Esa noche, el rottweiler trucho seguía intranquilo. El local estaba lleno y, como está atado al árbol, el can suele divertirse ladrando a los que van al baño. Parece bien adiestrado porque sus ladridos se oyen más fuerte cuando el comensal es más conocido. A esa altura de la jornada ya estaba medio ronco. En una de las mesas, un juez y un camarista (ambos federales) compartían el vino y jugosas porciones de carne con sus cónyuges, algunos de sus hijos, y un abogado devenido empresario termense. Con ellos, alguien vinculado a la vida castrense compartía lo que parecía ser una cena tranquila, aunque alguno pusiera cara de perro.
De pronto, ocurrió lo inesperado. Los ladrones ingresaron sin grandes problemas al local que está ubicado en la zona oeste de la ciudad, fuera de las cuatro avenidas del casco céntrico. Cual mendigo que pide una monedita, se acercaron a las mesas de la parrillada de vetustos ladrillos a la vista. Claro que ellos no se llevaron moneditas ni un mendrugo. Después, los que se burlaron de la desgracia ajena contaron que hasta un Rolex de oro formó parte del botín, mientras el rottweiler trucho seguía echado al lado del árbol. Algunos elogiaron la habilidad de una de las mujeres que escondió sus joyas en la copa de vino tinto y fue la única que salió sonriente. Otros se rieron con la broma de que los maleantes se habían ganado el perdón. Pero las burlas nada tienen que ver con esta triste realidad de Tucson.
Impunidad
Sin dudas, se trató de un claro mensaje para el teniente letrado que maneja el Ministerio de Seguridad. No es la primera vez que en un restaurante los comensales terminan atragantándose ante la súbita aparición de los maleantes. Pero lo más curioso es que ningún estamento del Estado funcionó debidamente. Es increíble que desde hace más de un año, en una casa de un pasaje cercano a Floresta, funciona uno de los restaurantes más conocidos, sin autorización ni requisa por parte de las autoridades de sanidad provincial o municipal. Cuentan que, más de una vez, el propio dueño se ufanó de sus privilegios: "¿para qué voy a sacar permisos si aquí vienen jueces de la Provincia, federales, funcionarios, periodistas, legisladores? No necesito nada".
El gran paraguas
Así funciona en muchos casos nuestra provincia. El poder es un gran paraguas protector de impunidad, donde los únicos beneficiados son los amigos o cercanos a los que están sentados detrás de un escritorio. Y ni hablar de aquellos casos de corrupción que ni se denuncian; total, en los tribunales, la cadena de favores puede transformar a verdaderos delincuentes en prósperos empresarios.
Para peor, cuando las injusticias, las falsedades, las mentiras, las trampas se denuncian por medio de la prensa, aparecen aquellos que eligen la impunidad y castigan a los medios de comunicación. Precisamente, durante la semana pasada, al celebrarse un nuevo aniversario de la Federación Económica, el presidente de la entidad apeló a ese malhabido sistema. Humberto Sánchez se encargó de responsabilizar a la prensa por la mala imagen que tiene Tucumán tras la difusión del tema de los niños muertos por desnutrición.
El directivo fue incapaz de culpar a todo un sistema político que jamás se ocupó de hacer lo que debía hacer. Cuando empezaron a trascender las noticias de las muertes de chicos por falta de alimento, la prensa cumplió con su función y, a partir de entonces, actuaron con mayor decisión tanto la dirigencia política como determinados sectores de la sociedad. Sin embargo, según Sánchez, la prensa es la responsable de la mala imagen de la provincia. Se equivocó feamente el día del cumpleaños de la FET. Todo por pensar con quién quedar bien en vez de mirar la realidad detenidamente.
