Por Redacción Política
10 Abril 2005
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Apenas comenzaron a investigar una denuncia, los auditores del Tribunal de Cuentas de la Provincia no podían creer lo que estaban viendo: la documentación que había sido presentada por el denunciante era falsa.
Por esa razón, el Tribunal de Cuentas fue durísimo con el concejal de la capital, Miguel Angel Brito (FR), a quien le aplicó un "severo llamado de atención", en el acuerdo 628, firmado por Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Patricio Balardini (conjuez). Pero las autoridades del ente de contralor no quieren que el hecho quede en una simple anécdota, por lo que ordenaron dar intervención al fiscal de Instrucción de turno, ya que se trata de un funcionario público.
En Desarrollo Social
Brito había pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la licitación de 182.000 módulos alimentarios, efectuada el 10 de febrero por la Secretaría de Desarrollo Social. Según el edil bussista, la compra de esos bolsones ($ 3,8 millones) se habría adjudicado de manera presuntamente irregular a una firma de Santiago del Estero, cuya oferta, supuestamente, no se habría ajustado al pliego de base.
"La empresa radicada ofrece, por cada bolsón, dos paquetes de fideos en lugar de tres, y un paquete de polenta en vez de tres. Por ello, su oferta debió ser rechazada de plano", había insistido Brito, al efectuar la denuncia en el TC. Sin embargo, los auditores determinaron que entre la documentación presentada por Brito y los originales no coinciden la numeración y anulación del estampillado, la palabra tesorería ni la ubicación de los sellos.
"Son meras fotocopias que habrían sido preparadas para este fin (denunciar)", señala el pronunciamiento del TC. En los fundamentos del acuerdo se establece: "no se puede pasar por alto, ya que se trata de un concejal que realza su presentación con el título de ingeniero, con experiencia en la función pública, administrativa y legislativa. Con su conducta, el concejal Brito -dice el texto- habría incurrido en el supuesto configurativo de Responsabilidad Agravada previsto en el artículo 902 del Código Civil".
El informe es tan contundente que en sus considerandos señala: "resulta inaceptable que (Brito) cometa un acto de esta naturaleza".
Malestar por la compra frustrada de guardapolvos
Los pasos dados por el Gobierno en la fallida compra de 130.000 guardapolvos para alumnos de escasos recursos sigue generando polémica. Desde Fuad Asfoura e Hijos (oferente en la operación frustrada por el Tribunal de Cuentas) se señaló que conocieron las últimas novedades a través de LA GACETA, y que nunca fueron oficialmente informados de ninguna decisión.
Juan Carlos Asfoura, en nombre de la firma, recordó que personalmente concurrió, en reiteradas oportunidades, a la Secretaría de Desarrollo Social en busca de una respuesta formal que nunca obtuvo. "Respetamos las condiciones centrales del pliego. Nuestras prendas se adecuan con la composición pedida y la medida de la confección atiende a las especificaciones técnicas que figuran en el llamado", dijo.El secretario Joaquín Ferre anunció que el Estado descartó la adquisición de los guardapolvos y que optará por joggins, luego de que el Tribunal de Cuentas (TC) objetó la modificación del valor de la operación original. En un primer llamado, se cotizaron los 130.000 delantales a $1,3 millón ($ 10 cada uno), pero se lo declaró fracasado. En una segunda convocatoria, el presupuesto trepó hasta los $ 2,6 millones ($ 20 por unidad). La entidad de control consideró injustificado el incremento.En el segundo cotejo, Guardapolvos Argentinos, de San Juan, ofertó casi el monto previsto por el Gobierno, mientras que Fuad Asfoura e Hijos, $ 1,85 millón. Esta propuesta fue impugnada exitosamente por la empresa cuyana, que estaba a punto de ganar la compulsa cuando intervino el TC. Asfoura aclaró: "se mantiene la oferta realizada, pese a que cambiaron las condiciones de mercado".
Causa judicial
Mañana. el legislador radical Juan Roberto Robles concurrirá nuevamente a los tribunales, para ampliar su denuncia y presentar nuevas pruebas en la fiscalía Anticorrupción, por la presunta tentativa de incumplimiento de deberes, cohecho y fraude a la administración pública.
