Certificados docentes falsos

En las últimas semanas, ha salido a la luz el tráfico de certificados y títulos falsos en el área de Educación. El tema no es nuevo. Se trata de una vieja práctica, que ha logrado sobrevivir a las gestiones de los secretarios de Educación de los últimos años. En nuestra edición del 4 de abril informamos que durante la época del funcionario Héctor Carrizo se llegó a modificar la grilla por la cantidad de certificados adulterados que había. Y muchos de esos casos, más otros que se sumaron, tuvieron resolución durante la gestión de la ex secretaria de Educación, Olga Morales, cuando se los inhabilitó por dos o tres años para ejercer la docencia y para inscribirse en las juntas de clasificación Inicial y Primaria.
Los letrados de la Dirección de Asuntos Jurídicos revisaron hasta el momento unos 2.500 títulos docentes y certificados de cursos, cursillos y posgrados en su mayoría apócrifos. En la investigación se detectaron casos de educadores que poseían hasta 30 títulos "truchos", según se informó.
La precariedad de herramientas de las juntas conspira contra la investigación. Hay falta de espacio, de personal y de elementos de trabajo; no llegan a 100 los empleados encargados de examinar cerca de 60.000 legajos, y el trabajo se hace a mano. La Junta Primaria tiene dos computadoras antiguas y carece de impresoras.
Hoy el tema llama la atención por el aluvión de casos detectados, por lo que muchos piensan que se trata de una maniobra muy bien organizada, con confecciones dentro y fuera de las administraciones del área educativa. Las juntas de clasificación y los gremios han colaborado para la detección de los casos. La revisión de todas las carpetas de antecedentes permitió a la Junta Inicial y Primaria detectar la mayor cantidad de irregularidades.
Una vocal de la Junta Inicial y Primaria dijo que,en su mayoría, las carpetas observadas son de mujeres, y que el 90 % proviene del sur de la provincia. Un dirigente de ATEP denunció que hay cerca de 600 nombres de docentes tildados en los padrones por presentar dudas para las autoridades de la Junta de Clasificación Inicial y Primaria. Esto significa -según dijo- que existirían otros 300 docentes involucrados, además de los 342 que ya tienen sumario iniciado.
El sindicalista del gremio mayoritarios de los educadores advirtió que la Junta Media tampoco se salva de la falsificación de certificados y títulos, y aseveró que existen muchos casos.
Por otro lado, Sadop, el gremio de los docentes privados, denunció que hay algunos colegios que otorgan títulos apócrifos a alumnos que no han aprobado el curso; establecimientos donde se comprobó que designan a personas para ocupar cargos docentes sin que tengan título habilitante, así como también cargos ocupados por personas distintas a las nombradas. Según un gremialista de la UDT, la red mafiosa tendría ramificaciones dentro de la misma Secretaría de Educación.
El fiscal anticorrupción se hizo eco de estas denuncias y el viernes ordenó el primer allanamiento. En el operativo, se detuvo -en Delfín Gallo- a un maestro que ejerce en una escuela de Las Cejas, y se secuestró importante documentación. Se anunció que los próximos días habría nuevos allanamientos.
El gobernador le ha solicitado a la secretaria de Educación que se investigue hasta las últimas consecuencias. Ello implica llegar al fondo de la verdad y castigar con rigor a todos los responsables de esta defraudación ética al Estado y a la misma ciudadanía. Es saludable que salten a la luz estas defraudaciones y que se promueva una investigación exhaustiva.
Pero lo importante es que la pesquisa no se empantane cuando se conozcan responsables encaramados en algún sector del poder, si es que los hubiera. En caso contrario, Tucumán sumará una nueva mancha, y la corrupción parecerá ser una marca registrada de nuestra provincia.