El rottweiler trucho sigue atado
A muy pocos parece preocuparles que los negocios en negro funcionen, salvo cuando hay que hacer anuncios. Tanto el gobernador José Alperovich como el propio titular de la FET se rasgaron las vestiduras a fines de 2004, cuando denunciaron que los vendedores ambulantes iban a ser un problema del pasado en Tucumán. Hoy eso no ocurre; ya se olvidaron del tema y, seguramente, volverán a acordarse el Día del Padre o, tal vez, para las fiestas de fin de año. La agresión siempre se dirige a los ambulantes y no hacia quienes hacen negocios con los productos robados o contrabandeados por alguien que no está en la calle todo el día, precisamente.
Tal vez por eso el rottweiler trucho sigue plácidamente echado al lado de su árbol, porque sabe que seguirán llegando comensales a los que él podrá ladrar cuando vayan al baño. Si son jueces, funcionarios, empresarios, legisladores o periodistas, mejor.
Sin perro y sin poder
Ella no tiene un rottweiler trucho. Ha sufrido los abusos del poder. Sabe que los poderosos dan miedo y que ese temor es capaz de hacer cambiar declaraciones, negar verdades, e incluso pueden hacer que los jueces o fiscales se excusen a tal punto que nadie quiera tomar su expediente.
Su causa comenzó una madrugada cuando su padre, el bioquímico Luis Gerardo Bravo, cayó al vacío en el arroyo El Sueño porque nadie había sido capaz de poner un cartel que advirtiera el peligro. Varios testigos le juraron y le perjuraron que la entonces intendenta de La Cocha, la actual diputada nacional Susana Díaz de Rodríguez (PJ), así como policías y otros funcionarios, estaban al tanto de que el puente se había caído y no actuaron con la premura que correspondía para evitar un accidente. Hoy la diputada tiene como defensor al ex legislador Javier Lobo Aragón y cada vez que ella, la hija de Bravo, porfía porque se la escuche y se haga justicia, recibe innumerables trabas. El mensaje es: "con el poder no hay que meterse". No está en contra de nadie. Por el contrario, carga con el dolor de hija y reclama justicia, porque sabe que si no hubiera habido negligencia, su padre podría estar junto a ella. Sin embargo, hasta la Justicia le fue esquiva.
Esta causa ya fue archivada dos veces. La reabrieron y terminó con la sentencia de la Cámara en lo Penal, sala II del Centro Judicial de Concepción, y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que advertían que existe responsabilidad del policía que se encontraba de consigna, además de otros, por la muerte de Bravo.
Cecilia Tasquer de Villaluenga, fiscal I de Instrucción del Centro Judicial de Concepción, citó a declarar como imputados a los comisarios José Osvaldo Corbalán y Raúl Rolando Díaz, y pidió a un juez que, por existir pruebas acerca de la supuesta falta de prevención de la ex intendente, investigue a Díaz (debe hacerlo un magistrado porque ella tiene privilegios constitucionales).Actualmente quien debe llamar a indagatoria a los comisarios es Edgardo Sánchez, fiscal IV de Instrucción de Concepción, recientemente nombrado por el Poder Ejecutivo con el innovador sistema del gobernador José Alperovich cuando alzó sus rabietas contra el Consejo Asesor de la Magistratura.En la causa de la ex intendenta y actual diputada el juez de Menores de Concepción Roque Arnedo (el mismo que fue mencionado en el escándalo por la muerte del magistrado Héctor Aráoz) está subrogando a Raúl Fermoselle, que, en su momento, cuando era fiscal de la IV, archivó la causa. Luego fue ascendido a juez de Instrucción de la I Nominación.
Finalmente, Arnedo se excusó y ahora la causa está para resolver en la Cámara de Apelación de Tucumán.
La vida no es placentera para María del Carmen Bravo, que aún no consigue que su padre descanse en paz y que se haga justicia. Ella no tiene la tranquilidad del comerciante que puede montar un restaurante porque los amigos del poder lo apañen. Por el contrario, pelea contra el poder. No quiere resignarse, aunque a veces le advierten que en Tucson las cosas son así. Que el sistema es así.