"Con esta maniobra se perjudicó a una gran cantidad de pequeños talleres tucumanos", señaló. Anunció que pretende agotar la instancia judicial, antes de evaluar la presentación de potenciales juicios políticos.
Por esa razón, el Tribunal de Cuentas fue durísimo con el concejal de la capital, Miguel Angel Brito (FR), a quien le aplicó un "severo llamado de atención", en el acuerdo 628, firmado por Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Patricio Balardini (conjuez). Pero las autoridades del ente de contralor no quieren que el hecho quede en una simple anécdota, por lo que ordenaron dar intervención al fiscal de Instrucción de turno, ya que se trata de un funcionario público.
En Desarrollo Social
Brito había pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la licitación de 182.000 módulos alimentarios, efectuada el 10 de febrero por la Secretaría de Desarrollo Social. Según el edil bussista, la compra de esos bolsones ($ 3,8 millones) se habría adjudicado de manera presuntamente irregular a una firma de Santiago del Estero, cuya oferta, supuestamente, no se habría ajustado al pliego de base.
"La empresa radicada ofrece, por cada bolsón, dos paquetes de fideos en lugar de tres, y un paquete de polenta en vez de tres. Por ello, su oferta debió ser rechazada de plano", había insistido Brito, al efectuar la denuncia en el TC. Sin embargo, los auditores determinaron que entre la documentación presentada por Brito y los originales no coinciden la numeración y anulación del estampillado, la palabra tesorería ni la ubicación de los sellos.
"Son meras fotocopias que habrían sido preparadas para este fin (denunciar)", señala el pronunciamiento del TC. En los fundamentos del acuerdo se establece: "no se puede pasar por alto, ya que se trata de un concejal que realza su presentación con el título de ingeniero, con experiencia en la función pública, administrativa y legislativa. Con su conducta, el concejal Brito -dice el texto- habría incurrido en el supuesto configurativo de Responsabilidad Agravada previsto en el artículo 902 del Código Civil".
El informe es tan contundente que en sus considerandos señala: "resulta inaceptable que (Brito) cometa un acto de esta naturaleza".
Los pasos dados por el Gobierno en la fallida compra de 130.000 guardapolvos para alumnos de escasos recursos sigue generando polémica. Desde Fuad Asfoura e Hijos (oferente en la operación frustrada por el Tribunal de Cuentas) se señaló que conocieron las últimas novedades a través de LA GACETA, y que nunca fueron oficialmente informados de ninguna decisión.
Juan Carlos Asfoura, en nombre de la firma, recordó que personalmente concurrió, en reiteradas oportunidades, a la Secretaría de Desarrollo Social en busca de una respuesta formal que nunca obtuvo. "Respetamos las condiciones centrales del pliego. Nuestras prendas se adecuan con la composición pedida y la medida de la confección atiende a las especificaciones técnicas que figuran en el llamado", dijo.El secretario Joaquín Ferre anunció que el Estado descartó la adquisición de los guardapolvos y que optará por joggins, luego de que el Tribunal de Cuentas (TC) objetó la modificación del valor de la operación original. En un primer llamado, se cotizaron los 130.000 delantales a $1,3 millón ($ 10 cada uno), pero se lo declaró fracasado. En una segunda convocatoria, el presupuesto trepó hasta los $ 2,6 millones ($ 20 por unidad). La entidad de control consideró injustificado el incremento.En el segundo cotejo, Guardapolvos Argentinos, de San Juan, ofertó casi el monto previsto por el Gobierno, mientras que Fuad Asfoura e Hijos, $ 1,85 millón. Esta propuesta fue impugnada exitosamente por la empresa cuyana, que estaba a punto de ganar la compulsa cuando intervino el TC. Asfoura aclaró: "se mantiene la oferta realizada, pese a que cambiaron las condiciones de mercado".
Causa judicial
Mañana. el legislador radical Juan Roberto Robles concurrirá nuevamente a los tribunales, para ampliar su denuncia y presentar nuevas pruebas en la fiscalía Anticorrupción, por la presunta tentativa de incumplimiento de deberes, cohecho y fraude a la administración pública.
"Con esta maniobra se perjudicó a una gran cantidad de pequeños talleres tucumanos", señaló. Anunció que pretende agotar la instancia judicial, antes de evaluar la presentación de potenciales juicios políticos.
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