10 Abril 2005 Seguir en 
La Paz.- La reciente declaración del Tribunal Constitucional sobre la vigencia de 76 contratos entre el gobierno y las petroleras generó un revuelo que ha opacado aún más el ambiente político en Bolivia, en momentos en que se debate en el Parlamento la nueva ley energética.
El alto tribunal aclaró el viernes que los contratos de riesgo compartido con el gobierno, vigentes desde hace ocho años, deben ser avalados por el Congreso. El presidente de la Corte, Willman Durán, se refirió a sentencias emitidas por su despacho en diciembre de 2003 y en marzo de 2005 en torno de un decreto promulgado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, sobre el final de su primer mandato, y que puso en vigencia el modelo de contrato de riesgo compartido. El fallo de 2003 fue la respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por Sánchez de Lozada, por el cual el gobierno les otorgó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las empresas extranjeras. El Tribunal indicó que no tiene facultades para declarar la constitucionalidad de los contratos o autorizar las cláusulas de un determinado contrato, puesto que esta es una facultad que la Constitución Política del Estado le otorga al Poder Legislativo.
Las interpretaciones
En rigor, el decreto es válido en términos estrictos, pero nunca fue refrendado por el Congreso, como lo establece la Carta Magna. Según el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, los contratos están plenamente vigentes y sólo falta que sean refrendados por el Congreso. En cambio, el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), responsabilizó al gobierno de la época por este incidente, y también a las transnacionales, -"cuyos abogados sabían que estaban haciendo un contrato al margen del país donde querían trabajar", dijo.
Según expertos, tal el caso del constitucionalista Benjamín Miguel Harb, los ex presidentes y sus ministros, e incluso el mandatario, Carlos Mesa, podrían afrontar un juicio de responsabilidades por violar la Constitución. (DPA)
El alto tribunal aclaró el viernes que los contratos de riesgo compartido con el gobierno, vigentes desde hace ocho años, deben ser avalados por el Congreso. El presidente de la Corte, Willman Durán, se refirió a sentencias emitidas por su despacho en diciembre de 2003 y en marzo de 2005 en torno de un decreto promulgado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, sobre el final de su primer mandato, y que puso en vigencia el modelo de contrato de riesgo compartido. El fallo de 2003 fue la respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto firmado por Sánchez de Lozada, por el cual el gobierno les otorgó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las empresas extranjeras. El Tribunal indicó que no tiene facultades para declarar la constitucionalidad de los contratos o autorizar las cláusulas de un determinado contrato, puesto que esta es una facultad que la Constitución Política del Estado le otorga al Poder Legislativo.
Las interpretaciones
En rigor, el decreto es válido en términos estrictos, pero nunca fue refrendado por el Congreso, como lo establece la Carta Magna. Según el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, los contratos están plenamente vigentes y sólo falta que sean refrendados por el Congreso. En cambio, el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), responsabilizó al gobierno de la época por este incidente, y también a las transnacionales, -"cuyos abogados sabían que estaban haciendo un contrato al margen del país donde querían trabajar", dijo.
Según expertos, tal el caso del constitucionalista Benjamín Miguel Harb, los ex presidentes y sus ministros, e incluso el mandatario, Carlos Mesa, podrían afrontar un juicio de responsabilidades por violar la Constitución. (DPA)
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