En el seno del poder la preocupación principal es cómo se gana en octubre. También hay interés en cumplir con los amigos y que funcionen cuánto antes las maquinitas que, con el juego, dañarán más aún a la sociedad. También se ensañan por demostrar que no se hizo nada mal al querer comprar guardapolvos. Sólo buscan evitar escándalos y aferrarse al poder cuando, en verdad, la sociedad sólo espera que se cumpla la ley para que se pueda confiar, tenga uno (o no) un rottweiler trucho en el árbol del fondo de la casa.
De pronto, ocurrió lo inesperado. Los ladrones ingresaron sin grandes problemas al local que está ubicado en la zona oeste de la ciudad, fuera de las cuatro avenidas del casco céntrico. Cual mendigo que pide una monedita, se acercaron a las mesas de la parrillada de vetustos ladrillos a la vista. Claro que ellos no se llevaron moneditas ni un mendrugo. Después, los que se burlaron de la desgracia ajena contaron que hasta un Rolex de oro formó parte del botín, mientras el rottweiler trucho seguía echado al lado del árbol. Algunos elogiaron la habilidad de una de las mujeres que escondió sus joyas en la copa de vino tinto y fue la única que salió sonriente. Otros se rieron con la broma de que los maleantes se habían ganado el perdón. Pero las burlas nada tienen que ver con esta triste realidad de Tucson.
Impunidad
Sin dudas, se trató de un claro mensaje para el teniente letrado que maneja el Ministerio de Seguridad. No es la primera vez que en un restaurante los comensales terminan atragantándose ante la súbita aparición de los maleantes. Pero lo más curioso es que ningún estamento del Estado funcionó debidamente. Es increíble que desde hace más de un año, en una casa de un pasaje cercano a Floresta, funciona uno de los restaurantes más conocidos, sin autorización ni requisa por parte de las autoridades de sanidad provincial o municipal. Cuentan que, más de una vez, el propio dueño se ufanó de sus privilegios: "¿para qué voy a sacar permisos si aquí vienen jueces de la Provincia, federales, funcionarios, periodistas, legisladores? No necesito nada".
El gran paraguas
Así funciona en muchos casos nuestra provincia. El poder es un gran paraguas protector de impunidad, donde los únicos beneficiados son los amigos o cercanos a los que están sentados detrás de un escritorio. Y ni hablar de aquellos casos de corrupción que ni se denuncian; total, en los tribunales, la cadena de favores puede transformar a verdaderos delincuentes en prósperos empresarios.
Para peor, cuando las injusticias, las falsedades, las mentiras, las trampas se denuncian por medio de la prensa, aparecen aquellos que eligen la impunidad y castigan a los medios de comunicación. Precisamente, durante la semana pasada, al celebrarse un nuevo aniversario de la Federación Económica, el presidente de la entidad apeló a ese malhabido sistema. Humberto Sánchez se encargó de responsabilizar a la prensa por la mala imagen que tiene Tucumán tras la difusión del tema de los niños muertos por desnutrición.
El directivo fue incapaz de culpar a todo un sistema político que jamás se ocupó de hacer lo que debía hacer. Cuando empezaron a trascender las noticias de las muertes de chicos por falta de alimento, la prensa cumplió con su función y, a partir de entonces, actuaron con mayor decisión tanto la dirigencia política como determinados sectores de la sociedad. Sin embargo, según Sánchez, la prensa es la responsable de la mala imagen de la provincia. Se equivocó feamente el día del cumpleaños de la FET. Todo por pensar con quién quedar bien en vez de mirar la realidad detenidamente.
El rottweiler trucho sigue atado
A muy pocos parece preocuparles que los negocios en negro funcionen, salvo cuando hay que hacer anuncios. Tanto el gobernador José Alperovich como el propio titular de la FET se rasgaron las vestiduras a fines de 2004, cuando denunciaron que los vendedores ambulantes iban a ser un problema del pasado en Tucumán. Hoy eso no ocurre; ya se olvidaron del tema y, seguramente, volverán a acordarse el Día del Padre o, tal vez, para las fiestas de fin de año. La agresión siempre se dirige a los ambulantes y no hacia quienes hacen negocios con los productos robados o contrabandeados por alguien que no está en la calle todo el día, precisamente.
