Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Solana Casella, relatora del camarista federal Mario Leal y esposa de Luis Ontiveros, el hombre investigado por presunto tráfico de influencias, estuvo de licencia por maternidad en el momento en el que la causa que se investiga estaba en trámite. Esto al menos es lo que presentó como prueba el defensor de Ontiveros, Camilo Atim, quien de esta forma intenta desvirtuar que ella hubiera estado involucrada en la presunta maniobra.

De licencia

Según un escrito que se presentó ante el juzgado federal N° 2 que conduce de manera subrogante José Manuel Díaz Vélez, la relatora y aspirante a jueza federal N° 1 (está en la terna elevada al Poder Ejecutivo nacional), “Casella estuvo en uso de licencia desde el día 30 de enero de 2025 -día de nacimiento de su hija- hasta el día 02 de junio de 2025, reincorporándose a sus tareas el día 03 de junio de 2025”, según la presentación. “Por lo tanto, la misma no podría haber participado en ninguna gestión relacionada a la tramitación del expediente N° 5253/2022, a la que fue vinculada en la denuncia que dio origen a la presente causa, ya que surge de la constancia que adjunto que ello es materialmente imposible en virtud de la licencia mencionada”, se menciona en el escrito al que accedió LA GACETA.

Es que fue en esa época en la que, según el denunciante (el funcionario de ARCA Mario Alberto Martínez Salazar Pérez) aseguró que Ontiveros lo citó en dos bares de Yerba Buena donde le habría solicitado dinero (entre 80.000 y 100.000 dólares) para obtener un voto favorable del camarista Leal en el marco de la causa en la que se investiga a su hijo por estafa y asociación ilícita en Catamarca.

Una confusión

En tanto, el fiscal federal Agustín Chit avanza con la investigación. Lo primero que descartó es la participación en el caso de una mujer identificada como Solana Caínzo. Es que Martínez Salazar Pérez había aportado como evidencia una foto de un automóvil Toyota Corolla Cross en el cual, dijo, había llegado Ontiveros a una de las reuniones.

Pero fue una confusión. Caínzo tiene efectivamente ese auto pero no tiene nada que ver ni con el sospechoso ni con la causa.

Sí está probado que a la otra reunión fue con una camioneta Fiat Toro, propiedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y asignada para uso oficial del camarista Leal. En mayo, el fiscal elevó un dictamen: acreditó un “vínculo personal no filial” entre Ontiveros y el camarista Leal; verificó que el señalado utilizaba una billetera virtual asociada al juez; y documentó que se movía en la Fiat Toro.

Esos elementos, si bien no imputan delito a Leal, explican por qué el magistrado aparece indirectamente involucrado en el expediente.

Además, como forma de probar el vínculo, la querella, representada por el abogado Juan Andrés Robles, advirtió que si bien Luis Ontiveros no trabaja en el Poder Judicial de la Nación, sí lo hace su esposa, Casella, y sus dos hermanos, Mario y Ramón Gustavo, ambos justamente con el camarista Leal. Por todo esto es que el fiscal sostiene que Ontiveros sí tenía posibilidad de llegada directa al camarista en caso de haber querido influenciar con la resolución de un expediente.

Además la querella pretende saber si Leal demoró su voto justo en el momento en el que, según la presentación judicial, Ontiveros habría pedido el pago de dinero para influir en la decisión del camarista. Es que en principio se habría informado que los otros cuatro miembros de la Cámara resolvieron rápidamente el trámite, algo que no habría sucedido en la vocalía de Leal. “La prueba es considerada pertinente y necesaria a los efectos de probar el contenido de las reuniones que mantuviera el imputado Ontiveros con mi conferente, víctima-querellante en la causa”, expresó el pedido que realizó la querella luego de solicitar que se libre oficio a Cámara Federal de Apelaciones para que se informe el tránsito y sus fechas por las diferentes vocalías del expediente.

“Un montaje”

La defensa de Ontiveros, en cambio, niega todas las acusaciones y afirma que se trata de un montaje para perjudicar la carrera de Casella, quien es candidata a ocupar el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral. Además, cuestionaron la validez de las pruebas al señalar que el audio presentado por Martínez Salazar Pérez, quien dijo haber llevado un micrófono oculto durante los encuentros, era “inaudible” según un informe pericial de Gendarmería.

La causa permanece en etapa de instrucción. El fiscal Chit debe analizar los resultados del peritaje informático y evaluar si convoca a declaración indagatoria a Ontiveros. Mientras tanto, Casella presentó una denuncia paralela por falsa denuncia y falso testimonio contra Martínez Salazar Pérez.

La denuncia: supuesto intento de venta de fallos

El caso por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán comenzó el 29 de abril de 2025, cuando Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de Investigación en ARCA Tucumán, denunció ante la Fiscalía Federal N°2 un supuesto intento de venta de fallos. 

La presentación quedó a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit e incluyó capturas de pantalla, grabaciones y testimonios que, según el denunciante, comprometen a allegados del camarista Mario Leal, entre ellos a su pareja, Solana Esther Casella, quien desde 2023 cumple funciones como relatora y jefa de despacho interina en el tribunal.

Según Martínez Salazar, las reuniones con Ontiveros tuvieron lugar en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y fueron registradas con micrófonos ocultos, además de fotografías y chats que forman parte del expediente. En el marco de la instrucción, el juez Díaz Vélez autorizó el secuestro del celular de Ontiveros el 4 de junio y el peritaje del equipo se concretó el 20 de agosto. El procedimiento no estuvo exento de polémicas ya que aparentemente Ontiveros entregó en primera instancia un celular apagado, que resultó ser de uno de sus hermanos, hasta que finalmente accedió a dar el suyo.  Con todos estos elementos se busca esclarecer si existió un entramado para manipular decisiones dentro de la Cámara. Lo que hasta aquí no se realizó fue el análisis de los mensajes que estaban en el celular y que fueron extraídos con el software especializado, UFED (Universal Forensic Extraction Device) de Cellebrite,. Es que la medida está objetada por la defensa del sospechoso, y además se recusó al juez. Estos dos incidentes, de ser admitidos, serán resueltos por la Cámara. Leal ya anticipó que se excusaría de dar su opinión al respecto.