10 Abril 2005 Seguir en 
La caída de la Ley de Lemas en Tucumán volvió más razonable el esquema político. Han desaparecido los 1.808 sublemas que proliferaron en las elecciones provinciales de junio de 2003. Sin embargo, la oferta partidaria no será reducida para el 23 de octubre. Existen, al menos, 35 organizaciones de distrito que legalmente están en condiciones de competir en las urnas, por diputaciones nacionales y por bancas de convencionales constituyentes provinciales.
La historia política de las últimas décadas enseña que la dispersión electoral suele ser mucho menor que la que se dibuja en los papeles. El Gobierno pretende erigirse en el eje que polarice la contienda de octubre, si bien José Alperovich evita definir en forma tajante si se elegirán convencionales en forma conjunta con los diputados nacionales en ese mes. La convergencia electoral que anunció ante un grupo de empresarios se vio relativizada después por otras circunstancias. Una teoría en boga dentro de su entorno explica que no conviene arriesgar el capital político del oficialismo en una puja en la que el presidente Kirchner afronta un test decisivo. No hacer las elecciones simultáneas desvincularía a Alperovich del efecto de arrastre de un eventual traspié presidencial. Se habla, así, de convocar los comicios provinciales para 2006.
Otra teoría que forma opinión en derredor del gobernador sugiere que es ventajoso asociar ambas consultas para el 23 de octubre, a fin de aprovechar el despliegue de recursos políticos que hará la Casa Rosada. Alperovich se muestra equidistante de ambos pensamientos. Arguye que sus adversarios deben mostrar las cartas y arriesgar nombres y planes.
Más allá de esas ambigüedades, Alperovich entrará de lleno en las elecciones de octubre porque sabe que su gestión también será examinada, al igual que la de Kirchner. Esa es una de las razones de la candidatura de Beatriz Rojkés a Diputados. "Está acordada con Kirchner", suele decir. Los peronistas refractarios a Alperovich y a Kirchner maduran la determinación de no proponer ningún nombre de fuste para integrar una lista con la primera dama y con Stella Córdoba.
Al gobernador no le disgustaría la celebración de elecciones internas de candidatos a la Cámara de Diputados en el PJ porque pondría a prueba la maquinaria de intendentes y comisionados comunales. La disidencia interna se abstendría de participar de ese proceso y buscaría cauces alternativos para octubre en otros partidos. Así las cosas, algunos dirigentes mantienen contactos con los radicales. La perspectiva de conformar un frente cívico y social al estilo de Santiago del Estero y de Catamarca ronda por los conciliábulos. Por ahora, son conversaciones que no derivaron en nada concreto. En la UCR admiten que el concejal Federico Romano Norri podría ser un candidato de consenso, ya que Roberto Palina se replegaría.El Movimiento Popular Tres Banderas deja de lado la lucha por las diputaciones nacionales y se prepara para la liza electoral por los convencionales. Teresa Ramayo, Luis Iriarte, Alejandro Neme Scheij, Bernardo Beltrán y Rodolfo Burgos están entre sus principales figuras.
El combate incesante
Julio Miranda, mientras tanto, va a Casa de Gobierno y enfría a los órganos de conducción partidaria. Deja que Alperovich construya su consolidación o marque el principio del despeño del proyecto.
El comportamiento del presidente del PJ suscita esas reflexiones. La sombra de octubre de 2003 está latente. Fue entonces cuando el congelamiento de los electos en junio de aquel año dejó a Miranda batirse en soledad con el bussismo, lo que produjo el resultado conocido: se consagró senador por la minoría. Octubre de 2003 rescató a FR del tercer puesto en que había caído meses antes.
La pelea por el control del aparato peronista es incesante. Alperovich se dedicó a desarticular el modus operandi de la dirigencia tradicional del PJ (gestión de pensiones, ayudas sociales y repartos de bolsones). Esas tareas pasaron a manos de organismos del Estado provincial, a cuyo frente se hallan funcionarios alperovichistas. Las fricciones se expanden por la geografía, y los ideólogos del antialperovichismo se proponen reclutar a los excluidos del proyecto oficial. La línea de intendentes y de comisionados comunales genera sus contendientes. Idem, los legisladores. El gobernador, por el contrario, trata de contenerlos en sus periódicas giras por el interior. No obstante, el descontento no se esfuma.
