Por Redacción Política
10 Abril 2005
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El tablero político se acomoda. Los dirigentes velan las armas para la que algunos califican como la madre de las batallas electorales: la que terminará con la reforma parcial de la Constitución de la Provincia. La lista de posibles candidatos a convencionales constituyentes se engruesa día a día. Las especulaciones dominan a todos los partidos en una discusión que antepone nombres a proyectos. La posibilidad de seducir al electorado parece ser la primera variable al momento de considerar quiénes serán los responsables de definir el marco institucional de Tucumán para las próximas décadas.
La Carta Magna tucumana establece que el número de convencionales será igual al de los legisladores -es decir 40- y que se elegirán en la misma forma que estos, en una redacción que genera no pocas interpretaciones. Fija, además, que quienes tengan la tarea de debatir la Constitución gozarán de las mismas inmunidades que los parlamentarios mientras ejerzan su mandato. La ley que declaró la necesidad de la reforma parcial del texto constitucional, sancionada en diciembre del año pasado, fijó las condiciones generales para ser candidatos, entre las que se incluye la residencia en la provincia y una edad mínima de 25 años.
La ambición de poder
El marco normativo, sin embargo, no resuelve la mayoría de los interrogantes políticos que se presentan al momento de llenar la grilla de postulantes. El constitucionalista argentino Carlos Sánchez Viamonte sostiene que las convenciones tienen la ventaja de ofrecer la oportunidad de elegir, para el desempeño de la tarea reformadora, a los hombres mejor capacitados dentro de la tendencia ideológica de cada partido. También, de excluir toda ambición de poder e inclinación a la política menuda, puesto que se trata de redactar la Constitución.En la misma línea, Sánchez Viamonte -citado por Reinaldo Vanossi en Teoría Constitucional- recalca que las convenciones dan la oportunidad de llevar a su seno a hombres de ciencia (profesores, escritores, ex magistrados) que hasta pueden ser extraños a la política, y que resultan indispensables en la labor técnica de redactar una Constitución. "En cambio, los miembros del parlamento, congreso o cámaras legislativas ordinarias son, en su mayoría, políticos profesionales, vinculados a intereses de carácter local o circunstancial, sin tiempo para dedicar a estudios científicos profundos, y muchas veces preocupados por su carrera política a base de concesiones y de transacciones principistas", afirmó el especialista de cuño socialista.
Sin respuesta
Estas definiciones abren una serie de interrogantes. ¿Hay un perfil ideal de convencional constituyente? ¿Qué intereses son los que priman al momento de decidir el nombre de una persona que tendrá la responsabilidad de discutir las bases políticas y jurídicas de la provincia?, ¿será la convención el espacio donde se discutirán esas bases o sólo se tratará de una instancia donde la mayoría circunstancial dará visos formales a decisiones tomadas en otra instancia política?La respuesta a cada una de estas preguntas podría develar lo que cada sector espera del proceso constituyente. La calidad de la representación política estará en juego en los 90 días en los que se desarrollará la convención, que es el plazo máximo fijado para concretar la reforma.
Desde el retorno de la democracia en 1983, los tucumanos tuvieron la oportunidad de participar de dos elecciones de convencionales constituyentes: una provincial en 1989 y otra nacional en 1994. Para la reforma de la Carta Magna tucumana aprobada en 1990 habían sido electos juristas y políticos de reconocida trayectoria, pero la discusión nunca llegó al recinto. El peronismo y sus aliados decidieron retirarse de la asamblea. El debate quedó reducido a las expresiones y planteos del radical Carlos Muiño y del liberal Pablo Calvetti, contra la mayoría bussista.
Las crónicas periodísticas de aquel proceso muestran que durante la campaña proselitista, que finalizó en la elección de los constituyentes, no se discutió el modelo de provincia impulsado por cada partido. La virulencia de la lucha política llevó a que los comicios tuvieran vía libre de la Corte Suprema de Justicia una semana antes de la fecha fijada para votar (se habían cuestionado los decretos del Poder Ejecutivo convocando a la elección). El bussismo logró mayoría absoluta e impuso un modelo constitucional cuyos cuestionamientos duraron casi 15 años y, en este caso, sostienen la reforma que podría realizarse este año.
