros desacreditados y un tercero sin sustento, queda en evidencia la falsedad de los dichos de Martínez Salazar. “No se trata de meras diferencias de interpretación, sino de mentiras comprobadas bajo juramento”, enfatizó, agregando que todo el proceso judicial debería ser revisado a partir de estas contradicciones. La defensa sostiene, además, que la imputación afectó gravemente la vida personal y profesional de Ontiveros, quien se presenta como víctima de un hostigamiento sin pruebas.

Mientras tanto, la fiscalía y la querella mantienen su postura de que la investigación debe continuar, advirtiendo que las inconsistencias señaladas no alcanzan para clausurar la causa. Sostienen que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa y que la defensa busca instalar un clima de impunidad. La pulseada entre ambas posiciones mantiene en vilo al expediente, que ahora deberá ser analizado con el telón de fondo de los cuestionamientos sobre la actuación del juez Díaz Vélez.