Tucumán cede $ 113 millones por las retenciones

En los últimos tres años, el campo argentino financió al Estado nacional con U$S6.000 millones a través de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, sin contar otros impuestos. Esos fondos le sirven al Gobierno federal para cerrar sus cuentas sin déficit y para financiar, indirectamente, a las provincias que reclaman créditos. También, parte de esos fondos, se orientan al pago de los bonos que se emitieron antes y después del canje de la deuda. Pero lo obtenido por los derechos de exportación no son coparticipados a las provincias.
Tras la devaluación de inicios de 2002, el tipo de cambio favorable que benefició a los sectores exportadores fue aprovechada por las autoridades nacionales para aplicar un impuesto a los productos agroindustriales que se vendían al exterior. A Tucumán, la medida le afectó a las exportaciones de limón y sus derivados, de azúcar, pero fundamentalmente de granos gruesos, en especial a la soja. La disposición fue rechazada de plano desde un principio por los afectados. Por año, entre los sectores granario, citrícola y azucarero tucumanos aportan unos $ 113 millones por retenciones, pero hoy la situación es insostenible.
Según un estudio de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), el gravamen que cobra el Gobierno lleva a que un productor sojero de la provincia que obtiene rindes de 2.000 kilogramos por hectárea gane $ 99, mientras que por las retenciones el Estado se lleva $ 215 sin riesgo alguno y sin tener que lidiar con el clima, con enfermedades y sin soportar todo el peso de los costos de producción.
Para el caso del maíz, el análisis arroja una pérdida significativa para el productor: según el rinde promedio estimado por la Estación Experimental, de 4.200 kilos de maíz por hectárea, el productor pierde $ 36 y el Estado obtiene una suma de más de $ 300.
Para agravar el estado de situación, los sectores productivos, que deben trasladar mercaderías a los principales centros económicos del país, tienen que afrontar una suba de un 20% en el costo del flete por camiones. Según la Rural, el productor sojero tucumano debe destinar entre un 40 a un 45% de sus ingresos para hacer frente al pago de fletes y de retenciones, sin contar los impuestos nacionales y provinciales.Si bien en algunos sectores, como en la citricultura y en el azúcar, el Estado nacional otorga reembolsos que compensan a los exportadores, dichos reintegros se entregan con muchos meses de diferencia respecto de las retenciones que se practican, lo cual supone un fuerte costo financiero para las empresas.
Además, el reintegro se otorga a las compañías que están totalmente en regla con el fisco nacional, con lo cual muchas no pueden acceder a este beneficio.
Hoy las entidades representantivas del campo tucumano piden que cese el agobio de las retenciones. Ponen como argumento el elevado costo del flete por la gran distancia que separa a nuestra provincia de los puertos, pero también reclaman que se contemple que el sector granario de esta zona. Ese pensamiento es compartido por el economista Orlando Ferreres quien, en diálogo con LA GACETA, manifestó que las retenciones deberían desaparecer porque atenta contra la competitividad de la producción regional.
La pérdida de competitividad y la concentración en pocas manos de la riqueza del campo es otra de las graves consecuencias de esta desmesurada presión impositiva.

$ 80 millones es el aporte del sector granario tucumano (soja y maíz) por retenciones a las exportaciones. A la soja se le aplica un 23,5% y al maíz un 20%, sin reembolsos.

$ 22 millones paga la citricultura por retenciones a las exportaciones de fruta fresca. Se le aplica una tasa del 4,8% y se le reembolsa el 4% si la empresa está en orden con el Fisco.

$ 11 millones es el aporte que realiza el sector azucarero por exportar. La alícuota que se le aplica al producto es del 5%, mientras que el reintegro es del 4,2%.