El drama de los bonos

Si los bonos de cancelación de deudas han podido circular tantos años en el territorio de Tucumán (nada menos que 17, ya que su primera emisión data de 1985), y si por mucho tiempo sus tenedores los recibieron casi normalmente como sustitutos del peso, fue porque tenían la indispensable credibilidad. Esto quiere decir que los poseedores confiaban en que, tras depositarlos, en un término determinado el Estado se los canjeaba por dinero efectivo.El sistema hubiera cerrado perfectamente si, después de aquella conversión, se hubiera reintegrado al circulante sólo una parte de los referidos títulos y procedido a destruir el resto. Se hubiera operado así un retiro paulatino, capaz de ir limpiando poco a poco la masa monetaria tucumana de un elemento espurio, hasta que el mismo desapareciese completamente.
Sabemos que no ocurrió así, salvo la breve etapa de 1997 cuando se ejecutaron efectivamente el retiro y la destrucción. Después, lejos de ser retirados, no solamente los bonos se devolvían inmediatamente a la masa monetaria, sino que se produjeron nuevas emisiones. Emisiones que, por lo demás, nunca fue posible cuantificar con precisión, ya que fueron detectadas falsificaciones (de monto nunca esclarecido) que en los hechos no harían sino aumentar el caudal del referido sustituto. Como lo hicimos notar muchas veces, las emisiones vinieron, además, a perturbar peligrosamente el circulante, que no puede soportar sin descalabro más allá de una cierta proporción de elementos extraños. Esa proporción se superó con creces -a pesar de las advertencias de los economistas- y las leyes no escritas que rigen la materia actuaron inflexiblemente.
Esa verdadera "bicicleta" -para usar la jerga bancaria- de cambiar los bonos por efectivo, relanzarlos, volver a cambiarlos y repetir incesantemente ese circuito, no podía mantenerse demasiado tiempo. La brevedad ha sido siempre el destino fatal de tal clase de estrategias, como la experiencia lo enseña hasta el cansancio. Duró mientras existían inyecciones de dinero al tesoro provincial (suministradas por la Nación o por el uso y abuso del crédito), y empezó a desplomarse junto con la gravísima crisis de las finanzas en general, que caracteriza la época que transitamos. Se produjo prácticamente la desaparición del efectivo; el canje oficial -la operatoria FET- se tornó cada vez más dilatado y problemático, y el bono terminó cambiado en las casas de cambio y en la calle a un enorme costo. A ello se suma la imposibilidad de usarlos para una serie de rubros de importancia en la vida diaria, como es la carga de combustible.
Hemos llegado así a la realidad actual, en que la sustentabilidad del bono se muestra cada día más complicada. Una situación que, según todo pareciera indicarlo, no hará más que agravarse, perturbando extremadamente la situación económica general. Esto dado que, como es de público conocimiento, los sueldos públicos y privados se pagan en bonos, y en bonos se realizan todas las transacciones de la provincia. La moneda nacional es aquí una rareza.
Es evidente que un cuadro de esa índole no se modificará por medidas voluntaristas, que impongan el curso forzoso de esta moneda. Lo que parece obvio es encarar la cuestión desde su base. Interesa a todos mantener a los bonos como medio de pago. El Estado debe entonces, como primera medida y a costa de cualquier sacrificio presupuestario, establecer un mecanismo de rescate en un plazo realista, que se cumpla inexorablemente. Ese el único camino para que este título recupere su credibilidad y su aceptación. Al mismo tiempo, es forzoso que vaya retirando paulatinamente los bonos de la circulación. Por cierto que no puede hacerlo de golpe, pero sí de modo gradual. Se trata de medidas que revisten carácter urgente, como cualquiera puede advertirlo. No se vislumbra otro camino en este candente asunto.