Tan convencido está Alperovich de que se juega parte de su destino político en los próximos meses, que se afanará por mejorar su inserción en los sectores medios de la sociedad en la capital. Cree que hacia estos llegó de manera imperfecta lo que hace el Poder Ejecutivo. "La clase baja vota a Beatriz en octubre", conjetura sin hesitaciones.
Mirando a la Corte
Con todo, la política económica del kirchnerismo despierta seguridades en algunas cosas y preocupaciones en otras. El rebrote inflacionario puede acabar con la paz social y disparar reclamos de aumentos salariales del sector público que echen por tierra con las previsiones de la administración provincial. La Casa de Gobierno sueña, entonces, con que la inflación sea controlada en abril, sin que baje drásticamente el ritmo de la construcción de obras públicas. En estas, el oficialismo basa la recuperación del empleo durante el año electoral que empieza a despuntar.
La dirigencia política no le pierde pisada a la evolución del proceso de reforma constitucional. Con este se delimitarán las reglas que encuadrarán la dinámica política en los próximos años. Ese producto institucional impactará en la libertad política y en el desempeño de los órganos estatales.
Los reflectores del mundo político se focalizan en la Corte Suprema de Justicia. Una pista de lo que podría acaecer con la intención de reclamar la inconstitucionalidad de la ley que sepultó los sublemas, la adelantó el ministro fiscal del máximo tribunal, Luis de Mitri. Este alegó, en opinión que no es vinculante, que no es inconstitucional la supresión del régimen de sublemas. En la Corte habría consenso suficiente para fallar de la misma manera. Si esto fuere así, fracasaría el intento de transferir el costo de la restauración de los aborrecidos sublemas a la Corte Suprema de Justicia. El corolario de eso sería que los dirigentes y parlamentarios deberían proveer de soluciones políticas a los problemas legislativos.
La suerte final del proceso se verá cuando aparezca el decreto llamando a elecciones de convencionales reformadores. Entonces se apreciará si atribuyó o no a cada sección el número adecuado de representantes.
La historia política de las últimas décadas enseña que la dispersión electoral suele ser mucho menor que la que se dibuja en los papeles. El Gobierno pretende erigirse en el eje que polarice la contienda de octubre, si bien José Alperovich evita definir en forma tajante si se elegirán convencionales en forma conjunta con los diputados nacionales en ese mes. La convergencia electoral que anunció ante un grupo de empresarios se vio relativizada después por otras circunstancias. Una teoría en boga dentro de su entorno explica que no conviene arriesgar el capital político del oficialismo en una puja en la que el presidente Kirchner afronta un test decisivo. No hacer las elecciones simultáneas desvincularía a Alperovich del efecto de arrastre de un eventual traspié presidencial. Se habla, así, de convocar los comicios provinciales para 2006.
Otra teoría que forma opinión en derredor del gobernador sugiere que es ventajoso asociar ambas consultas para el 23 de octubre, a fin de aprovechar el despliegue de recursos políticos que hará la Casa Rosada. Alperovich se muestra equidistante de ambos pensamientos. Arguye que sus adversarios deben mostrar las cartas y arriesgar nombres y planes.
Más allá de esas ambigüedades, Alperovich entrará de lleno en las elecciones de octubre porque sabe que su gestión también será examinada, al igual que la de Kirchner. Esa es una de las razones de la candidatura de Beatriz Rojkés a Diputados. "Está acordada con Kirchner", suele decir. Los peronistas refractarios a Alperovich y a Kirchner maduran la determinación de no proponer ningún nombre de fuste para integrar una lista con la primera dama y con Stella Córdoba.
