Fortaleza del unicato sindical

El Gobierno nacional ha desistido de conceder personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos, limitando esa condición a la Confederación General del Trabajo, convertida de nuevo en un virtual aparato político del Partido Justicialista. Esa decisión implica que la CTA ni ninguna otra organización sindical podrán representar los intereses específicos de los trabajadores, que establece la ley 23.551, reservados desde hace casi medio siglo a la CGT. A poco de asumir el presidente Kirchner, esa cuestión fue considerada y se quedó a la espera del reconocimiento de la libertad de asociación que establece la Constitución, artículo 14 bis, mas el tiempo transcurrido y la proximidad de la campaña electoral han defraudado aquellas esperanzas de contar con un sistema de organizaciones gremiales plenamente democrático. La personería gremial es una figura política caprichosa de nuestro derecho laboral que trata de disimular el orden discriminatorio que elude no sólo al texto constitucional, sino a las diversas convenciones internacionales incluidas en el mismo. Ese privilegio de la CGT la faculta para representar excluyentemente a los trabajadores en sus intereses laborales, mantener negociaciones con el Estado y disponer de obras sociales, reservándose la inoperante personería jurídica a toda otra organización gremial. Resumiendo, puede afirmarse que en la Argentina hay libertad de afiliación sindical, pero no de asociación, como ha señalado el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
El propósito presidencial de avanzar hacia la libertad de asociación fue genuino en su momento, pero el transcurso del tiempo demostró que no bastaba para modificar la resistente estructura de la CGT, donde la gran mayoría de sus dirigentes milita en el Partido Justicialista y desempeña sus cargos sin limitaciones de reelección. Esa realidad hizo de la central obrera privilegiada durante décadas -salvo momentos excepcionales y muy transitorios- una sólida aliada de los gobiernos políticamente afines, contrariamente a los de distintos signos partidarios, que enfrentó repetidamente. Este ha sido el dilema del presidente Kirchner a poco de incluirse a la CTA en el Consejo del Salario, una decisión que provocó de inmediato severas advertencias de crisis con la central oficialista. Fue ese el momento en que el Gobierno debió abandonar el proyecto inicial que contemplaba las demandas de sectores no justicialistas que acompañan políticamente al Presidente en sus proyectos de transversalidad. A cambio, la dirigencia de la CGT -aun con sus severas pugnas internas por el poder del aparato sindical- ha bajado el tono de las demandas por salarios, aconsejando prudencia por boca de su dirigente más expresivo, para adecuarse a la marcha electoral, a la vez que comienzan a demandarse candidaturas legislativas.
El notorio protagonismo político que exhibe actualmente la central obrera oficialista se advierte no sólo en sus mensajes públicos, sino en la frecuencia con que sus directivos visitan los despachos oficiales, sin disimularse las afinidades ideológicas. Esas conductas y viejo estilo, más el régimen inconstitucional que las privilegia, contribuyen a desalentar todo intento de promover organizaciones laborales cuya pluralidad permita las identificaciones políticas, lo que es reprobable cuando la personería excluyente se pone al servicio de un partido. Más de dos décadas de restauración democrática no han sido suficientes para que ese modelo sindicalista genéticamente corporativo haga suyo el espíritu constitucional. No es menos grave el silencio que se advierte entre las expresiones auténticamente democráticas del país, que parecen haber desistido de rescatar los intereses laborales de su abusivo sometimiento partidario, sin advertir sus perturbadoras consecuencias.