En 1994, la discusión estuvo limitada. El Pacto de Olivos que habían acordado los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín centró la discusión en el núcleo de coincidencias básicas. El bussismo ganó la elección de convencionales en la provincia con un discurso por la negativa de la reforma, pero con Antonio Bussi y Rafael Bulacio -por entonces hombre fuerte del partido en la intendencia de la capital- como cabezas de listas. Los candidatos peronistas también fueron hombres del poder: la nómina de postulantes fue liderada por el ex gobernador Ramón Ortega, su esposa Evangelina Salazar y el ex vicegobernador Julio Díaz Lozano.
Limitaciones
La ley vigente sólo establece limitaciones para que el gobernador y el vice sean candidatos a convencionales. El resto del arco político puede aspirar a ocupar un lugar en el proceso reformista. La condición ad-honorem del cargo podría desalentar a algunos dirigentes a presentarse en la batalla electoral. Sin embargo, el hecho de estar en juego las futuras reglas de juego de la actividad política parecieran ser un incentivo mucho más alentador. La ausencia de límites jurídicos lleva la discusión a otro plano: ¿Es ético que quienes pueden verse beneficiados por una eventual reelección resuelvan autohabilitársela?, ¿es moralmente reprochable que quienes tienen responsabilidades institucionales en el Estado puedan resolver medidas que impactarán directamente en su situación personal?
Juan Bautista Alberdi sostuvo que las constituciones no deben expresar las necesidades de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. Como los andamios de que se vale un arquitecto para construir edificios -explicó el pensador- ellas deben servirnos para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades de la construcción. Aquí es donde las expectativas de la sociedad y el compromiso ciudadano aparecen como claves para definir cómo, quién, qué y de qué forma se discute.
Los límites de la ley aprobada en 2004
La ley que autoriza la reforma parcial de la Constitución provincial sólo prohíbe las candidaturas para convencionales al gobernador y al vicegobernador.
Sin embargo, en los partidos de la oposición existe la coincidencia de no presentar en las listas a actuales legisladores. El representante de Ciudadanos Independientes en la Cámara, Rodolfo Danesi, presentó un proyecto para impedir las postulaciones de funcionarios del PE, intendentes, concejales y delegados comunales.
En Fuerza Republicana (FR), la Junta de Gobierno decidió proscribir a los parlamentarios. "Fue una cuestión acordada, por ética. Un convencional constituyente discutirá proyectos que inciden en el trabajo de los legisladores", expresó José Costanzo (FR). "Más que de una ley, se trata de una decisión personal", opinó.
El legislador de la UCR, Jorge Mendía, coincidió con Costanzo. "Desde el bloque radical entendemos que no sería conveniente presentarnos como candidatos. No sería adecuado discutir nuestra reelección", afirmó. Alejandro Sangenis (MP3) sostuvo que los funcionarios del PE tampoco deberían ser candidatos. "No se puede ser juez y parte. Creo que la falta de límites para los candidatos es uno de los grandes vicios de la convocatoria", enfatizó.
Pero las posturas de la oposición chocan con la posición del oficialismo. "La ley que aprobamos sólo excluye al gobernador y al vicegobernador", manifestó el presidente del bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza.
El legislador dijo que el justicialismo votó esa norma porque la consideró adecuada. "Vamos a mantener nuestra postura, porque estamos convencidos de que es lo correcto", concluyó Ocaranza.
Activa presencia de la Iglesia Católica
La asamblea que sancionó la Constitución de Tucumán en 1907 había sido designada por un sistema de democracia restringida. José Frías Silva fue su presidente y el primer gobernador electo bajo su vigencia, en 1909. Las vicepresidencias estuvieron ocupadas por Servando Viaña y por José Ignacio Aráoz.
