Lo trucho ha invadido la geografía tucumana. Después de los grandes escándalos judiciales de la falsificación de documentos para circulación de autos de lujo robados o mellizos, y de los oficios apócrifos para sacar presos o trucar dosajes alcohólicos, la gran novedad de estos días son los certificados docentes truchos. La trampa descubierta en el mundo de los maestros provocó un sacudón tal que el mismo gobernador anunció que tomaría medidas (se sospecha de unos 300 involucrados) y la secretaria de Educación dijo que quería que se profundice la investigación. Ayer el fiscal anticorrupción logró que se detuviera a un maestro de Las Cejas que, con una computadora y una impresora, habría vendido certificados de todo tipo. El escándalo es tan grande que tapó otra investigación sobre venta de certificados falsos de buena conducta en la Policía. A la vez, esta denuncia se complementaría con otra de Sadop sobre el otorgamiento de certificados de exámenes truchos y de nombramientos irregulares en el sector privado. Un festival de lo trucho en la educación.
El escándalo es nuevo, pero la historia es vieja. "Esto era vox populi. Desde hace 10 o 12 años se hablaba ya de esto", dijo el gremialista Carlos Arnedo, de la UDT. El secretario de ATEP, César Zelarayán, dijo que se duda de 600 docentes y que se trata de maestros de grado y de jardín de infantes. Varios docentes dijeron que las maniobras vienen desde hace años y que se trata de "una mafia muy organizada".
La maniobra es sencilla: se hacen certificados falsos sobre cursos supuestamente hechos por el docente, que sirven para acumular puntos para los nombramientos que hacen las Juntas de Clasificación primaria y media. Todos los años se ven las colas de docentes desesperados para conseguir un trabajo, hacer una suplencia o un interinato, mientras en las escuelas los alumnos están sin maestros o profesores por lo menos durante el primer mes de clases. La "mafia organizada" aprovechó varias deficiencias del sistema: 1) el caos que impera desde siempre en las juntas, que fueron normalizadas hace un año pero que arrastran el estigma de denuncias de irregularidades en las elecciones y de alargamiento de cargos por impugnaciones de comicios. 2) La falta absoluta de espacio, de personal y de elementos de trabajo. Hace días se dijo que había 60 personas para examinar 60.000 legajos y que la pesquisa se hace a mano. La Junta primaria tiene dos computadoras viejas -con el prehistórico sistema operativo DOS- y carece de impresoras. Por eso suena casi cómico que el 3 de abril las autoridades -a más de un mes de comenzadas las clases- hayan dicho que para realizar el trabajo con celeridad "se aumentará la cantidad de abogados". Pero la pesquisa sigue siendo manual, aunque son unos 2.500 los certificados bajo sospecha, y hace un mes eran unos 1.200 los docentes que no habían sido designados.
Ahora aparecieron varios padres de las denuncias: la gente de la junta dijo que ellos se dieron cuenta por "detalles especiales" en las carpetas. "Esta labor no tiene nada que ver con los gremios", dijeron. El gremialista Arnedo replicó: "si se sabe esto desde hace años, ¿por qué recién se investigó ahora?"
El sondeo de LA GACETA On Line reveló que la gente piensa que los maestros que buscan los títulos truchos son más responsables que los que los venden o la junta. Y eso abre el debate ético en la sociedad: ¿las trampas de la burocracia justifican la corrupción?
Pero en el fondo del asunto está lo peor: los protagonistas son los encargados de educar a nuestros niños, lo cual es como descubrir el huevo de la corrupción; como hallar la razón por la que a la sociedad le resultará difícil cambiar, si el problema está en muchos de sus educadores. Es como el pecado original. Contamina todo lo que viene después.