Tal vez por eso el rottweiler trucho sigue plácidamente echado al lado de su árbol, porque sabe que seguirán llegando comensales a los que él podrá ladrar cuando vayan al baño. Si son jueces, funcionarios, empresarios, legisladores o periodistas, mejor.
Sin perro y sin poder
Ella no tiene un rottweiler trucho. Ha sufrido los abusos del poder. Sabe que los poderosos dan miedo y que ese temor es capaz de hacer cambiar declaraciones, negar verdades, e incluso pueden hacer que los jueces o fiscales se excusen a tal punto que nadie quiera tomar su expediente.
Su causa comenzó una madrugada cuando su padre, el bioquímico Luis Gerardo Bravo, cayó al vacío en el arroyo El Sueño porque nadie había sido capaz de poner un cartel que advirtiera el peligro. Varios testigos le juraron y le perjuraron que la entonces intendenta de La Cocha, la actual diputada nacional Susana Díaz de Rodríguez (PJ), así como policías y otros funcionarios, estaban al tanto de que el puente se había caído y no actuaron con la premura que correspondía para evitar un accidente. Hoy la diputada tiene como defensor al ex legislador Javier Lobo Aragón y cada vez que ella, la hija de Bravo, porfía porque se la escuche y se haga justicia, recibe innumerables trabas. El mensaje es: "con el poder no hay que meterse". No está en contra de nadie. Por el contrario, carga con el dolor de hija y reclama justicia, porque sabe que si no hubiera habido negligencia, su padre podría estar junto a ella. Sin embargo, hasta la Justicia le fue esquiva.
Esta causa ya fue archivada dos veces. La reabrieron y terminó con la sentencia de la Cámara en lo Penal, sala II del Centro Judicial de Concepción, y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que advertían que existe responsabilidad del policía que se encontraba de consigna, además de otros, por la muerte de Bravo.
Cecilia Tasquer de Villaluenga, fiscal I de Instrucción del Centro Judicial de Concepción, citó a declarar como imputados a los comisarios José Osvaldo Corbalán y Raúl Rolando Díaz, y pidió a un juez que, por existir pruebas acerca de la supuesta falta de prevención de la ex intendente, investigue a Díaz (debe hacerlo un magistrado porque ella tiene privilegios constitucionales).Actualmente quien debe llamar a indagatoria a los comisarios es Edgardo Sánchez, fiscal IV de Instrucción de Concepción, recientemente nombrado por el Poder Ejecutivo con el innovador sistema del gobernador José Alperovich cuando alzó sus rabietas contra el Consejo Asesor de la Magistratura.En la causa de la ex intendenta y actual diputada el juez de Menores de Concepción Roque Arnedo (el mismo que fue mencionado en el escándalo por la muerte del magistrado Héctor Aráoz) está subrogando a Raúl Fermoselle, que, en su momento, cuando era fiscal de la IV, archivó la causa. Luego fue ascendido a juez de Instrucción de la I Nominación.
Finalmente, Arnedo se excusó y ahora la causa está para resolver en la Cámara de Apelación de Tucumán.
La vida no es placentera para María del Carmen Bravo, que aún no consigue que su padre descanse en paz y que se haga justicia. Ella no tiene la tranquilidad del comerciante que puede montar un restaurante porque los amigos del poder lo apañen. Por el contrario, pelea contra el poder. No quiere resignarse, aunque a veces le advierten que en Tucson las cosas son así. Que el sistema es así.
En el seno del poder la preocupación principal es cómo se gana en octubre. También hay interés en cumplir con los amigos y que funcionen cuánto antes las maquinitas que, con el juego, dañarán más aún a la sociedad. También se ensañan por demostrar que no se hizo nada mal al querer comprar guardapolvos. Sólo buscan evitar escándalos y aferrarse al poder cuando, en verdad, la sociedad sólo espera que se cumpla la ley para que se pueda confiar, tenga uno (o no) un rottweiler trucho en el árbol del fondo de la casa.
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