La nómina de convencionales incluyó a figuras que luego tuvieron una trayectoria destacada en el ámbito político y académico. Juan B. Terán, quien impulsaría la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y Alberto Rougés fueron los autores de varios de los artículos del capítulo de derechos y garantías. Terán hizo incluir el mandato de protección a la mujer y al niño, sentando un precedente que luego sería trasladado al constitucionalismo del resto del país.La Iglesia Católica tenía entonces un protagonismo político destacado. Incluso el obispo de Tucumán, monseñor Pablo Padilla y Bárcena, ocupó una banca de constituyente. También lo hizo el presbítero Joaquín Tula. Brígido Terán y su hijo del mismo nombre, Ernesto, e Isaías Padilla y Alfredo Guzmán también formaron parte de esa asamblea para sancionar la Carta Magna provincial.
Peronistas y radicales
La Convención Constituyente de 1949 reflejó el cambio del escenario político en Tucumán, con la incorporación de justicialistas y de radicales.
Los peronistas tuvieron 43 constituyentes, entre los que se destacaron Enrique Zarlenga, Carlos Aignasse y Silenio Cainzo. La bancada de la UCR tuvo como referentes a Celestino Gelsi y a Angel Gerardo Pisarello; y Bandera Blanca, a Isaías Nougués.
EL ABC DE LA INFORMACION
A- Si el PE llama a convencionales constituyentes, deberá hacerlo mediante la Ley 1.279, de listas sábana. Esta norma fue sancionada el 28 de diciembre de 1915.
B- Los partidos tendrán libertad para elegir a sus candidatos conforme a sus cartas orgánicas (por internas o no). La lista deberá ser igual al número de cargos en juego.
C- No obstante, la Corte Suprema de Justicia debe aún resolver un planteo de dirigentes del PJ, que plantearon la inconstitucionalidad de la convocatoria reformista.
Tucumán prefirió a los dirigentes partidarios
En la Convención Constituyente que reformó la Constitución de la Nación en 1994, sólo dos de los 11 representantes tucumanos tenían antecedentes profesionales vinculados al Derecho. Ellos fueron el civilista Fernando López de Zavalía y el constitucionalista Luis Iriarte, quienes integraron el bloque de Fuerza Republicana en la asamblea que deliberó en la ciudad de Santa Fe.
Los otros nueve constituyentes de Tucumán en el 94 eran figuras destacadas del escenario político de la provincia. El bloque republicano se completó con Antonio Bussi, con Rafael Bulacio, quien era intendente de San Miguel de Tucumán, y con María Angélica Pitté Ford de Landa.
El justicialismo eligió como convencionales al gobernador Ramón Ortega y a su vice, Julio Díaz Lozano. También, al senador Julio Miranda y al ex diputado Antonio Guerrero. La nómina la completó la primera dama, Evangelina Salazar. El único convencional del radicalismo fue Carlos Courel.En las deliberaciones realizadas en el Paraninfo santafesino, los convencionales tucumanos tuvieron una discreta actuación. Los diarios de sesiones de aquel encuentro y las crónicas periodísticas sólo reproducen algunas intervenciones de López de Zavalía, que era reconocido como uno de los juristas más importantes del país.
Ortega alcanzó un triste récord durante las dos primeras semanas de reuniones: de las 126 horas de debate, el ex gobernador sólo estuvo media hora. Su esposa nunca participó.
En 1990, el PJ optó por no deliberar
Fernando López de Zavalía, recientemente fallecido, fue el convencional que definió el trazo grueso y gran parte de la letra chica de la Constitución que hoy rige. El jurista ocupó el centro de la escena tras la decisión del bloque del Frejupo de abandonar las deliberaciones en 1990.
La asamblea marcó la irrupción en el escenario político de varios de los dirigentes que luego tuvieron proyección en el partido liderado por Antonio Bussi. Raúl Topa, Julio César Alvarez Suriani, Esperanza Díaz de Minitti, Alfredo Guido Linares, Enrique Artigas y Julio Ibarreche integraron el bloque republicano. También, el actual diputado Roberto Lix Klett, quien es el único de los 33 convencionales republicanos del 90 que aún siguen con actividad en ese partido.
La representación del Frente Justicialista Popular fue más heterógenea. El peronista José Fernando Carbonell y el democristiano José Páez integraron la mesa directiva del bloque que decidió no participar de las deliberaciones que culminaron con la sanción de la Carta Magna.
