Por Bruno Farano
08 Septiembre 2025
Hay fallos que castigan y otros que enseñan. Sin embargo, también hay algunos, los más peligrosos, que abren la puerta a que la violencia se convierta en estrategia. Esto último, al parecer, acaba de suceder con Independiente. El “Rojo” no quedó eliminado de la Copa Sudamericana por un gol en contra ni por un error defensivo; sino que lo sacaron de la cancha los dirigentes de la Conmebol. Y lo hicieron con una decisión que, más allá de la coyuntura, marca un precedente temerario y peligroso, que abre serios interrogantes a futuro: un equipo puede ganar la ida de una serie “mata-mata”, provocar incidentes en la revancha y terminar avanzando de ronda gracias al caos.
La Universidad de Chile había hecho lo suyo en Santiago. Un ajustado 1 a 0 había sido suficiente para viajar con ventaja a Avellaneda. En la vuelta, Independiente y los chilenos empataban 1 a 1, pero el “Rojo” aún tenía 43 minutos por delante para torcer la historia. En ese punto, el fútbol todavía estaba vivo; hasta que estalló la violencia.
Primero, los hinchas chilenos, que durante horas se habían dedicado a destrozar el estadio y a lanzar proyectiles; luego, la barra de Independiente, que invadió la tribuna para agredir a los visitantes. Así el partido se suspendió, y lo que debía definirse en la cancha se resolvió en los escritorios.
La lógica más elemental indicaba que la serie debía reanudarse en un terreno neutral, sin público y con estrictas medidas de seguridad. Esa opción (la que parecía más justa y la que mantenía intacto el espíritu deportivo) fue descartada. Conmebol prefirió el camino más corto y más cómodo: dar por concluido lo jugado y premiar con la clasificación al equipo cuya hinchada había detonado el escándalo. De esa manera, la violencia dejó de ser un problema y se transformó en un atajo.
¿Qué impide de ahora en más que cualquier club con ventaja utilice a su hinchada como plan B si las cosas no van bien dentro del campo de juego? Si los violentos descubren que suspender un partido puede asegurar una clasificación, la competencia se distorsionará por completo. El fútbol dejará de ser un deporte para convertirse en rehén de quienes tienen más capacidad de daño.
Independiente no es inocente, eso está claro. Sus barras participaron de los incidentes y el club debe pagar por ello. Nadie discute la validez de sanciones económicas, ni la obligación de jugar sin público durante un tiempo. Lo inadmisible es la alteración del resultado deportivo, porque ahí ya no se castiga únicamente a un club; también se premia a los violentos.
La soledad de Independiente fue tan evidente como dolorosa. La AFA se limitó a un comunicado burocrático de tan sólo seis líneas, y el Gobierno nacional y el provincial se pasaron culpas por la seguridad sin que nadie asumiera la defensa del club ante la Conmebol. En Avellaneda, la sensación fue la de quedar a la intemperie, como un boxeador groggy abandonado en un rincón.
En Chile, la escena fue diametralmente opuesta. La ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) respaldó de inmediato a la “U” con un comunicado duro; y hasta el presidente Gabriel Boric salió a pronunciarse. Para los trasandinos no se trató únicamente de un episodio futbolero sino que fue una causa nacional. Y esa diferencia parece pesar en el fallo.
La FIFA siempre insiste en que la política no debe mezclarse con el fútbol, pero la realidad muestra lo contrario. Cuando la política se alinea, parece influir más que cualquier reglamento. Y así pareció quedar reflejado una vez más.
La historia reciente ofrece ejemplos que revelan el criterio cambiante (y siempre conveniente) de Conmebol. En 2015, el gas pimienta en La Bombonera le costó la eliminación inmediata de Boca. En 2018, el ataque al ómnibus de Boca en las inmediaciones del Monumental no derivó en sanción a River sino que mudó la final a Madrid para proteger el negocio.
Otros patrones
Con el tiempo, se consolidaron otros patrones: incidentes graves en Brasil o en Paraguay que apenas recibieron multas económicas; presencias indebidas de entrenadores en vestuarios ignoradas; invasiones de campo que no alteraron resultados. Así, paso a paso, la Conmebol fue escribiendo un manual peligroso. Primero el castigo ejemplar, luego la protección del espectáculo y ahora la legalización de la violencia como arma táctica.
El caso Independiente es la tercera etapa de esa deriva. Y lo más inquietante es que ya no se trata de una percepción. Todo parece indicar que es un antecedente formal, un fallo que habilita a pensar que suspender un partido puede ser más útil que jugarlo.
El comunicado furioso que firmó el presidente “rojo”, Néstor Grindetti, reclamando hasta el retiro de los trofeos de Independiente del museo de Conmebol, tiene algo de épico y mucho de impotencia. Es el grito de un club que se sabe solo, sin respaldo federativo ni político, y que se enfrenta al organismo que maneja el fútbol sudamericano como David contra Goliat.
Pero la bronca no tapa la evidencia. La debilidad institucional de Independiente lo dejó sin capacidad de defensa. Su dirigencia, errática y sin cintura política, dilapidó confianza interna y externa. Y en ese vacío se metieron todos los demás. La Conmebol, que castiga con el martillo más pesado; la AFA, que calla con calculada frialdad y los políticos, que convierten la desgracia ajena en oportunidad propia.
Lo que pasó en Avellaneda no afecta solo a Independiente, ojo, sino a todo el fútbol sudamericano; porque cuando se abre la puerta a que la violencia defina series internacionales, lo que queda es un deporte cada vez más sometido a la especulación, a la conveniencia y al poder de los barras.
Independiente hoy paga el precio más alto, pero mañana puede ser cualquier otro. Y entonces ya no habrá lugar para lamentos ni para comunicados burocráticos. El fallo de Conmebol es casi una advertencia: si el fútbol renuncia a defender su esencia, los violentos no necesitarán goles para ganar.
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