Al gobernador no le disgustaría la celebración de elecciones internas de candidatos a la Cámara de Diputados en el PJ porque pondría a prueba la maquinaria de intendentes y comisionados comunales. La disidencia interna se abstendría de participar de ese proceso y buscaría cauces alternativos para octubre en otros partidos. Así las cosas, algunos dirigentes mantienen contactos con los radicales. La perspectiva de conformar un frente cívico y social al estilo de Santiago del Estero y de Catamarca ronda por los conciliábulos. Por ahora, son conversaciones que no derivaron en nada concreto. En la UCR admiten que el concejal Federico Romano Norri podría ser un candidato de consenso, ya que Roberto Palina se replegaría.El Movimiento Popular Tres Banderas deja de lado la lucha por las diputaciones nacionales y se prepara para la liza electoral por los convencionales. Teresa Ramayo, Luis Iriarte, Alejandro Neme Scheij, Bernardo Beltrán y Rodolfo Burgos están entre sus principales figuras.
El combate incesante
Julio Miranda, mientras tanto, va a Casa de Gobierno y enfría a los órganos de conducción partidaria. Deja que Alperovich construya su consolidación o marque el principio del despeño del proyecto.
El comportamiento del presidente del PJ suscita esas reflexiones. La sombra de octubre de 2003 está latente. Fue entonces cuando el congelamiento de los electos en junio de aquel año dejó a Miranda batirse en soledad con el bussismo, lo que produjo el resultado conocido: se consagró senador por la minoría. Octubre de 2003 rescató a FR del tercer puesto en que había caído meses antes.
La pelea por el control del aparato peronista es incesante. Alperovich se dedicó a desarticular el modus operandi de la dirigencia tradicional del PJ (gestión de pensiones, ayudas sociales y repartos de bolsones). Esas tareas pasaron a manos de organismos del Estado provincial, a cuyo frente se hallan funcionarios alperovichistas. Las fricciones se expanden por la geografía, y los ideólogos del antialperovichismo se proponen reclutar a los excluidos del proyecto oficial. La línea de intendentes y de comisionados comunales genera sus contendientes. Idem, los legisladores. El gobernador, por el contrario, trata de contenerlos en sus periódicas giras por el interior. No obstante, el descontento no se esfuma.
Tan convencido está Alperovich de que se juega parte de su destino político en los próximos meses, que se afanará por mejorar su inserción en los sectores medios de la sociedad en la capital. Cree que hacia estos llegó de manera imperfecta lo que hace el Poder Ejecutivo. "La clase baja vota a Beatriz en octubre", conjetura sin hesitaciones.
Mirando a la Corte
Con todo, la política económica del kirchnerismo despierta seguridades en algunas cosas y preocupaciones en otras. El rebrote inflacionario puede acabar con la paz social y disparar reclamos de aumentos salariales del sector público que echen por tierra con las previsiones de la administración provincial. La Casa de Gobierno sueña, entonces, con que la inflación sea controlada en abril, sin que baje drásticamente el ritmo de la construcción de obras públicas. En estas, el oficialismo basa la recuperación del empleo durante el año electoral que empieza a despuntar.
La dirigencia política no le pierde pisada a la evolución del proceso de reforma constitucional. Con este se delimitarán las reglas que encuadrarán la dinámica política en los próximos años. Ese producto institucional impactará en la libertad política y en el desempeño de los órganos estatales.
Los reflectores del mundo político se focalizan en la Corte Suprema de Justicia. Una pista de lo que podría acaecer con la intención de reclamar la inconstitucionalidad de la ley que sepultó los sublemas, la adelantó el ministro fiscal del máximo tribunal, Luis de Mitri. Este alegó, en opinión que no es vinculante, que no es inconstitucional la supresión del régimen de sublemas. En la Corte habría consenso suficiente para fallar de la misma manera. Si esto fuere así, fracasaría el intento de transferir el costo de la restauración de los aborrecidos sublemas a la Corte Suprema de Justicia. El corolario de eso sería que los dirigentes y parlamentarios deberían proveer de soluciones políticas a los problemas legislativos.
La suerte final del proceso se verá cuando aparezca el decreto llamando a elecciones de convencionales reformadores. Entonces se apreciará si atribuyó o no a cada sección el número adecuado de representantes.