Los constitucionalistas Luis Iriarte y Benito Garzón formaron parte de ese grupo político, al igual que el abogado José Roberto Toledo. Fernando Juri Debo (PJ) es el único legislador en actividad que formó parte de la constituyente del 90. La UCR estuvo representada por Carlos Muiño, autor de la Ley de Lemas original e impulsor de la reforma. La UCD alcanzó una banca con el hoy bussista Pablo Calvetti.
La Carta Magna tucumana establece que el número de convencionales será igual al de los legisladores -es decir 40- y que se elegirán en la misma forma que estos, en una redacción que genera no pocas interpretaciones. Fija, además, que quienes tengan la tarea de debatir la Constitución gozarán de las mismas inmunidades que los parlamentarios mientras ejerzan su mandato. La ley que declaró la necesidad de la reforma parcial del texto constitucional, sancionada en diciembre del año pasado, fijó las condiciones generales para ser candidatos, entre las que se incluye la residencia en la provincia y una edad mínima de 25 años.
La ambición de poder
El marco normativo, sin embargo, no resuelve la mayoría de los interrogantes políticos que se presentan al momento de llenar la grilla de postulantes. El constitucionalista argentino Carlos Sánchez Viamonte sostiene que las convenciones tienen la ventaja de ofrecer la oportunidad de elegir, para el desempeño de la tarea reformadora, a los hombres mejor capacitados dentro de la tendencia ideológica de cada partido. También, de excluir toda ambición de poder e inclinación a la política menuda, puesto que se trata de redactar la Constitución.En la misma línea, Sánchez Viamonte -citado por Reinaldo Vanossi en Teoría Constitucional- recalca que las convenciones dan la oportunidad de llevar a su seno a hombres de ciencia (profesores, escritores, ex magistrados) que hasta pueden ser extraños a la política, y que resultan indispensables en la labor técnica de redactar una Constitución. "En cambio, los miembros del parlamento, congreso o cámaras legislativas ordinarias son, en su mayoría, políticos profesionales, vinculados a intereses de carácter local o circunstancial, sin tiempo para dedicar a estudios científicos profundos, y muchas veces preocupados por su carrera política a base de concesiones y de transacciones principistas", afirmó el especialista de cuño socialista.
Sin respuesta
Estas definiciones abren una serie de interrogantes. ¿Hay un perfil ideal de convencional constituyente? ¿Qué intereses son los que priman al momento de decidir el nombre de una persona que tendrá la responsabilidad de discutir las bases políticas y jurídicas de la provincia?, ¿será la convención el espacio donde se discutirán esas bases o sólo se tratará de una instancia donde la mayoría circunstancial dará visos formales a decisiones tomadas en otra instancia política?La respuesta a cada una de estas preguntas podría develar lo que cada sector espera del proceso constituyente. La calidad de la representación política estará en juego en los 90 días en los que se desarrollará la convención, que es el plazo máximo fijado para concretar la reforma.
Desde el retorno de la democracia en 1983, los tucumanos tuvieron la oportunidad de participar de dos elecciones de convencionales constituyentes: una provincial en 1989 y otra nacional en 1994. Para la reforma de la Carta Magna tucumana aprobada en 1990 habían sido electos juristas y políticos de reconocida trayectoria, pero la discusión nunca llegó al recinto. El peronismo y sus aliados decidieron retirarse de la asamblea. El debate quedó reducido a las expresiones y planteos del radical Carlos Muiño y del liberal Pablo Calvetti, contra la mayoría bussista.
Las crónicas periodísticas de aquel proceso muestran que durante la campaña proselitista, que finalizó en la elección de los constituyentes, no se discutió el modelo de provincia impulsado por cada partido. La virulencia de la lucha política llevó a que los comicios tuvieran vía libre de la Corte Suprema de Justicia una semana antes de la fecha fijada para votar (se habían cuestionado los decretos del Poder Ejecutivo convocando a la elección). El bussismo logró mayoría absoluta e impuso un modelo constitucional cuyos cuestionamientos duraron casi 15 años y, en este caso, sostienen la reforma que podría realizarse este año.
En 1994, la discusión estuvo limitada. El Pacto de Olivos que habían acordado los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín centró la discusión en el núcleo de coincidencias básicas. El bussismo ganó la elección de convencionales en la provincia con un discurso por la negativa de la reforma, pero con Antonio Bussi y Rafael Bulacio -por entonces hombre fuerte del partido en la intendencia de la capital- como cabezas de listas. Los candidatos peronistas también fueron hombres del poder: la nómina de postulantes fue liderada por el ex gobernador Ramón Ortega, su esposa Evangelina Salazar y el ex vicegobernador Julio Díaz Lozano.
Limitaciones
La ley vigente sólo establece limitaciones para que el gobernador y el vice sean candidatos a convencionales. El resto del arco político puede aspirar a ocupar un lugar en el proceso reformista. La condición ad-honorem del cargo podría desalentar a algunos dirigentes a presentarse en la batalla electoral. Sin embargo, el hecho de estar en juego las futuras reglas de juego de la actividad política parecieran ser un incentivo mucho más alentador. La ausencia de límites jurídicos lleva la discusión a otro plano: ¿Es ético que quienes pueden verse beneficiados por una eventual reelección resuelvan autohabilitársela?, ¿es moralmente reprochable que quienes tienen responsabilidades institucionales en el Estado puedan resolver medidas que impactarán directamente en su situación personal?
Juan Bautista Alberdi sostuvo que las constituciones no deben expresar las necesidades de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. Como los andamios de que se vale un arquitecto para construir edificios -explicó el pensador- ellas deben servirnos para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades de la construcción. Aquí es donde las expectativas de la sociedad y el compromiso ciudadano aparecen como claves para definir cómo, quién, qué y de qué forma se discute.
La ley que autoriza la reforma parcial de la Constitución provincial sólo prohíbe las candidaturas para convencionales al gobernador y al vicegobernador.
Sin embargo, en los partidos de la oposición existe la coincidencia de no presentar en las listas a actuales legisladores. El representante de Ciudadanos Independientes en la Cámara, Rodolfo Danesi, presentó un proyecto para impedir las postulaciones de funcionarios del PE, intendentes, concejales y delegados comunales.
En Fuerza Republicana (FR), la Junta de Gobierno decidió proscribir a los parlamentarios. "Fue una cuestión acordada, por ética. Un convencional constituyente discutirá proyectos que inciden en el trabajo de los legisladores", expresó José Costanzo (FR). "Más que de una ley, se trata de una decisión personal", opinó.
El legislador de la UCR, Jorge Mendía, coincidió con Costanzo. "Desde el bloque radical entendemos que no sería conveniente presentarnos como candidatos. No sería adecuado discutir nuestra reelección", afirmó. Alejandro Sangenis (MP3) sostuvo que los funcionarios del PE tampoco deberían ser candidatos. "No se puede ser juez y parte. Creo que la falta de límites para los candidatos es uno de los grandes vicios de la convocatoria", enfatizó.
Pero las posturas de la oposición chocan con la posición del oficialismo. "La ley que aprobamos sólo excluye al gobernador y al vicegobernador", manifestó el presidente del bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza.
El legislador dijo que el justicialismo votó esa norma porque la consideró adecuada. "Vamos a mantener nuestra postura, porque estamos convencidos de que es lo correcto", concluyó Ocaranza.
Activa presencia de la Iglesia Católica
La asamblea que sancionó la Constitución de Tucumán en 1907 había sido designada por un sistema de democracia restringida. José Frías Silva fue su presidente y el primer gobernador electo bajo su vigencia, en 1909. Las vicepresidencias estuvieron ocupadas por Servando Viaña y por José Ignacio Aráoz.
La nómina de convencionales incluyó a figuras que luego tuvieron una trayectoria destacada en el ámbito político y académico. Juan B. Terán, quien impulsaría la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y Alberto Rougés fueron los autores de varios de los artículos del capítulo de derechos y garantías. Terán hizo incluir el mandato de protección a la mujer y al niño, sentando un precedente que luego sería trasladado al constitucionalismo del resto del país.La Iglesia Católica tenía entonces un protagonismo político destacado. Incluso el obispo de Tucumán, monseñor Pablo Padilla y Bárcena, ocupó una banca de constituyente. También lo hizo el presbítero Joaquín Tula. Brígido Terán y su hijo del mismo nombre, Ernesto, e Isaías Padilla y Alfredo Guzmán también formaron parte de esa asamblea para sancionar la Carta Magna provincial.
Peronistas y radicales
La Convención Constituyente de 1949 reflejó el cambio del escenario político en Tucumán, con la incorporación de justicialistas y de radicales.
Los peronistas tuvieron 43 constituyentes, entre los que se destacaron Enrique Zarlenga, Carlos Aignasse y Silenio Cainzo. La bancada de la UCR tuvo como referentes a Celestino Gelsi y a Angel Gerardo Pisarello; y Bandera Blanca, a Isaías Nougués.
EL ABC DE LA INFORMACION
A- Si el PE llama a convencionales constituyentes, deberá hacerlo mediante la Ley 1.279, de listas sábana. Esta norma fue sancionada el 28 de diciembre de 1915.
B- Los partidos tendrán libertad para elegir a sus candidatos conforme a sus cartas orgánicas (por internas o no). La lista deberá ser igual al número de cargos en juego.
C- No obstante, la Corte Suprema de Justicia debe aún resolver un planteo de dirigentes del PJ, que plantearon la inconstitucionalidad de la convocatoria reformista.
En la Convención Constituyente que reformó la Constitución de la Nación en 1994, sólo dos de los 11 representantes tucumanos tenían antecedentes profesionales vinculados al Derecho. Ellos fueron el civilista Fernando López de Zavalía y el constitucionalista Luis Iriarte, quienes integraron el bloque de Fuerza Republicana en la asamblea que deliberó en la ciudad de Santa Fe.
Los otros nueve constituyentes de Tucumán en el 94 eran figuras destacadas del escenario político de la provincia. El bloque republicano se completó con Antonio Bussi, con Rafael Bulacio, quien era intendente de San Miguel de Tucumán, y con María Angélica Pitté Ford de Landa.
El justicialismo eligió como convencionales al gobernador Ramón Ortega y a su vice, Julio Díaz Lozano. También, al senador Julio Miranda y al ex diputado Antonio Guerrero. La nómina la completó la primera dama, Evangelina Salazar. El único convencional del radicalismo fue Carlos Courel.En las deliberaciones realizadas en el Paraninfo santafesino, los convencionales tucumanos tuvieron una discreta actuación. Los diarios de sesiones de aquel encuentro y las crónicas periodísticas sólo reproducen algunas intervenciones de López de Zavalía, que era reconocido como uno de los juristas más importantes del país.
Ortega alcanzó un triste récord durante las dos primeras semanas de reuniones: de las 126 horas de debate, el ex gobernador sólo estuvo media hora. Su esposa nunca participó.
Fernando López de Zavalía, recientemente fallecido, fue el convencional que definió el trazo grueso y gran parte de la letra chica de la Constitución que hoy rige. El jurista ocupó el centro de la escena tras la decisión del bloque del Frejupo de abandonar las deliberaciones en 1990.
La asamblea marcó la irrupción en el escenario político de varios de los dirigentes que luego tuvieron proyección en el partido liderado por Antonio Bussi. Raúl Topa, Julio César Alvarez Suriani, Esperanza Díaz de Minitti, Alfredo Guido Linares, Enrique Artigas y Julio Ibarreche integraron el bloque republicano. También, el actual diputado Roberto Lix Klett, quien es el único de los 33 convencionales republicanos del 90 que aún siguen con actividad en ese partido.
La representación del Frente Justicialista Popular fue más heterógenea. El peronista José Fernando Carbonell y el democristiano José Páez integraron la mesa directiva del bloque que decidió no participar de las deliberaciones que culminaron con la sanción de la Carta Magna.
Los constitucionalistas Luis Iriarte y Benito Garzón formaron parte de ese grupo político, al igual que el abogado José Roberto Toledo. Fernando Juri Debo (PJ) es el único legislador en actividad que formó parte de la constituyente del 90. La UCR estuvo representada por Carlos Muiño, autor de la Ley de Lemas original e impulsor de la reforma. La UCD alcanzó una banca con el hoy bussista Pablo Calvetti.
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